El proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría ser tratado recién la próxima semana en la Cámara de Diputados.

El diputado Miguel del Puerto indicó que la mesa directiva, en su reunión habitual de este miércoles, decidió no incluir el proyecto en la sesión del próximo martes a fin de realizar un análisis más profundo y responsable sobre la propuesta.

“El proyecto de ley a las vialeras no está incluido, hay todavía algunos artículos que las bancadas quieren analizar y seguramente se va a incluir en la siguiente semana. Eso es lo que se está analizando (el mecanismo) por eso finalmente la mesa directiva decidió postergar una semana más, y para analizar el análisis de varias instituciones”, indicó a los medios luego de la reunión de la mesa directiva de esta jornada.

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El diputado mencionó que uno de los puntos que debe ser analizado es el pago de los intereses, como así también definir cuáles son las deudas que se deben incluir concretamente en este proyecto. Recordó que son dos proyectos, y la idea es unificar ambas propuestas.

“Creo que amerita analizar con responsabilidad y en forma transparente este proyecto de ley. Se pretende incluir algunas deudas del gobierno anterior y también del actual, y se habla de un monto aproximadamente de entre USD 40 a 50 millones. Hay dos proyectos de ley, uno habla de montos y el otro no, y es por eso que queremos unificar eso y esperar una semana para definir”, sentenció.

El proyecto busca autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al pago de intereses moratorios derivados de obligaciones no canceladas dentro de los plazos contractualmente establecidos, correspondientes a certificados de obras de infraestructura ejecutadas para entidades de la administración central. Igualmente, contempla el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, aplicable a obligaciones mantenidas con proveedores, consultores y contratistas.

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Los ciudadanos fueron beneficiados a través de las jornadas de asistencia integral propiciadas en diferentes distritos.

La presidenta de la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores, Johana Vega, pre­sentó su balance de gestión destacando que 1.800 adul­tos mayores fueron beneficia­dos a través de las jornadas de asistencia integral propi­ciadas en diferentes distritos.

La actividad se desarrolló en el marco de la campaña de sensibilización “Cuidemos a quienes nos cuidaron, por un trato digno a las personas adultas mayores”, llevada adelante en conjunto con instituciones públicas y del sector privado. Las jornadas tuvieron lugar en distritos de los departamentos Central, Alto Paraná, Paraguarí, San Pedro, Concepción, Cordi­llera, entre otros.

Se ofrecieron diversos servi­cios, como asistencia médica, atención oftalmológica, vacu­nación, cedulación. Igual­mente incluyó la entrega de medicamentos, servicio de peluquería y charlas de pre­vención dirigidas a las perso­nas adultas mayores.

Es competencia de esta comi­sión, analizar, debatir, for­mular y reformular leyes, estudiar planeamientos de políticas y programas que pudieran atender a las nece­sidades y dictaminar en lo referente a la legislación, desarrollo y protección en materia de familia y personas adultas mayores. El informe menciona también la reali­zación de 23 reuniones ordi­narias y la emisión de 15 dic­támenes durante el período 2025-2026. Detalla que la comisión llevó adelante 14 reuniones ordinarias entre julio y diciembre de 2025 y otras nueve durante el pri­mer semestre de 2026.

Un proyecto de ley que “crea la circunscripción judicial electoral del departamento de Paraguarí” se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. El documento está siendo analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado José Rodríguez.

Se busca descentralizar la Justicia Electoral, atendiendo que actualmente el departamento depende de los tribunales electorales con sede en Asunción. Esto, según el proyectista, dificulta el acceso de los ciudadanos a este servicio y genera mayores costos de traslado.

Es por ello que la propuesta sostiene que la creación de una circunscripción judicial electoral en Paraguarí responde a los principios de descentralización e igualdad de acceso a la Justicia establecidos en la Constitución Nacional, además de considerar el crecimiento poblacional de la zona.

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Para ese fin se plantea la creación de un Tribunal Electoral en el departamento, cuya implementación quedará sujeta a la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación, conforme prevé el documento.

Asimismo, autoriza al Tribunal Superior de Justicia Electoral a realizar los ajustes necesarios para su organización y funcionamiento. El texto cuenta con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia Electoral y actualmente está para ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.

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El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.

En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.

Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.

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“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.

Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.

“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.

Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.

Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.

Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.

“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.

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