Luis Alberto Mauro, director de Comisión Electoral, aseguró que se dio acceso a todos los sectores políticos para participar de la auditoría de las máquinas de votación. Foto: Archivo
Rechazan denuncias sobre supuesta restricción de acceso para auditoría que se hizo en febrero
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Desde algunos sectores políticos, en su mayoría menores, afirmaron que no tuvieron participación en el proceso de auditoría de las máquinas de votación, que ya se realizó en febrero de este año de acuerdo con lo establecido en el cronograma electoral. Esto fue refutado por el director de Comisión Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Luis Alberto Mauro.
“Nosotros no le hemos negado el acceso en ese mes de febrero, que duró un mes. Nadie pidió participar fuera de la estructura del partido en sí”, aseguró el alto funcionario electoral ante los medios de prensa. Explicó que la relación de la Justicia Electoral es directa con los partidos políticos y desde las nucleaciones políticas canalizan la organización para participar del cronograma.
“El cronograma electoral de la Justicia Electoral se dio a conocer el 15 de julio del año pasado, es decir, desde el 15 de julio del año pasado todos los actores políticos sabían que en el mes de febrero íbamos a tener un mes para la auditoría, y ninguna de estas corrientes internas, ni coloradas ni liberales, no pidió ni tampoco le pidieron a su partido, ninguna”, remarcó.
El funcionario electoral señaló que llama la atención que los cuestionamientos y las acusaciones hacia la Justicia Electoral y a las máquinas de votación, provengan de referentes o sectores que ni siquiera participaron del plazo total de la auditoría. En este sentido, mencionó que algunos incluso solo participaron 2 o 3 veces de este proceso.
“A mí me llama poderosamente la atención un video que está corriendo desde el viernes por las redes sociales de una técnica que participó acá y que dijo: nosotros fuimos para participar en la auditoría de la Justicia Electoral y nos echaron, y que por lo tanto los técnicos no pudieron hacer la verificación en la auditoría y esta chica que habla vino 19 días”, cuestionó.
También respondió a que supuestamente a los técnicos no se les permitía realizar ciertas pruebas, y detalló que la auditoría se realizó en un ambiente controlado, donde la Justicia Electoral prohibió el uso de materiales externos como cables, cambiar, modificar, golpear, destruir. “A eso nosotros le decimos ambiente controlado, pero jamás les prohibimos verificar lo que ellos querían verificar, nunca”, sentenció.
Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
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Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
La abogada Gilda María Portillo acompañando al destituido intendente por corrupción Miguel Prieto en la Fiscalía. Foto: Captura de pantalla
Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Mensajes de apoyo de la abogada Gilda María Portillo Vera a favor del exintendente Miguel Prieto. Foto: Gentileza
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
Documento que será presentado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este a la Contraloría General de la República. Foto: Gentileza
Titular del TSJE insta a fortalecer la democracia y el estado de derecho
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, destacó ante los funcionarios de esta institución la obligación de cuidar y fortalecer la democracia y el estado de derecho en nuestro país.
“Es nuestra obligación cuidar y fortalecer la democracia en nuestro país. Y que nosotros, Justicia Electoral hagamos bien nuestro trabajo, ser fieles custodios de la voluntad popular. Ese es el mensaje que queremos transmitirles entre todos mis compañeros de la plana directiva”, manifestó el doctor Bogarín en un video socializado a través de la cuenta oficial de la Justicia Electoral en X.
El ministro pidió además que ya en el trabajo de campo se “transmita a la ciudadanía” ese mensaje de “cuidar los votos”. “Ustedes magistrados, funcionarios, directores se convierten en imprescindibles en esta lucha por el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en nuestro país”, remarcó.
Los estudiantes conocieron el funcionamiento del sistema electoral paraguayo. Foto: Gentileza
Convenio con el MEC
Por otro lado, a través de la Coordinación General de Pasantías, dependiente de la Dirección de Participación Ciudadana de la Justicia Electoral, este sábado estudiantes de colegios de Asunción y Quiindy, participaron de las Pasantías Educativas Laborales y Socio Comunitarias.
La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Durante las jornadas, los estudiantes conocieron el funcionamiento del sistema electoral y fortalecieron sus conocimientos sobre el ejercicio responsable de la ciudadanía, la democracia y la participación activa.
El presidente del TSJE, Jorge Bogarín, destacó la importancia de la formación en derecho procesal electoral para garantizar los derechos políticos y la voluntad popular.FOTO: GENTILEZA
El presidente del TSJE destacó la importancia de la formación para la protección de los derechos.
El ministro Jorge Enrique Bogarín González, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), brindó una charla sobre “Principios del proceso electoral en Paraguay” en la conferencia inaugural del curso “Capacitación en Litigios del Fuero Electoral”, dirigido a defensoras y defensores públicos, cuyo fin es otorgar una formación orientada a fortalecer conocimientos y herramientas para la actuación en el ámbito electoral.
En la ocasión, el presidente del TSJE destacó la importancia de la formación para la protección de los derechos, “capacitarse en derecho procesal electoral no es solamente perfeccionar una técnica jurídica, es prepararse para proteger los derechos políticos, asegurar la vigencia de la voluntad popular y fortalecer la democracia paraguaya”.
En su alocución, Bogarín resaltó que “la democracia no se reduce al acto de depositar el voto, es un sistema de convivencia basado en la dignidad de las personas, en la igualdad política, la participación, la alternancia, el respeto a las minorías y sujeción de todos al estado de derecho”, expresó.
El ministro dejó un mensaje a los participantes: “Insto a que sigamos construyendo democracia, estado de derecho, vamos a trabajar en esa patria soñada que fulgura en nuestros sueños”, alentó. La actividad fue organizada por el Ministerio de la Defensa Pública, a través del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública (ITSDP) y contó con la presencia del defensor general del Ministerio de la Defensa Pública, Javier Dejesús Esquivel González y las defensoras adjuntas de dicha institución, Nancy Amarilla y Nancy Ortiz.
También estuvieron presentes la presidenta y el vicepresidente del Tribunal Electoral de la Capital (TEC) segunda sala, Myriam Cristaldo, y Godofredo Fleitas, respectivamente; además de la jueza electoral de la capital, primer turno, Fabiana Marín; y alumnos participantes de la mencionada capacitación.
El presidente del TSJE, Jorge Bogarín, destacó la importancia de la formación en derecho procesal electoral para garantizar los derechos políticos y la voluntad popular. Foto: Gentileza
Justicia Electoral impulsa capacitación para fortalecer derechos políticos
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El ministro Jorge Enrique Bogarín González, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), brindó una charla sobre “Principios del proceso electoral en Paraguay” en la conferencia inaugural del curso “Capacitación en Litigios del Fuero Electoral”, dirigido a defensoras y defensores públicos, cuyo fin es otorgar una formación orientada a fortalecer conocimientos y herramientas para la actuación en el ámbito electoral.
En la ocasión, el presidente del TSJE destacó la importancia de la formación para la protección de los derechos, “capacitarse en derecho procesal electoral no es solamente perfeccionar una técnica jurídica, es prepararse para proteger los derechos políticos, asegurar la vigencia de la voluntad popular y fortalecer la democracia paraguaya”.
En su alocución, Bogarín resaltó que “la democracia no se reduce al acto de depositar el voto, es un sistema de convivencia basado en la dignidad de las personas, en la igualdad política, la participación, la alternancia, el respeto a las minorías y sujeción de todos al estado de derecho”, expresó.
El ministro dejó un mensaje a los participantes: “Insto a que sigamos construyendo democracia, estado de derecho, vamos a trabajar en esa patria soñada que fulgura en nuestros sueños”, alentó. La actividad fue organizada por el Ministerio de la Defensa Pública, a través del Instituto Técnico Superior de la Defensa Pública (ITSDP) y contó con la presencia del defensor general del Ministerio de la Defensa Pública, Javier Dejesús Esquivel González y las defensoras adjuntas de dicha institución, Nancy Amarilla y Nancy Ortiz.
También estuvieron presentes la presidenta y el vicepresidente del Tribunal Electoral de la Capital (TEC) segunda sala, Myriam Cristaldo y Godofredo Fleitas, respectivamente, además, la jueza electoral de la capital, primer turno, Fabiana Marín; y alumnos participantes de la mencionada capacitación.