La diputada Johana Vega presentó un proyecto de ley que plantea la creación de una oficina de Defensoría Pública en la ciudad de Mariano Roque Alonso.
En el texto se fundamenta la necesidad de acercar los servicios de asistencia jurídica gratuita a la ciudadanía, especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y social.
La legisladora argumenta que “esta ciudad constituye actualmente uno de los distritos con mayor crecimiento urbano y demográfico del Departamento Central, consolidándose como un importante polo residencial, comercial y de servicios dentro del área metropolitana”.
En la exposición de motivos se añade que la ausencia de una Defensoría Pública en la ciudad impacta especialmente en sectores vulnerables, incluyendo niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia.
Así también se busca beneficiar a personas adultas mayores, trabajadores, familias de escasos recursos y personas sometidas a procesos penales que requieren asistencia jurídica gratuita.
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Ante casos brutales de feminicidios, diputado impulsa cadena permanente en Paraguay
Implementar cadena perpetua o condena permanente con revisión, es una alternativa que sonó nuevamente en el seno de la Cámara de Diputados tras un hecho que conmovió a todo un país, el feminicidio de Deysi Paola, una joven estudiante y trabajadora que fue brutalmente asesinada por su ex pareja. De acuerdo a las estadísticas, en lo que va el año, ya son 20 mujeres asesinadas en el país en manos de parejas o exparejas.
El diputado Rubén Rubin, a través de las redes sociales reflotó su planteamiento de aplicar la cadena perpetua en Paraguay, pero bajo la figura de condena permanente con revisión. Esto implica incluir modificaciones en el Código Procesal Penal, y en este sentido, el legislador anunció que ya concluyó y presentó su proyecto de ley.
“Nos vamos a enfocar en crímenes graves como violaciones y asesinatos. Yo creo firmemente que cualquiera que le saque la vida a un paraguayo o se anime a tocar a una de nuestras mujeres tiene que perder su libertad de por vida”, explicó en su momento el diputado Rubin a los medios de prensa.
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El parlamentario cuestionó que las penas por asesinatos son bajas, incluyendo para los casos de feminicidios. “Violarle hoy a una mujer es 5 años, 3 años (de prisión), sacarle la vida a un paraguayo hoy es 5 años, 10 años, ¿Cuánto vale la vida de los paraguayos?, cero”, lamentó.
Rubin concluyó su proyecto y anunció un fuerte lobby con sus colegas para que este proyecto sea analizado en la Cámara de Diputados. El mismo viene hablando de esta modificación penal ya desde el año pasado, y con los últimos hechos de violencia, principalmente contra las mujeres, apunta a concretar su planteamiento.
“Aquí está presentado el proyecto, tiene mesa de entrada, automáticamente ahora voy a ir a entregarle en mano a cada uno de los 79 legisladores de la Cámara Baja mi propuesta, voy a hacer lobby, le voy a explicar uno a uno, voy a pedir reunión con las diferentes bancadas y le voy a presentar a los colegas. Les voy a explicar la diferencia entre cadena perpetua y prisión permanente y revisión, que es compatible con los derechos humanos”, dijo en su momento.
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Ñai’ũpo: Congreso sanciona ley que declara patrimonio cultural la técnica ancestral
Esta semana quedó sancionada de forma automática la ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay a la técnica ancestral “Ñai’ũpo”, dado que ya se encontraba en su tercer trámite en Cámara de Diputados, para su análisis sobre las modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Senadores y se cumplieron los plazos para su estudio.
El proyecto legislativo quedó sancionado sin que sea analizado en el plenario, luego de que se cumplieran los plazos constituciones. No obstante, el documento se encontraba bajo estudio en las comisiones asesoras de la Cámara Baja, pero con dictámenes que recomendaban aceptar las modificaciones planteadas, por lo que ahora pasa a manos del Poder Ejecutivo para su posterior promulgación u objeción.
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El origen de esta normativa se remonta a la propuesta impulsada de manera particular por la diputada colorada Rocío Abed, quien presentó el proyecto con el propósito fundacional de dotar de un marco de protección jurídica, institucional y de fomento a una de las expresiones artesanales precolombinas más emblemáticas del país.
A través de esta iniciativa, la legisladora buscó garantizar el resguardo integral de las prácticas comunitarias, los saberes alfareros y las técnicas tradicionales de recolección y cocción de la arcilla que son ejecutados de manera histórica.
El texto aprobado pone especial énfasis en la preservación de este oficio en localidades con un profundo arraigo histórico como la compañía Caaguazú de la ciudad de Itá, los barrios San Rafael y 21 de Julio de Tobatí, así como también en Areguá y Yaguarón, donde las maestras alfareras mantienen vivo este legado cultural de transmisión predominantemente oral y de mano de mujeres de generación en generación.
Al convalidar las correcciones terminológicas sugeridas por la Cámara Alta, el Congreso Nacional alinea este marco legal de origen parlamentario con los estándares internacionales de salvaguardia cultural, quedando únicamente pendiente la firma del presidente de la República para la entrada en vigencia de la ley.
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Diputados estudiará proyecto que autoriza pago a víctimas de la dictadura
La Cámara de Diputados analizará en sesión de la próxima semana un proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar el pago indemnizatorio a víctimas de violaciones de derechos humanos dura el período 1954-1989. De ser aprobado el proyecto beneficiará a quienes cuentan con resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo y cuyos expedientes fueron iniciados antes de la vigencia de la Ley Nº 4381/2011.
Según el documento, se busca poner fin a la revictimización que padecen ante la burocracia estatal quienes ya fueron reconocidos como víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se aclara que se resolverá exclusivamente las solicitudes de indemnización presentadas durante la plena vigencia de la Ley Nº 838/96. En su artículo 3, esa norma establecía que la Defensoría del Pueblo era el ente encargado de recibir y evaluar los reclamos.
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La ley fijaba además que el proceso no debía superar los 90 días y requería la revisión y el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, dejaba claramente establecido que dicho dictamen no era vinculante para la decisión final de la Defensoría.
El proyecto también aclara que esa disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, que dispone que la Defensoría debe remitir las pruebas a la PGR para que esta emita un dictamen en un plazo de 30 días. Con la reforma, el dictamen pasó a ser un requisito previo para que la Defensoría resuelva sobre la calificación y la indemnización.
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Convocan a audiencia pública para debatir sobre proyecto que regula el uso de drones
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados organiza una audiencia pública para analizar el proyecto de ley “Que regula la utilización de aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en el territorio nacional”.
La convocatoria es para el miércoles 28 de octubre a las 13:00, en la sala de sesiones de la Cámara Baja.
La propuesta legislativa busca establecer un marco legal actualizado para el uso de drones en Paraguay y acompañar el crecimiento de esta tecnología.
Además se quiere garantizar condiciones adecuadas de seguridad, responsabilidad y respeto a los derechos de las personas.
Según los proyectistas, la iniciativa parte de la creciente utilización de estos equipos tecnológicos en actividades agrícolas, comerciales, recreativas, de seguridad, logística, comunicación, investigación y entretenimiento.
Uno de los puntos principales alude al registro obligatorio de los drones, su identificación y la determinación de responsabilidades sobre sus propietarios y operadores.
El proyecto también contempla requisitos de capacitación y certificación para quienes los utilicen, además del cumplimiento de las normas de circulación aérea y la contratación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil destinado a cubrir eventuales daños ocasionados a terceros.
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