El abogado Ricardo Preda, representante legal del presidente de la República, Santiago Peña, puntualizó que no existen indicios de hechos punibles en la declaración jurada del mandatario, después que la Contraloría General de la República (CGR) descartara irregularidades al presentar ayer lunes el resultado de un examen de correspondencia patrimonial que el propio jefe de Estado solicitó en el año 2025, pese a no estar obligado por ley en esta instancia del cargo.
“Este examen de correspondencia no tiene en sí mismo ningún indicio de la comisión de hecho punible porque justamente la conclusión propiamente dice que hay correspondencia en el patrimonio del presidente y no hay absolutamente ninguna noticia criminis”, afirmó el abogado, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Explicó que “en el marco de esa denuncia presentada por esos legisladores, el Ministerio Público había remitido un oficio a la Contraloría solicitando que se pronuncie acerca del patrimonio del presidente, independientemente a ese pedido de la fiscalía, ya en su momento el presidente habría presentado una nota a la contraloría haciendo una declaración jurada, creo que fue en setiembre del año pasado, sin estar obligado a ello”.
La obligación de presentar la declaración jurada está establecida al inicio de la función pública y al culminar el mandato. “En este caso, para demostrar que no tiene absolutamente nada que ocultar hace esta presentación en setiembre del año pasado y solicita a la Contraloría ese examen de correspondencia. Este estudio es resultado de ese pedido y coincide también con el pedido del Ministerio Público en función a esa denuncia”, aclaró Preda.
Refirió que se aguardará qué decisión tomará la fiscalía respecto al informe remitido por la Contraloría. “Esto se remite a la fiscalía, la fiscalía me imagino que va a dar recepción a esto y eso ya dependerá de la persona que tenga a su cargo el caso para ver el análisis que seguramente va a aplicar a este documento”, apuntó.
Ajustes en el proceso
Por otra parte, aclaró que los ajustes realizados en las documentaciones corresponden y no se trata de un blanqueo en el patrimonio del presidente como pretenden instalar algunos sectores políticos y medios de comunicación aliados.
“El proceso de estudio de correspondencia es un proceso dinámico donde el órgano contralor le puede solicitar información, no solamente a entidades del sector privado, sino también a entidades del sector público y también al propio controlado, el funcionario cuya declaración está siendo analizada y en ese marco la información que se recibe es procesada por la Contraloría”, refirió el abogado.
Casa de San Bernardino
Con relación del inmueble ubicado en la ciudad de San Bernardino, en Cordillera, el abogado detalló que pese a que no se encuentre en los registros públicos a nombre de Peña, se incluyó en la declaración ya que cuenta con un contrato privado de compra.
“Lo que se verifica en un examen de correspondencia es lo que está dentro del patrimonio del funcionario. Que declare un inmueble que no está a mi nombre porque aún está en ese proceso de inscripción porque yo lo compré por un contrato privado, en realidad es positivo porque habla de la transparencia del funcionario que declara todo aquello que está en su patrimonio, y algo que yo compro por contrato privado forma parte de tu patrimonio”, sentenció.