El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa legal del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, indicó que el juicio oral y público contra su cliente será retomado el próximo lunes 1 de junio a las 8:30.

Detalló que el proceso judicial seguirá con la declaración de otros 5 testigos que presenta su cliente procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.

Este viernes se concretó la declaración testifical de cuatro personas para luego ir a un cuarto intermedio. “Luego de la etapa testifical se producirán las pruebas documentales e iremos avanzando. Existe un volumen importante de documentos que ofreció la Fiscalía y bueno se deberán producir para ir formando la convicción por parte del tribunal”, comentó en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Fiscalía sustenta su acusación basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncionario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera deliberada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer.

Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia de la fecha se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respondiendo a estrictos criterios de inteligencia financiera. “Básicamente se expuso lo que fue la tramitación en sí de lo que fue primero el borrador de informe y posteriormente el informe que fue remitido al Ministerio Público y en lo que respecta a Boidanich, él no tuvo ninguna intervención irregular de esa área (encargada de la elaboración del reporte de inteligencia financiera de Messer)”, comentó.

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El abogado agregó que “citaron por ejemplo el volumen de trabajo que contaban, los tiempos que eso implicaba para la elaboración de los informes de inteligencia financiera. Se detalló que incluso uno de los funcionarios llegó a colaborar con la labor del Ministerio Público en el marco de la investigación generada a Messer”.

Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa que fue una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.

El documento expone que el reporte de inteligencia financiera elaborado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvieron explicando cómo se lleva adelante y como se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en esa época, dentro de las etapas habituales del trabajo“, mencionó.

Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal, es que en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Seprelad “no se filtró ningún dato, no alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público haya tomado las decisiones oportuna y pertinente".

Este viernes sigue el juicio oral y público contra el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, quien se encuentra procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.

En la audiencia de hoy se prevé la declaración de un total de cuatro de los once testigos que presenta la defensa. “Sigue el proceso con las declaraciones testimoniales, vamos a ir introduciendo los medios de prueba y realizando las valoraciones pertinentes. La Fiscalía no es capaz aún de definir si le está atribuyendo una acción u omisión a Boidanich, esta es una característica que tiene que alertar respecto a que no es un caso que amerite una condena, no hay méritos para una persecución penal", sostuvo el abogado Claudio Lovera, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Lovera surgen, teniendo en cuenta que el Ministerio Público inicialmente acusó por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanic, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal.

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El abogado mencionó que, mediante el trabajo de inteligencia de la Seprelad, la Fiscalía consiguió aplicar oportunamente las medidas cautelares y lograr el comiso del 100 % de los bienes de Messer. Agregó que el éxito de haber asegurado estos activos demuestra el rigor técnico con el que se manejó la institución.

Una vez finalizada la etapa de la declaraciones testificales se dará paso a la etapa de producción de pruebas documentales, en donde la defensa confía en que se ratificará la regularidad administrativa y la total inocencia de Boidanich.

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La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.

La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y mencionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se sustentan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.

“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a recibir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro respaldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta que tenemos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión“.

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El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

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• Por Jorge Torres Romero.

La absolución del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, deja una conclusión política inevitable: el principal responsable de haber enterrado definitivamente el proyecto del metrobús y condenado a más de 300 mil paraguayos a seguir padeciendo un sistema de transporte público indigno tiene nombre y apellido: Arnoldo Wiens.

El hoy precandidato presidencial de Colorado Añetete no solamente carga con el fracaso definitivo de una obra estratégica para Asunción y el Área Metropolitana, sino además con una imputación penal que difícilmente podrá desprenderse del debate político nacional. El metrobús terminó convertido en una ruina urbana, en sinónimo de improvisación, caos y abandono. Pero sobre todo, en la evidencia más brutal de cómo las disputas políticas personales pueden destruir políticas públicas necesarias para la ciudadanía.

La absolución de Jiménez Gaona desmonta parte del relato construido durante años por el abdismo, que buscó concentrar toda la responsabilidad en funcionarios del gobierno anterior. Sin embargo, la realidad política es mucho más incómoda: fue durante la gestión de Arnoldo Wiens cuando el proyecto terminó de morir. Y murió no por imposibilidad técnica, sino por decisión política.

La obsecuencia de Wiens hacia Mario Abdo Benítez terminó siendo su peor condena. En lugar de actuar con criterio técnico y buscar salvar un sistema de transporte que podía beneficiar a cientos de miles de personas, optó por alinearse ciegamente al ánimo revanchista de un presidente obsesionado con destruir todo lo que oliera al gobierno de Horacio Cartes.

Ese odio político tuvo consecuencias devastadoras. No solamente sepultó una obra multimillonaria; también arrastró a varios colaboradores de Mario Abdo a procesos judiciales y responsabilidades penales mientras el expresidente hoy se refugia cómodamente detrás de sus fueros parlamentarios. Wiens no es el único que terminó pagando el costo de aquella lógica de persecución y demolición política. Otros exfuncionarios abdistas también enfrentan hoy causas judiciales derivadas de decisiones tomadas más por fanatismo político que por racionalidad administrativa.

El caso metrobús simboliza como pocos episodios la miserabilidad política de una administración que prefirió destruir antes que corregir. En vez de mejorar el proyecto, reencauzarlo o transparentarlo, se optó por abandonarlo hasta convertirlo en un monumento al fracaso estatal. Y mientras los ciudadanos seguían perdiendo horas de vida atrapados en colectivos deteriorados, el gobierno libraba su propia guerra interna contra el cartismo.

Arnoldo Wiens hoy carga esa pesada cruz. No solamente deberá explicar por qué el metrobús terminó convertido en chatarra política y urbana, sino también por qué permitió que el resentimiento político se impusiera sobre las necesidades de la ciudadanía.

Porque al final, los grandes perjudicados no fueron los dirigentes colorados enfrentados entre sí. Fueron los paraguayos que siguen esperando un transporte público digno. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.