El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina Pérez, firmó un convenio con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en Washington D.C., Estados Unidos.
De esta manera se formaliza la cooperación entre ambas instituciones en torno al programa “Avanzado de Profesionalización en Gestión Estratégica de Compras Públicas“, el cual involucrará ofertas académicas del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas (ITSCP) y la Escuela de Gobierno de la organización internacional.
El Programa Avanzado está dirigido a funcionarios públicos y sociedad civil de los Estados Miembros del organismo.
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Incluye diversos ejes temáticos como:
- gestión de contratos públicos
- compras públicas sostenibles
- valor por dinero
- inteligencia artificial en las contrataciones públicas
- compra pública de innovación, entre otros.
Desde la DNCP se informó que los cursos podrán realizarse mediante la modalidad virtual, en las plataformas digitales del instituto y de la Escuela de Gobierno, tanto en español como en inglés.
“Este acuerdo constituye un paso fundamental para la DNCP, como representante del Paraguay, en el nuevo rol asumido al frente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), al concretar una de las iniciativas propuestas al inicio de la actual gestión: la profesionalización de los actores intervinientes en los procesos de adquisiciones”, destaca un comunicado de la DNC.
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Cancilleres de la OEA debatirán medidas ante eliminación de las elecciones en Nicaragua
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión “urgente” de cancilleres que debata acciones frente al plan del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas. El Consejo Permanente de la OEA adoptó la propuesta a pocos días de que el Congreso de Nicaragua, controlado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluye a la oposición de los comicios y establece un mandato presidencial de siete años “renovables”.
Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.
La reunión extraordinaria de cancilleres -en fecha aún no anunciada- fue aprobada con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México, luego de que el pasado 5 de agosto no se reunieron los apoyos necesarios.
Todo cambió después de un llamamiento que lideró Estados Unidos a “tomar acciones reales” frente al régimen de los copresidentes, sin especificar qué tipo de medidas.
“La repetición de condenas sin una acción institucional significativa enseña a Murillo y Ortega que pueden simplemente esperar a que nos cansemos”, dijo Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.
La OEA ha celebrado en los últimos años decenas de sesiones sobre Nicaragua que solo terminaron en comunicados de condena, pero una reunión de cancilleres podría promover rupturas o degradación de nexos diplomáticos o presión económica.
La decisión en la OEA fue aplaudida por la oposición en el exilio. El exprecandidato presidencial y expreso político, Juan Sebastián Chamorro, la calificó como una “apabullante victoria de la democracia en Nicaragua”.
Presión internacional
Ortega gobernó en la década de 1980 tras la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 y se mantiene en él acusado por sus críticos de elecciones fraudulentas y de instaurar una “dictadura dinástica”.
En 2021 encarceló a los candidatos con opción de vencerlo y, al señalarlos de “traición a la patria”, los desterró y despojó de su ciudadanía, al igual que a medio millar de activistas políticos, humanitarios, intelectuales, periodistas y sacerdotes.
El gobierno de Ortega y Murillo, que no se ha referido hasta ahora a las acciones de la OEA, retiró a Nicaragua del foro en noviembre de 2023, por lo que una expulsión, como ocurrió con Cuba en 1962, no procede.
“Todos estamos a favor de los derechos humanos. Pero no queremos que ningún medicamento mate al paciente”, sostuvo el embajador de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, que votó en contra, en referencia a eventuales sanciones que adopten miembros del foro.
Para el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Cherniak, la situación de Nicaragua es “urgente”. “Todos nuestros países están preocupados por organizaciones criminales. ¿No es acaso un régimen que cancela la democracia una plataforma para organizaciones criminales?”, expresó.
Pese a la presión del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que también recibe crédito de bancos internacionales y del FMI, por lo que la oposición ha pedido a la comunidad internacional acciones económicas concretas.
En vísperas de la aprobación de la reforma constitucional -prevista para septiembre-, una docena de grupos opositores acordó un plan de transición política, que incluye la excarcelación de opositores y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, controladas por el gobierno. Ortega camina con dificultad, padece lupus y problemas renales. La oposición en el exilio advierte que la eliminación de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo.
Fuente: AFP.
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Justicia y conservación unen fuerzas para proteger el Bosque Mbaracayú
El Poder Judicial y la Fundación Moisés Bertoni formalizaron este lunes un convenio de cooperación interinstitucional, una alianza que busca fortalecer las acciones destinadas a la conservación ambiental y promover una mayor articulación entre la Justicia y las organizaciones vinculadas a la protección de los recursos naturales.
El acuerdo establece una hoja de ruta para desarrollar iniciativas conjuntas en materia de preservación ambiental, con especial atención a la zona donde se encuentra la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en el departamento de Canindeyú. La cooperación apunta a generar herramientas que permitan a los operadores de justicia contar con mayores conocimientos para abordar los casos relacionados con la protección del ambiente.
Capacitación
Como primera medida, se prevé organizar jornadas de capacitación y formación destinadas a jueces y fiscales de la región. El objetivo será brindar información y generar espacios de análisis sobre la realidad ambiental del área, de manera que el sistema de justicia pueda responder con mayor eficacia ante situaciones que afecten los ecosistemas y los recursos naturales.
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La iniciativa también pretende instalar una mayor conciencia sobre la importancia de preservar este patrimonio y favorecer la adopción de medidas concretas a través del trabajo coordinado entre las instituciones. En ese sentido, la capacitación de quienes intervienen en los procesos judiciales constituye uno de los primeros pasos para fortalecer la protección efectiva del ambiente.
La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú abarca unas 64.000 hectáreas de propiedad privada y se encuentra bajo administración de la Fundación Moisés Bertoni. Su creación fue establecida mediante una ley nacional y contempla la conservación del territorio a perpetuidad, convirtiéndola en una de las áreas de especial relevancia para la protección de la biodiversidad del país.
Protagonistas
El convenio fue suscrito con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, y el ministro Eugenio Jiménez Rolón.
Por parte de la Fundación Moisés Bertoni participaron su director ejecutivo, Yan Speranza; el miembro de su Consejo de Administración, Eduardo Bernal, y el asesor jurídico Daniel Jacquet.
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TSJE y CDI preparan programas de formación cívica para jóvenes
El ministro Jorge Enrique Bogarín González, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), y el director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Inteligencia (CDI), Gerardo Niella, suscribieron un convenio interinstitucional, con el objetivo de establecer las bases para la cooperación orientado a la educación cívica, la formación de valores democráticos, la participación ciudadana y el fortalecimiento del ejercicio de los derechos y deberes políticos, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Desde el organismo electoral informaron que este acuerdo permitirá impulsar el diseño y la implementación de programas en educación cívica y democrática con la práctica conjunta de actividades formativas y pedagógicas, generando espacios de intercambio de experiencias, conocimiento y reflexión.
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Además, actividades pensadas para el fortalecimiento de capacidades para la educación cívica a través de la formación de formadores y líderes juveniles para el voluntariado cívico y electoral.
“Este convenio nos permite acercar la Justicia Electoral a los jóvenes, generar espacios de capacitación, participación, y contribuir a que nuestros estudiantes conozcan desde temprano el valor del voto, el valor de las instituciones y de la responsabilidad que implica ejercer plenamente la ciudadanía”, expresó el ministro Bogarín González, tras la firma de convenio.
Por su parte, el director del CDI destacó que la democracia nace mucho antes, con la educación desde edades tempranas. “Por eso apostamos a este convenio, y agradecemos este paso conjunto y la confianza hacia el CDI y sobre todo por permitirnos construir juntos un mejor Paraguay y un mejor futuro para nuestros niños”, expresó.
Con la suscripción de este convenio, la Justicia Electoral reafirma su compromiso con la generación de alianzas estratégicas y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, como herramientas para promover iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.
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Convenio UNA y Salud: estudiantes de trabajo social podrá hacer prácticas en hospitales públicos
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (FACSO-UNA) y el Ministerio de Salud firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la formación práctica de estudiantes de la carrera de Trabajo Social. De esta forma, buscan que tengan más contacto con las situaciones reales que se desarrollan dentro de los hospitales.
Durante la firma se explicó que el acuerdo permitirá que estudiantes de la carrera de Trabajo Social desarrollen prácticas supervisadas en instituciones del sistema de salud pública, dentro de la asignatura abordaje profesional. Así se recibirán profesionales más comprometidos con las necesidades sociales.
“Esta experiencia contribuirá a fortalecer la articulación entre la formación académica y los escenarios concretos de intervención profesional, favoreciendo el desarrollo de competencias vinculadas al ejercicio del Trabajo Social en el campo de la salud”, detallaron durante la presentación.
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Afirmaron que a partir de ahora se logrará un avance en la articulación entre la universidad y las instituciones públicas para generar oportunidades de aprendizaje prácticas para los estudiantes. “Se fortalecerá la formación de profesionales comprometidos con las necesidades sociales y con el derecho a la salud”.
La entrega oficial del convenio se desarrolló en la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud (DNERHS) en el que participaron la decana de la FACSO-UNA, Prof. Ada Vera Rojas y la directora de Gestión de la Educación de la DNERHS-MSPyBS, Lic. Laura Riquelme. Así también, la Prof. Carmen García, la Prof. Dominga Gavilán y el Prof. Daniel Bogado, integrantes del Consejo Directivo de la FACSO-UNA.