El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) dieron a conocer recientemente varias innovaciones en el marco del programa Che Róga Porã 3.0. Entre ellas, el incremento en el tope de financiamiento para viviendas en Asunción y alrededores, además de la puesta en marcha de un mecanismo para que los desarrolladores inmobiliarios puedan acceder a una menor tasa de interés.

Juan Carlos Baruja, titular del MUVH, visitó los estudios de GEN y Universo 970 AM/Nación Media para hablar de las novedades y destacó que la oportunidad para las empresas desarrolladoras permitirá mejorar el costo para las personas que buscan hacerse de una vivienda. “Las empresas desarrolladoras podrán tomar un préstamo de la AFD, exclusivamente para viviendas del programa Che Róga Porã, a una tasa del 9,9%, hasta 5 años de plazo. Hoy ellos superan el 15 % cuando toman el préstamo”, explicó.

Seguidamente, afirmó que esta opción para el sector de la oferta permitirá ofrecer precios más ventajosos. “Lo que estamos haciendo también es dar una posibilidad a la oferta; cuando la empresa desarrolladora tiene el costo de dinero inferior, más barato, lógicamente su producto se abarata y eso finalmente favorece a los ciudadanos. Entonces esto también es una nueva innovación que estamos incorporando”, expresó.

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El secretario de Estado confirmó también que el presidente de la República, Santiago Peña, aprobó que se busque tomar un préstamo de USD 200 millones para seguir adelante con el programa, considerando que, para el presente año, en solo cinco meses, se comprometió el presupuesto que se tenía planificado utilizar a lo largo de 2026, un total de USD 89 millones.

Baruja aseguró que la posibilidad que se le dio a la clase media trabajadora para la adquisición de viviendas fue el factor que hizo que Che Róga Porã tenga un gran éxito.

El programa incorpora un nuevo segmento destinado a familias con ingresos de entre 6 y 9 salarios mínimos, que ahora podrán acceder a créditos con una tasa preferencial del 9,9 % y plazos de financiación de hasta 30 años. Ese segmento actualmente accede en el sistema financiero tradicional a tasas que oscilan entre 13 % y 15 %, con plazos máximos de hasta 15 años.

Por otro lado, el monto financiable para familias con ingresos de hasta seis salarios mínimos pasa de G. 609 millones a G. 652 millones. Además, se amplió el alcance territorial para proyectos habitacionales en Asunción y el área metropolitana. El tope para la capital era de G. 725 millones y ahora se aumentó a G. 797 millones, para Asunción y Área Metropolitana.

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La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.

Califican como un gran paso para impulsar un transporte público moderno, digno y eficiente.

El vicepresidente de la Repú­blica, Pedro Alliana, destacó a través de sus redes sociales la sanción del proyecto del tren de cercanías en la Cámara de Diputados, calificando el hecho como un paso fun­damental hacia la moderni­zación del sistema de trans­porte público en Paraguay.

El segundo del Ejecutivo sos­tuvo que la iniciativa no solo apunta a mejorar la movili­dad urbana, sino también a generar nuevas oportunida­des laborales y fomentar el desarrollo económico.

“Con la sanción del pro­yecto de tren de cercanías en Diputados, damos el gran paso para impulsar un transporte público moderno, digno y eficiente. Esta obra transformará la movilidad urbana, trayendo desarrollo y, sobre todo, la generación de fuente de trabajo para nues­tra gente”, expresó Alliana en su publicación.

El proyecto del tren de cer­canías es considerado una de las principales apuestas en materia de infraestruc­tura y transporte para el área metropolitana, prin­cipalmente para agilizar la conexión entre Asunción y las ciudades del departa­mento Central, donde dia­riamente miles de perso­nas enfrentan largas horas de tránsito y dificultades en el desplazamiento.

La precandidata a intendente de la ciudad de Fernando de la Mora por la Lista 2L, del movimiento Honor Colorado, la Dra. Lizy Giménez, destacó al cierre de su campaña con miras a las internas partidarias que la masiva movilización que logró durante la caravana que llevó adelante el fin de semana, fue el reflejo del trabajo electoral que llevó adelante con su equipo político.

Ella es jubilada del sector público, con más de 20 años de experiencia en Salud Pública, destacó que hoy a sus 66 años de vida en la ciudad y su alta popularidad local construida tanto en el ámbito de la salud, como su compromiso con las comisiones vecinales, le ayudaron a centrar sus esfuerzos en una visita directa a las familias, a los operadores y a los dirigentes de barrio, en lugar de priorizar cúpulas políticas con quienes igualmente aseguró tener muy buena relación.

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De hecho, el propio presidente del Congreso Nacional y miembro del Comando de Honor Colorado, Basilio Núñez, le brindó todo su apoyo al participar del cierre de campaña el fin de semana. “Cuando inicié mi campaña lo que hice fue acercarme a las bases de los operadores, de los dirigentes, pero sobre todo en la casa de la gente, visitar a las familias. Desde ahí empecé a crecer como candidata en la casa de la gente”, expresó.

Fruto de este esfuerzo, se pudo observar que si bien, al inicio de la caravana que realizó el fin de semana, arrancó con el registro de 340 vehículos, pero a lo largo del recorrido por diferentes barrios de la ciudad, notaron que el número de vehículos se fue incrementando, compartiendo ese mensaje de unidad y compromiso con la ciudad fernandina.

En cuanto a sus planes y propuestas de campaña, Giménez resaltó algunos aspectos como renovar el Plan de Ordenamiento Territorial para combatir el desorden actual de la ciudad, así como la digitalización de los trámites municipales y realizar rendiciones de cuentas periódicas.

Como prioridad absoluta, señaló el mejoramiento y mantenimiento de calles y veredas. La coordinación con el Gobierno para la ampliación de obras de desagüe para mitigar los raudales. Así como gestionar un hospital de mayor envergadura para cirugías y atención de alta complejidad, superando la limitación del actual Materno Infantil.

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