El Gobierno del Paraguay anunció un decreto firmado por el presidente Santiago Peña, que reactiva el programa “Cielo Guaraní Soberano”. El programa apunta a articular el trabajo de varias instituciones de seguridad a fin de combatir el narcotráfico, que se mueve través de vuelos irregulares, y lograr la captura de los responsables en tierra.

“Este decreto regula el trabajo coordinado de todas las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en la defensa y en la seguridad del país. Lo que queremos lograr con esto es la captura de las aeronaves que aterrizan o de los operadores en tierra”, explicó el comandante de la Fuerza Aérea Paraguay, Julio Fullaondo.

El decreto reactiva un programa que había estado operativo entre 2015 y 2019, y que utilizaba los radares entonces disponibles para el control del espacio aéreo. En esta reactivación, el programa tendrá además de nuevos radares, la participación de los aviones Super Tucano adquiridos por la actual administración para la intercepción de los vuelos.

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El comandante Fullaondo explicó que actualmente la Fuerza Aérea ya despliega acciones de intercepción de aeronaves que realizan vuelos irregulares, a través de los Super Tucano, pero reconoció que es necesaria una articulación con fuerzas operativas en tierra para lograr la captura efectiva de los responsables.

“Las veces que tenemos interceptación de aeronaves, necesitamos la reacción rápida de los otros organismos de seguridad en tierra, como ya ocurrió en el caso de que aterriza el avión y tarda dos minutos para volver a decolar", explicó.

Destacó que con el decreto del Poder Ejecutivo se logrará integrar el trabajo de las instituciones de seguridad del Estado para el combate al narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los delitos conexos. “Con este decreto que acaba de firmar el presidente, automáticamente se crea un equipo que va a trabajar coordinado en cielo y en tierra", indicó a su turno el ministro del Interior, Enrique Riera.

Entre las instituciones que se articulan en este trabajo están la Policía Nacional, la Fiscalía, la Secretaría Nacional Antidrogas y las Fuerzas Armadas, entre otras que tengan jurisdicción en los lugares donde aterricen las aeronaves.

“Este decreto es una señal clara de que está decidido a combatir de frente y con todos los elementos a su alcance al crimen organizado, al terrorismo y sobre todo y especialmente al narcotráfico", afirmó el ministro de Defensa Nacional, Oscar González.

Las autoridades destacaron que Paraguay tiene acuerdos de cooperación firmados con los países de la región, incluyendo a Brasil, Argentina y Bolivia, que permite la comunicación directa, el intercambio de información y trabajo conjunto para la vigilancia y protección del espacio aéreo en la zona fronteriza.

En el marco de la cooperación internacional, el encargado de negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, expresó que Paraguay cuenta con la asistencia permanente de su gobierno y que están orgullosos de colaborar con la lucha contra el crimen organizado.

“Los aliados se acompañan y el gobierno del presidente Peña y su equipo de seguridad tienen una visión muy clara con respecto al control del espacio aéreo y su lucha contra el crimen organizado, y los Estados Unidos de América estamos ahí para acompañarlos”,acotó.

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Este jueves prosiguió el juicio oral contra el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por presuntamente haber recibido favores del supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. La audiencia incluyó la declaración del exdirector de Transparencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arturo Benítez, en calidad de testifical, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.

El exfuncionario manifestó que tuvo trato en diferentes ocasiones con Marcus Vinicius y confirmó que tenía una empresa de blindaje, así como la intención de ser proveedor del Estado. La declaración testifical se dio ante el Tribunal de Sentencia, que preside la magistrada Adriana Planás e integran los jueces Matías Garcete y Yolanda Morel.

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) tiene previsto elevar los montos para la compra de viviendas en Asunción y el resto del país, según anunció el titular de la cartera de Estado, Juan Carlos Baruja.

“Vamos a aumentar el monto del préstamo, actualmente llegamos a G. 725 millones el monto máximo del préstamo en Asunción, en el resto del país llegamos hasta G. 609 millones”, dijo en conversación con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media al referirse al programa Che Róga Porã.

Cerro Porteño metió un triunfazo histórico ante Palmeiras en Brasil y se acomoda en la parte alta de la tabla, acariciando prácticamente la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo azulgrana se plantó de visitante con mucha entereza, tácticamente muy disciplinado y cortando los circuitos de un Palmeiras que no tuvo su mejor noche, en gran parte por el trabajo del Ciclón.

Cerro dio el golpazo en la segunda mitad con el tanto de Pablo Vegetti, a los pocos minutos, para enmudecer el imponente estadio del Verdão que ya veía que el Ciclón soplaba más fuerte que nunca.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el cronograma de pagos de este mes. Los desembolsos comienzan mañana con los programas sociales. Según el anuncio hecho ayer por la cartera financiera, mañana viernes 22 de mayo pagarán a los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores.

La República de Singapur habilitó su mercado para las exportaciones de productos paraguayos de origen ovino, anunció en la mañana de este jueves el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). La apertura de este mercado reafirma el posicionamiento de Paraguay como un proveedor confiable de alimentos de origen animal en Asia, destaca la institución.

“Esta habilitación representa un importante avance para el sector de la producción ovina nacional, y es el resultado de un trabajo técnico, sanitario y diplomático sostenido, orientado a fortalecer la presencia de los productos paraguayos de origen animal en mercados internacionales altamente exigentes”, señala el comunicado difundido por el servicio veterinario en redes sociales.

El presidente de la República, Santiago Peña, destacó la inversión extranjera que contribuirá a fortalecer el polo de desarrollo industrial en el norte del país. Fue en el marco de la palada inicial para la construcción de la planta industrial de Paracel en Concepción.

Cerca de 20.000 personas recibieron formación en el Centro de Capacitación Técnica Superior “Gral. Bernardino Caballero”, dependiente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), desde su habilitación formal por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en el año 2003. La institución fue modernizada con una inversión de G. 452.967.600 para seguir ofreciendo este servicio gratuito a los ciudadanos, sin considerar su afiliación política.

En diálogo con La Nación/Nación Media, el doctor Luis Servín Blaires, director del instituto, que cuenta con una dotación de 16 aulas, dio detalles de la creación de este centro y los cursos que se ofrecen enfocados principalmente en la capacitación laboral y otros de mandos medios, además de la enseñanza de idiomas tales como el inglés y el chino mandarín.

El MDS abre posibilidad de aumentar volumen de compra a pequeños productores y mipymes para el programa de alimentación escolar.

El ministro de Desa­rrollo Social, Tadeo Rojas, afirmó que el programa Hambre Cero atra­viesa una etapa de consolida­ción y aseguró que los contro­les actuales obligan la compra a productores de la agricul­tura familiar y mipymes.

El Gobierno defendió la estructura actual del pro­grama Hambre Cero y marcó distancia del proyecto legis­lativo que propone transferir a los municipios parte de la administración de los recur­sos destinados a la alimenta­ción escolar.

El secretario de Estado acu­dió a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado para exponer la postura del Ejecutivo sobre la iniciativa presentada por el senador Colym Soroka, que plantea descentralizar el manejo del programa hacia las munici­palidades.

Rojas recordó que Hambre Cero comenzó en 2024 en 90 distritos y que desde este año alcanzó cobertura plena den­tro del esquema previsto por el Gobierno. En ese contexto, sostuvo que el 2026 repre­senta recién el segundo año completo de implementación nacional y que todavía exis­ten procesos de ajustes per­manentes propios de un pro­grama de gran alcance social.

“El programa está en pleno proceso de consolidación”, expresó el ministro al insis­tir en que actualmente el sis­tema funciona en condiciones satisfactorias.

Uno de los cuestionamientos planteados por sectores que impulsan la descentralización apunta a una supuesta exclu­sión de productores nacio­nales y agricultores familia­res dentro de la provisión de alimentos. Sobre ese punto, Rojas negó incumplimientos y aseguró que existen mecanis­mos obligatorios de control.

Explicó que un decreto esta­blece porcentajes mínimos de compra a la agricultura familiar y a las mipymes, requisitos que las empresas proveedoras deben cumplir obligatoriamente para avan­zar en los procesos adminis­trativos de cobro.

Según detalló, el control se realiza mediante el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), plataforma digital donde las proveedo­ras cargan facturas y docu­mentaciones que acreditan las adquisiciones realizadas a productores nacionales.

El ministro insistió en que los mecanismos actuales funcio­nan y advirtió que modificar la ley en esta etapa podría alterar el proceso de conso­lidación de uno de los pro­gramas sociales de mayor impacto impulsados por el gobierno de Santiago Peña.

El ministro de Desarrollo Social y presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, acudió al Congreso Nacional para sentar nuevamente la posición de rechazo del Ejecutivo al proyecto de ley que pretende que los recursos económicos del programa “Hambre Cero” en las escuelas manejados por las gobernaciones pasen a ser administrados por las intendencias.

“Desde el Ejecutivo traemos una posición definida con respecto a este proyecto y no es momento de hacer cambios, ya que el programa se va consolidando. Si se llega a sancionar y promulgar, este proyecto implicará primero anular todos los contratos que hoy están vigentes con los proveedores; esta situación interrumpirá la provisión de alimentación escolar“, comentó a los medios de comunicación al asistir a la convocatoria realizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.

Rojas acotó: “También se iniciará nuevamente un proceso de llamado de licitación; volver a administrar otra vez 263 contratos con diferentes municipios y empresas será algo imposible de controlar y monitorizar, y esto es algo que necesita el programa de manera constante; para nosotros es inaplicable”, comentó a los medios de comunicación.

No obstante, Rojas mencionó que ve factible la posibilidad de aumentar la obligatoriedad de compras a los productores frutihortícolas y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Entendemos la preocupación del proyectista, el senador Colym Soroka, sobre las compras de los productos de la agricultura familiar y de las mipymes; esto es un aspecto que está reglado por decreto que se debe ir revisando. El mismo establece una obligación de compra del 10 % como mínimo sobre el monto total del contrato”, comentó.

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El alto funcionario de Estado manifestó que “se debe revisar el volumen de consumo y probablemente tenga que ser aumentado el 10 %“. Desde el Gremio de Productores Frutihortícolas del Paraguay se propuso aumentar del 10 % al 40 % la obligación de compra de producción nacional dentro del programa Hambre Cero, con la finalidad de fortalecer a los productores organizados y formalizados del país.

El encuentro también contó la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera y el titular del Consejo de Gobernadores y jefe departamental del Guairá, César Sosa, quien alegó que esta iniciativa cuenta con un trasfondo electoral. “Claro que hay una disputa electoral, pero venimos a ver cuáles son los cuestionamientos o dudas que tienen. Hasta hoy no existe una sola denuncia formal contra los gobernadores sobre el manejo del programa“, dijo Sosa.

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