El vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, aclaró la situación de los 187.572 jóvenes de entre 18 y 30 años catalogados como “inubicables” en el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El magistrado explicó que estos ciudadanos no pudieron ser asignados a un local de votación específico debido a la falta de datos precisos sobre sus domicilios reales. Ante este escenario, la institución anunció que buscará perfeccionar el intercambio de información con la Policía Nacional antes de los próximos comicios generales.

La observación formulada por la Misión de Expertos Electorales de la OEA recomendó estandarizar con urgencia los registros del Departamento de Identificaciones para facilitar la correcta georreferenciación de los votantes. A través de la 730 AM, Rossel precisó que la Justicia Electoral actúa con estricto apego a los datos suministrados por la entidad policial, donde en ocasiones solo figuran referencias vagas como un barrio o zona —por ejemplo, “Trinidad”— sin detallar la calle, la numeración ni el distrito correspondiente, lo que imposibilita la inscripción exacta en el padrón.

Para subsanar esta falencia, la autoridad electoral descartó la necesidad de recurrir a contrataciones especiales o presupuestos extraordinarios, argumentando que la solución radica en una integración tecnológica fluida entre las bases de datos estatales. Rossel confirmó que existen gestiones avanzadas con el Ministerio del Interior para acelerar la interconexión digital. Además, recordó que el organismo ya había detectado esta limitación con anterioridad y estimó que el ajuste técnico estará operativo en un plazo máximo de un mes.

Por otro lado, el informe del organismo internacional reabrió el debate sobre la difusión irrestricta de encuestas y sondeos a boca de urna mientras las mesas de votación continúan abiertas, práctica que infringe las restricciones legales vigentes. Sobre esta problemática, el vicepresidente del TSJE sostuvo que se trata de un asunto de resorte estrictamente legislativo que requiere un abordaje normativo actualizado.

El magistrado rememoró que anteriores iniciativas de reforma electoral quedaron paralizadas en el Congreso cuando se propuso otorgar al TSJE facultades reglamentarias para fiscalizar la confiabilidad de las empresas encuestadoras. “Hay que sentarnos a hablar ahora sobre este tema”, enfatizó Rossel, instando a los parlamentarios a instalar la mesa de diálogo de cara a las futuras convocatorias urnas.

Tras finalizar el juzgamiento de las elecciones municipales, el TSJE proclamó a Soledad Núñez como intendenta electa de Asunción y a Cheba Remesowski al frente de Encarnación.

El Tribunal Superior de Justicia Electo­ral (TSJE) realizó la proclamación de las autorida­des electas en las elecciones municipales correspondien­tes a Asunción, tras finalizar la etapa de juzgamiento.

El día de ayer finalizó la etapa de cómputo y juzgamiento de las actas correspondientes a la capital, en el marco de las Elecciones Municipales 2026.

Dicha labor estuvo a cargo del Tribunal Electoral de la Capi­tal Primera Sala, integrado por los magistrados electora­les Myriam González, Modesto Núñez y Lilian Lorena Rojas. Una vez concluido este proceso, en presencia de apoderados de los partidos y movimientos, se procedió a la proclama­ción de las autoridades muni­cipales electas en la ciudad de Asunción en los comicios del domingo 4 de octubre.

Soledad Núñez, de la Alianza Juntos por Asunción, fue ofi­cializada como nueva inten­denta de Asunción para el período 2026-2031, tras obte­ner un total de 133.429 votos.

Asimismo, se oficializó la proclamación de los miem­bros titulares y suplentes de la Junta Municipal, una vez completado el cómputo de los votos obtenidos por cada lista. La asignación de bancas será de la siguiente manera:

Partido Colorado: 15 esca­ños (149.362 votos)

Alianza Unidos por Asun­ción: 6 escaños (65.554 votos)

Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA): 3 esca­ños (36.365 votos)

La ceremonia oficial de jura­mento y toma de posesión al cargo de dichas autoridades municipales se realizará el próximo 3 de noviembre, informó la Justicia Electoral.

El Tribunal Electoral de la cir­cunscripción judicial de Itapúa ya proclamó como intendente electo a Sebastián “Cheba” Remesoxski y a los 12 conce­jales de la Junta Municipal de la ciudad de Encarnación para el periodo 2026-2031.

La proclamación del tribu­nal formaliza los resultados de las elecciones municipa­les del pasado domingo 4 de octubre, tras la finalización de cómputos en esta loca­lidad. Remesowski, candi­dato del Partido Colorado, obtuvo 28.858 votos (57,41 %) sobre el candidato de la Alianza Encarnación en Marcha, el diputado Carlos Pereira, hermano del actual gobernador Javier Pereira de Itapúa, que logró 19.963 (38,39 %).

Con esta victoria, el candi­dato colorado recuperó la administración municipal que estuvo en manos de la oposición por dos periodos consecutivos.

El Tribunal Electoral de Itapúa también incluye en esta sen­tencia la conformación defini­tiva de los miembros titulares y suplentes de la Junta Munici­pal encarnacena. El legislativo también logró una mayoría importante, de las 12 bancas, el Partido Colorado obtuvo 8 lugares y la Alianza Encarna­ción en Marcha solo obtuvo 4 espacios.

“Hay que demostrar los cuestionamientos con los hechos, y yo creo que los hechos desmienten categóricamente la posibilidad que las máquinas puedan ser manipuladas”, señaló Ljubetic.

El director de Recursos Electorales de la Jus­ticia Electoral, Carlos María Ljubetic, resaltó que las elecciones municipales del 4 de octubre se desarro­llaron de forma exitosa y que con este proceso se refutó con hechos los cuestionamientos que se dieron desde ciertos sectores políticos de la opo­sición sobre la fiabilidad de las máquinas de votación.

“Nosotros entendemos que organizativamente fue una elección exitosa, a pesar de todas las dificultades que tuvimos con el temporal, algunas ciudades enteras sin energía eléctrica, caminos totalmente descompuestos, sin embargo, no faltó abso­lutamente nada en ningún lado”, refirió este martes a la 650 AM.

Agregó que “las máquinas funcionaron, no digo que no fallaron, pero fueron susti­tuidas aquellas que fallaron en un porcentaje mínimo, la transmisión de resultados fue récord, a pesar que teníamos 43 locales sin energía eléc­trica y sin señal de teléfono, creo que se cumplió a caba­lidad”.

Sobre la campaña de despres­tigio que se dio contra la con­fiabilidad de las máquinas, señaló que con los resulta­dos se pudo comprobar lo que siempre se mantuvo desde la máxima instancia electoral, que no se pueden manipular las máquinas en el sentido de los votos.

“Evidentemente, hay que demostrar los cuestiona­mientos con los hechos, y yo creo que los hechos des­mienten categóricamente la posibilidad que las máqui­nas puedan ser manipula­das, porque hackear como dice la palabra es imposible porque la máquina no tiene conexión alguna, remota­mente no se puede influir sobre las máquinas. Lo que puede ocurrir es que la Justi­cia Electoral prepare un sof­tware escondido o tramposo que otorgue y saque votos a cualquier persona candidata, pero eso es algo abso­lutamente impensado con los controles que hay”, ase­veró.

Por otra parte, aclaró que la Justicia Electoral no tiene injerencia con las decisiones o la autoridad de los miem­bros de mesa, veedores y juntas cívicas, esto en refe­rencia a ciertas irregulari­dades que se puedan regis­trar en estos casos, citando como ejemplo la persona que entró con varios bole­tines firmados de los tres miembros de la mesa recep­tora de votos. Señaló que en este caso, si bien las auto­ridades de la JE no tienen injerencia, sí existe mucho control mutuo entre los par­tidos políticos.

“La mesa, por ley, por el sis­tema electoral paraguayo, el control del local de votación está a cargo de los partidos políticos, los miembros de mesa son designados por los partidos políticos, los vee­dores por los partidos polí­ticos, los apoderados por los partidos políticos, los que administran ese día el pro­ceso son de la junta cívica por los partidos políticos. La ley nos excluye cuando dice que los miembros de mesa son la única autoridad y no obedecerán orden de autori­dad alguna. Nosotros somos espectadores, no tenemos poder de decisión”, men­cionó el director electoral.

Adelantó además que la Justi­cia Electoral realizará, en un mes aproximadamente, un recuento de todas las irregu­laridades o hechos denuncia­dos en el marco de la jornada electoral para contar con un registro y análisis de lo que puede ser mejorado.

“A pesar de todas las cues­tiones que tuvimos dentro de este proceso, creo que el domingo (4 de octubre de 2026) demostramos la fortaleza de la institución, no solamente echando por suelo el relato de aquellas personas que de manera irresponsable que­rían debilitar la fortaleza propia de la institución como garante de la democracia, denostando el nombre de la Justicia Electo­ral, de los ministros y poniendo en dudas la confiabilidad de las máquinas de votación”, indicó el director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Chris­tian Ruiz Díaz.

Ruiz Díaz agregó que “se habló repetidamente de posibles hac­keos, siendo que esos personajes eran los que verdaderamente pretendían hackear la democracia. En todos procesos tene­mos personas que buscan posicionarse ante la prensa, buscan publicidades gratuitas atacando el sistema electoral y eso no es bueno, es algo irresponsable, cayeron esas máscaras. La con­fianza que tanto se amancilló en el proceso está fuerte y la ciu­dadanía entiende que trabajamos por la democracia”.

“Estamos conformes con el trabajo realizado, tranquilos, orgu­llosos. El temporal del pasado sábado puso a prueba nuestro despliegue logístico, la capacidad de reacción de nuestros fun­cionarios, la responsabilidad de los miembros de mesa quienes acudieron a los locales de votación a cumplir con la función que demanda un estado de derecho que nos exige la democracia”, refirió Ruiz Díaz.

La Misión de Expertos Electorales de la Organización de los Estados Americanos, liderada por el exvicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, presentó su informe en el que realiza un reconocimiento internacional tras las Elecciones Municipales 2026. De acuerdo al documento, la OEA destaca la transparencia del proceso, pero señala tareas pendientes en tecnología y financiamiento.

El informe de la Misión de Expertos Electorales de la OEA en Paraguay comienza felicitando al pueblo paraguayo, al Tribunal Superior de Justicia Electoral y a los partidos y movimientos políticos por su compromiso democrático y por el desarrollo de una jornada electoral exitosa el pasado domingo 4 de octubre.

La Misión de la OEA llegó al país el 26 de septiembre y estuvo integrada por 8 expertos electorales de seis nacionalidades, quienes observaron las actividades desarrolladas en preparación a los comicios, dieron seguimiento a las recomendaciones emitidas por misiones anteriores de la OEA y estuvieron presentes en locales de votación de Asunción y Luque.

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Señalaron que tanto en la previa como durante la jornada electoral observaron el uso de las máquinas de votación y dieron seguimiento a los procedimientos de recolección, escaneo y transmisión de los certificados de resultados en el marco del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Al respecto, destacaron el éxito del sistema TREP, constatando que siendo las 20:47 del mismo día de votación, ya se había procesado el 99,81 % de los resultados preliminares. Resaltaron, la participación ciudadana cercana al 59 %, aclarando que fue menor al nivel registrado en las municipales del 2021 que alcanzó entonces 60,53 %.

No obstante, el informe del organismo internacional advierte sobre la necesidad de ajustar la cadena de custodia de actas y estandarizar el registro de votantes jóvenes.

Menciona además que durante la jornada electoral, la mayor parte de las incidencias observadas tienen que ver con el voto asistido y las dificultades se concentraron en la interpretación y aplicación de las reglas respecto de quiénes podían recibir asistencia y quiénes estaban autorizados para acompañar al elector a emitir su voto. Sumado a lo anterior, se observó propaganda política en las inmediaciones de algunos de los locales de votación.

Asimismo, detallan que el padrón electoral estuvo integrado por 5.043.154 personas, de las cuales el 50,58 % fueron hombres y el 49,42 %, mujeres. Mencionan que de acuerdo a la información que recibieron de la Justicia Electoral, unos 187.572 jóvenes (18-30 años) quedaron clasificados como “inubicables” y no entraron al padrón definitivo debido a fallas en los datos de domicilio que provee la Policía Nacional.

Ante esta situación, la Misión recomienda estandarizar y mejorar el registro de domicilios en la base de datos del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, mediante campos obligatorios que permitan asignar correctamente a cada elector a un local de votación.

También plantea facilitar la actualización de los datos domiciliarios al realizar trámites ante la Policía Nacional y desarrollar campañas dirigidas a las personas con registro condicional, para que completen su inscripción antes del cierre del padrón.

Otro punto destacado por los experto de la OEA tiene que ver con el Voto Accesible, que valoraron positivamente la implementación de la Mesa Accesible 1 y del programa Voto en Casa (que atendió a 599 personas).

No obstante, a fin de ampliar el alcance de las medidas de accesibilidad y asegurar su conocimiento por parte del electorado, la Misión recomienda difundir, mediante campañas específicas, los distintos procedimientos de voto accesible. Pero sobre todo, evaluar la ampliación del programa “Voto en Casa” al sábado previo a la elección, a fin de aumentar su cobertura geográfica y el número de electores atendidos.

Los observadores de la OEA valoraron positivamente el desempeño del voto electrónico y la rapidez del sistema TREP, el cual alcanzó el 99,81 % de los datos procesados a pocas horas del cierre de votación. Asimismo, el organismo destacó la vinculación directa entre el boletín de voto y la máquina asignada como un avance para prevenir errores en el escrutinio, sugiriendo como ajuste físico reducir el tamaño de la abertura de las urnas de acopio.

No obstante, identificaron algunas debilidades estructurales en materia de trazabilidad y gestión informática. Advirtieron sobre la falta de un control formal documentado para la entrega, recepción y cadena de custodia de los certificados del TREP durante su traslado.

Por otro lado, señaló que únicamente el software de la máquina de votación pasó por un proceso de sellado, por lo que recomendó implementar protocolos unificados de aceptación, auditoría, sellado y versionado formal para el resto de los sistemas críticos, incluyendo el TREP, la divulgación de datos y el escrutinio oficial.

La Misión observó marcadas tensiones en torno a la aplicación del voto asistido y la comisión de delitos durante la jornada. Las principales dificultades se concentraron en la interpretación heterogénea de las reglas sobre quiénes podían recibir o brindar asistencia en las mesas, lo que derivó en reclamos por la ausencia de sanciones o consecuencias jurídicas claras ante el posible incumplimiento del registro de acompañantes.

En este contexto, las autoridades judiciales reportaron 52 denuncias y 61 ingresos por delitos electorales —con un saldo de 22 personas detenidas—, vinculados mayoritariamente a la compra de votos, la violación del secreto del sufragio mediante fotografías al boletín e irregularidades en la asistencia al votante.

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