Representantes del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) se reunieron con el líder de la bancada “A” del Partido Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto, en el marco del análisis del proyecto de ley que busca destinar un 15 % de lo recaudado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) a esta institución.
Tras el encuentro, el legislador exteriorizó su apoyo a la iniciativa legislativa impulsada por su colega Cristina Villalba.
Es así que adelantó su acompañamiento para lograr la media sanción. Se comprometió incluso a buscar mecanismos legislativos oportunos para avanzar en su fortalecimiento, ya sea en el tratamiento actual de la propuesta o en el marco del estudio el Presupuesto General de la Nación 2027 (PGN 2027).
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“Estamos convencidos de que fortalecer al IPTA permitirá ampliar su cobertura territorial, mejorar su eficiencia institucional y contribuir a la formulación e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo del sector productivo del país”, señaló.
La normativa lleva por denominación oficial: “Que modifica el artículo 42 de la Ley N° 3788/10 - Que crea el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), y el artículo 30 de la Ley N° 2426/04 - Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)”.
La intención es incorporar mecanismos que permitan ampliar fuentes de financiamiento destinadas a la investigación agraria.
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Diputados reciben reconocimiento por impulsar vínculos comerciales entre Paraguay e Italia
Tres diputados colorados recibieron placas de reconocimiento de la Cámara de Comercio Italo-Paraguaya por el trabajo realizado para reforzar las relaciones comerciales, de inversión y cooperación entre Paraguay e Italia.
La distinción fue concedida a los legisladores Héctor Figueredo, Jorge Barressi y Christian Brunaga, quienes integran la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Diputados.
El titular de esta comisión, Héctor Figueredo agradeció la distinción a la entidad, a su presidente, Prof. Dr. Fernando Beconi, y a los integrantes de su comisión directiva.
“Desde la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el fortalecimiento de nuestras relaciones, el desarrollo y más oportunidades para nuestro país”, expresó.
A su vez, el diputado Barressi señaló que el reconocimiento responde al trabajo desarrollado junto con la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.
“Hemos acompañado iniciativas vinculadas a inversiones, Expomadera y acuerdos comerciales, generando espacios de cooperación y oportunidades para nuestro país”, recordó.
El legislador también agradeció al titular de la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya por la distinción y por su compromiso con el fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones.
“Seguiremos trabajando con responsabilidad y compromiso para generar más oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo para el Paraguay”, afirmó.
El diputado Brunaga también agradeció el reconocimiento y señaló que continuará promoviendo el fortalecimiento de los vínculos entre Paraguay e Italia.
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Ñai’ũpo: Congreso sanciona ley que declara patrimonio cultural la técnica ancestral
Esta semana quedó sancionada de forma automática la ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay a la técnica ancestral “Ñai’ũpo”, dado que ya se encontraba en su tercer trámite en Cámara de Diputados, para su análisis sobre las modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Senadores y se cumplieron los plazos para su estudio.
El proyecto legislativo quedó sancionado sin que sea analizado en el plenario, luego de que se cumplieran los plazos constituciones. No obstante, el documento se encontraba bajo estudio en las comisiones asesoras de la Cámara Baja, pero con dictámenes que recomendaban aceptar las modificaciones planteadas, por lo que ahora pasa a manos del Poder Ejecutivo para su posterior promulgación u objeción.
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El origen de esta normativa se remonta a la propuesta impulsada de manera particular por la diputada colorada Rocío Abed, quien presentó el proyecto con el propósito fundacional de dotar de un marco de protección jurídica, institucional y de fomento a una de las expresiones artesanales precolombinas más emblemáticas del país.
A través de esta iniciativa, la legisladora buscó garantizar el resguardo integral de las prácticas comunitarias, los saberes alfareros y las técnicas tradicionales de recolección y cocción de la arcilla que son ejecutados de manera histórica.
El texto aprobado pone especial énfasis en la preservación de este oficio en localidades con un profundo arraigo histórico como la compañía Caaguazú de la ciudad de Itá, los barrios San Rafael y 21 de Julio de Tobatí, así como también en Areguá y Yaguarón, donde las maestras alfareras mantienen vivo este legado cultural de transmisión predominantemente oral y de mano de mujeres de generación en generación.
Al convalidar las correcciones terminológicas sugeridas por la Cámara Alta, el Congreso Nacional alinea este marco legal de origen parlamentario con los estándares internacionales de salvaguardia cultural, quedando únicamente pendiente la firma del presidente de la República para la entrada en vigencia de la ley.
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Cinco mercados clave auditarán la carne paraguaya para avalar exportaciones
Paraguay se prepara para recibir, entre octubre y diciembre de este año, a autoridades sanitarias de Chile, Taiwán, la Unión Europea, Egipto y Perú, en el marco de cinco auditorías internacionales vinculadas al sector pecuario.
Las inspecciones apuntan a renovar habilitaciones, mantener mercados vigentes y avanzar en la apertura de nuevos destinos y productos cárnicos.
El gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Daniel Burt, explicó que este tipo de controles forma parte de la dinámica habitual del sector, considerando la cantidad de mercados a los que llega la producción nacional.
“Todos los años tenemos algunas auditorías, no todos los mercados vienen todos los años, pero todos los años tenemos de algún lado”, señaló en comunicación con La Nación/Nación Media.
Entre las inspecciones previstas, destacó la de la Unión Europea, que se realizará para mantener el estatus sanitario y verificar los requisitos exigidos para el ingreso de carne paraguaya. En tanto, Taiwán evaluará nuevos establecimientos exportadores y reinspeccionará plantas que ya forman parte de su circuito comercial. En este proceso también se prevé la revisión de nuevas plantas, como el frigorífico Cerrito, ubicado en Presidente Hayes.
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Burt también puso el foco en Perú, mercado que busca avanzar en la habilitación de nuevos productos. La auditoría peruana contempla la habilitación de la línea de harina de carne y hueso, además de la revisión de los exportadores de carne vacuna.
En el caso de Egipto, el representante de la CPC aclaró que no se trata de una apertura inicial, sino de una inspección dentro del proceso de mantenimiento del mercado. Las autoridades egipcias prevén renovar licencias e incorporar más frigoríficos bovinos a su nómina oficial.
El resultado de estas auditorías será clave para sostener el acceso de la carne paraguaya a mercados internacionales y al mismo tiempo, ampliar las oportunidades para la industria frigorífica y la producción pecuaria nacional.
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Diputados estudiará proyecto que autoriza pago a víctimas de la dictadura
La Cámara de Diputados analizará en sesión de la próxima semana un proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar el pago indemnizatorio a víctimas de violaciones de derechos humanos dura el período 1954-1989. De ser aprobado el proyecto beneficiará a quienes cuentan con resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo y cuyos expedientes fueron iniciados antes de la vigencia de la Ley Nº 4381/2011.
Según el documento, se busca poner fin a la revictimización que padecen ante la burocracia estatal quienes ya fueron reconocidos como víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se aclara que se resolverá exclusivamente las solicitudes de indemnización presentadas durante la plena vigencia de la Ley Nº 838/96. En su artículo 3, esa norma establecía que la Defensoría del Pueblo era el ente encargado de recibir y evaluar los reclamos.
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La ley fijaba además que el proceso no debía superar los 90 días y requería la revisión y el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, dejaba claramente establecido que dicho dictamen no era vinculante para la decisión final de la Defensoría.
El proyecto también aclara que esa disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, que dispone que la Defensoría debe remitir las pruebas a la PGR para que esta emita un dictamen en un plazo de 30 días. Con la reforma, el dictamen pasó a ser un requisito previo para que la Defensoría resuelva sobre la calificación y la indemnización.
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