La Cámara de Diputados tratará la próxima semana el proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizar los pagos de intereses moratorios a las empresas vialeras. Así lo confirmó el legislador Alejandro Aguilera, tras participar de la reunión de la mesa directiva de la Cámara Baja.
Afirmó que existe una importante deuda con el sector de la construcción y que el Gobierno Nacional viene realizando grandes esfuerzos para cumplir con sus compromisos financieros, evitando así la paralización de obras públicas y resguardando miles de puestos de trabajo.
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“El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para solucionar esta situación porque afecta a miles de trabajadores y no queremos que la obra pública corra peligro de paralización”, indicó. Aguilera recordó igualmente que ya se concretaron pagos al sector farmacéutico y adelantó que durante este mes se prevé otro desembolso cercano a los 80 millones de dólares.
El parlamentario colorado defendió la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, asegurando que las estadísticas nacionales e internacionales reflejan avances económicos y sociales importantes.
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Diputados impulsan plan maestro para recuperar antiguo edificio del Hospital de Clínicas
Dos legisladores promueven un plan maestro de recuperación del antiguo edificio del Hospital de Clínicas ubicado en el barrio Sajonia de Asunción.
Los proyectistas son el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y su colega Luis Franco, del PLRA, quienes fundamentan el pedido en la necesidad de revitalizar uno de los inmuebles más emblemáticos de la salud pública y la educación médica del país.
Ambos congresistas presentaron un proyecto de declaración que insta a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) a elaborar un plan maestro para la revitalización del antiguo edificio. Fundamentaron la necesidad de proteger valiosos registros médicos que precisan adecuada conservación.
Igualmente, el proyecto pone de relieve el protagonismo del Hospital de Clínicas durante la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando desempeñó un papel esencial en la atención de heridos y enfermos provenientes del frente de batalla.
El documento destaca que el entonces Hospital de los Pobres inició sus actividades en 1877 con apenas 30 camas y que fue oficialmente fundado con el nombre de Hospital de San Vicente de Paul.
Asimismo, remarca que, además de brindar atención sanitaria a miles de paraguayos, se convirtió en el primer hospital escuela del país, donde se formaron generaciones de profesionales de la medicina.
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Diputados estudiará 17 puntos en sesión de este martes 14
La Cámara de Diputados prevé estudiar 17 puntos en sesión ordinaria de este martes 14 de julio. El orden del día fue confeccionado en reunión de mesa directiva y líderes de bancadas.
Como primer punto se prevé la integración de la comisiones permanentes de asesoramiento.
En segundo lugar figura el estudio del proyecto de ley “que crea el programa nacional de lactancia materna y de fortalecimiento de la red nacional de bancos de leche humana y centros de lactancia materna en el Paraguay”.
Entre otros puntos también se incluyó el tratamiento del proyecto de ley que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima, Copaco S.A. a instituciones del Estado.
Otro tema a ser debatido en plenaria es el proyecto de ley que modifica la Ley de Pensión para niños, adolescentes y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de su progenitor en un contexto de violencia familiar.
El orden del día incorporó igualmente el análisis de peticiones de pensiones graciables y transferencia de inmueble a favor del proyecto habitacional impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
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Mafia de pagarés: instan garantizar servicio de débito automático
En la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores presentaron un proyecto de declaración que “que exhorta al Poder Ejecutivo, al Banco Central del Paraguay (BCP) y al Banco Nacional de Fomento (BNF) a implementar medidas urgentes que garanticen la seguridad y continuidad del servicio de débito automático para empresas en fiel cumplimiento normativo y no vinculadas a esquemas de fraude”. El documento fue firmado por los diputados Carlos Núñez Salinas, Rubén Roussillón, Francisco Petersen y Jatar Fernández.
Los proyectistas argumentan la urgente necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica, la inclusión financiera y la dinámica económica de las empresas formales que operan legítimamente en el país. Los diputados señalan que el proyecto se da en el marco de una preocupación ciudadana e institucional respecto a las graves denuncias sobre falsificaciones y estafas en el ámbito financiero, esquema informalmente denominado “mafia de los pagarés”.
“Esta situación exige una intervención rigurosa por parte de las autoridades competentes para desarticular estas estructuras delictivas y proteger los derechos de los consumidores”, expresa el documento. Mientras tanto, se señala que las medidas de contingencia o restricciones generalizadas que se vienen aplicando en el sistema financiero han comenzado a generar un impacto colateral adverso sobre el sector empresarial formal.
“El servicio de débito automático -una herramienta fundamental para la formalización y la eficiencia transaccional-, que se está viendo severamente afectado o paralizado de manera indiscriminada. Dicha situación desincentiva la inclusión financiera y perjudica a aquellas empresas que operan bajo estricto cumplimiento de las exigencias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Banco Central del Paraguay y demás órganos de control.
“Castigar de forma generalizada al ecosistema comercial por las malas prácticas de actores criminales identificables atenta contra la reactivación económica”, sostiene el texto.
Para los proyectistas, “resulta imperativo que el Ejecutivo, el BCP -en su carácter de órgano regulador y supervisor- y el BNF -como banca pública de desarrollo- coordinen esfuerzos para diseñar e implementar protocolos de control inteligentes y diferenciados”, considerando que estos mecanismos “deben aislar y sancionar a las firmas denunciadas por fraude, pero, al mismo tiempo, garantizar seguridad, previsibilidad y continuidad del servicio de débito automático para aquellas que cumplen a cabalidad con las condiciones legales”.
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Proyecto de pago de deudas a vialeras sería tratado recién en dos semanas en Diputados
El proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría ser tratado recién la próxima semana en la Cámara de Diputados.
El diputado Miguel del Puerto indicó que la mesa directiva, en su reunión habitual de este miércoles, decidió no incluir el proyecto en la sesión del próximo martes a fin de realizar un análisis más profundo y responsable sobre la propuesta.
“El proyecto de ley a las vialeras no está incluido, hay todavía algunos artículos que las bancadas quieren analizar y seguramente se va a incluir en la siguiente semana. Eso es lo que se está analizando (el mecanismo) por eso finalmente la mesa directiva decidió postergar una semana más, y para analizar el análisis de varias instituciones”, indicó a los medios luego de la reunión de la mesa directiva de esta jornada.
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El diputado mencionó que uno de los puntos que debe ser analizado es el pago de los intereses, como así también definir cuáles son las deudas que se deben incluir concretamente en este proyecto. Recordó que son dos proyectos, y la idea es unificar ambas propuestas.
“Creo que amerita analizar con responsabilidad y en forma transparente este proyecto de ley. Se pretende incluir algunas deudas del gobierno anterior y también del actual, y se habla de un monto aproximadamente de entre USD 40 a 50 millones. Hay dos proyectos de ley, uno habla de montos y el otro no, y es por eso que queremos unificar eso y esperar una semana para definir”, sentenció.
El proyecto busca autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al pago de intereses moratorios derivados de obligaciones no canceladas dentro de los plazos contractualmente establecidos, correspondientes a certificados de obras de infraestructura ejecutadas para entidades de la administración central. Igualmente, contempla el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, aplicable a obligaciones mantenidas con proveedores, consultores y contratistas.