La Contraloría General de la República (CGR), liderada por Camilo Benítez, concluyó que existe correspondencia entre los ingresos y egresos del presidente de la República, Santiago Peña, al remitir este lunes el informe del examen de los bienes al Ministerio Público, a través de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción; que el propio mandatario había solicitado en octubre pasado, tras presentar una nueva declaración jurada.
El director de Declaraciones Juradas del órgano extrapoder, Armindo Torres, manifestó que el trabajo abarcó dos periodos de análisis, el primero desde el año 2014 hasta el 2017 cuando el jefe de Estado se desempeñó como director del Banco Central del Paraguay (BCP) y posteriormente como ministro de Hacienda.
“En este lapso tuvo un crecimiento patrimonial sustentable. Nosotros pedimos informes a todas las instituciones públicas y privadas, sin embargo por el lapso del tiempo no pudimos acceder a la totalidad de sus egresos por lo cual se utilizó un método de margen residual que se encuentra reglamentada en la Contraloría y arrojó que existe correspondencia entre dicho periodo", dijo en una entrevista con la 1080 AM.
Torres acotó: “En la declaración de bienes que él presentó no hubo un incremento patrimonial llamativo o importante en ese periodo. Después de este periodo, hubo un lapso de tiempo desde el 2018 hasta el 2023 donde Peña estuvo fuera de la función pública. En este lapso tuvo un crecimiento muy importante, pero queda fuera de la competencia de la Contraloría analizarlo ya que no cumplía función pública".
De acuerdo al informe el monto obtenido por el presidente de la República en su desempeño en el sector privado fue de G. 21.672.347.579. Torres también detalló que la mayoría de su crecimiento patrimonial se encuentra alojado en el sistema financiero formal. “El segundo periodo de análisis fue desde su asunción como presidente de la República hasta setiembre del año 2025 donde presentó una actualización de su declaración jurada“, puntualizó.
Peña tomó la decisión de requerir el informe de correspondencia tras la denuncia impulsada en su contra por los legisladores opositores Johana Ortega, Raúl Benítez, Leidy Galeano, Adrián “Billy” Vaesken, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Rubén Velázquez, bajo patrocinio de los abogados Felino Amarilla (defensor legal de Mario Abdo Benítez) y la exsenadora Kattya González.
En su acusación fiscal, los parlamentarios señalaron supuestos delitos de enriquecimiento ilícitos, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en beneficio propio. “Este trabajo está totalmente evidenciado con las documentaciones respaldatorias que obtuvimos desde el sistema financiero formal, de su declaración jurada y también de las entidades públicas donde se solicitaron informes”, manifestó Torres.
Vivienda construida
Respecto a la vivienda construida por Peña en la ciudad de San Bernardino, el funcionario de la Contraloría comentó que “no existe nada irregular sobre la construcción de la casa. Solicitamos informes sobre el contrato y la forma de pago a la empresa Gómez Abente, quien construyó la propiedad. También se pidió la totalidad del precio de la construcción del inmueble".
Torres señaló que “verificamos el primer pago que está en su declaración jurada de actualización y se concretó en abril del año 2024 con un préstamo realizado al Banco Ueno y corroboramos la coherencia y las fechas coincidían con el préstamo y el pago de la transferencia a la empresa. El segundo pago el presidente Peña detalló en su declaración que realizó con el rescate de las acciones de Ueno Holding. También se verificó la coherencia de la fecha del rescate con el pago lo cual coincide. Hay un tercer pago que se encuentra pendiente de USD 300 mil”.
Finalmente, Torres agregó que el economista continua recibiendo ingresos a través de acciones en diferentes empresas, por Certificado de Deposito y Ahorro (CDA) y por sus funciones como presidente de la República.