El gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, defendió la gestión de sus colegas gobernadores con la administración del programa Hambre Cero en las Escuelas. Como titular del Consejo participó de la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar.
“Nosotros venimos hoy a hablar con la comisión, hablar con algunos colegas, debatir, ver cuáles son los cuestionamientos que ellos dicen, hasta hoy no hay ninguna sola denuncia de este programa”, señaló el gobernador en conversación con los medios de comunicación luego de participar de la sesión de la comisión asesora.
Sosa también respondió a los cuestionamientos de supuestas irregularidades en la administración del programa de alimentación y sostuvo que a pesar de las denuncias públicas, no existen denuncias formales en ninguno de los casos.
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“Nosotros somos claros y contundentes desde el Consejo en ese sentido, que si tienen alguna prueba de falta de transparencia, que hagan la denuncia, nosotros estamos correspondientes para eso, nos mantenemos en eso, venimos a aclarar todas las dudas que hacen falta”, expuso el presidente de Gobernadores.
Igualmente, se refirió a la propuesta de sacar el presupuesto de las gobernaciones con el objetivo de descentralizar el programa. “Lo del presupuesto creo que ya queda a criterio de ellos, nosotros respetamos muchísimo a la Cámara de Senadores y es por eso que hoy venimos acá a hablar, a debatir y a aclarar dudas”, sentenció.
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Ministro ve factible aumentar la obligatoriedad de compras a productores y mipymes
El ministro de Desarrollo Social y presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, acudió al Congreso Nacional para sentar nuevamente la posición de rechazo del Ejecutivo al proyecto de ley que pretende que los recursos económicos del programa “Hambre Cero” en las escuelas manejados por las gobernaciones pasen a ser administrados por las intendencias.
“Desde el Ejecutivo traemos una posición definida con respecto a este proyecto y no es momento de hacer cambios, ya que el programa se va consolidando. Si se llega a sancionar y promulgar, este proyecto implicará primero anular todos los contratos que hoy están vigentes con los proveedores; esta situación interrumpirá la provisión de alimentación escolar“, comentó a los medios de comunicación al asistir a la convocatoria realizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.
Rojas acotó: “También se iniciará nuevamente un proceso de llamado de licitación; volver a administrar otra vez 263 contratos con diferentes municipios y empresas será algo imposible de controlar y monitorizar, y esto es algo que necesita el programa de manera constante; para nosotros es inaplicable”, comentó a los medios de comunicación.
No obstante, Rojas mencionó que ve factible la posibilidad de aumentar la obligatoriedad de compras a los productores frutihortícolas y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
“Entendemos la preocupación del proyectista, el senador Colym Soroka, sobre las compras de los productos de la agricultura familiar y de las mipymes; esto es un aspecto que está reglado por decreto que se debe ir revisando. El mismo establece una obligación de compra del 10 % como mínimo sobre el monto total del contrato”, comentó.
El alto funcionario de Estado manifestó que “se debe revisar el volumen de consumo y probablemente tenga que ser aumentado el 10 %“. Desde el Gremio de Productores Frutihortícolas del Paraguay se propuso aumentar del 10 % al 40 % la obligación de compra de producción nacional dentro del programa Hambre Cero, con la finalidad de fortalecer a los productores organizados y formalizados del país.
El encuentro también contó la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera y el titular del Consejo de Gobernadores y jefe departamental del Guairá, César Sosa, quien alegó que esta iniciativa cuenta con un trasfondo electoral. “Claro que hay una disputa electoral, pero venimos a ver cuáles son los cuestionamientos o dudas que tienen. Hasta hoy no existe una sola denuncia formal contra los gobernadores sobre el manejo del programa“, dijo Sosa.
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Comisión dictamina a favor del proyecto de ley que sanciona el ciberacoso
La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores dictaminó este lunes por unanimidad a favor de la aprobación del proyecto de ley que busca prevenir y sancionar el acoso escolar y el ciberacoso.
Al respecto, la presidenta de la citada comisión asesora, Hermelinga Alvarenga, explicó que la iniciativa plantea derogar la Ley Nº 4633/2012, con el propósito de adecuar la normativa vigente a los desafíos de la era digital.
Asimismo, la propuesta legislativa busca permitir que las instituciones educativas puedan intervenir formalmente en conflictos ocurridos en entornos digitales y redes sociales.
Igualmente, contempla la participación de familias y docentes, estableciendo responsabilidades civiles solidarias por daños psicológicos o económicos ocasionados a las víctimas.
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Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es la reeducación del agresor mediante trabajos comunitarios y medidas formativas, evitando la criminalización temprana y promoviendo la empatía. Además, prevé sanciones para instituciones que intenten encubrir casos de acoso escolar, incluyendo multas y suspensiones.
En otro punto del orden del día, los senadores analizaron el proyecto de Ley “Que garantiza el acceso a la detección y tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria, intolerancias y alergias alimentarias en el sistema de salud y deroga la Ley Nº 4959/2013”, el cual recibió dictamen favorable con modificaciones.
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Núñez ratifica su apoyo al TSJE y afirma que solo quieren instalar dudas para elecciones
“Tratar de instalar alguna duda previa a las elecciones, creo que es nocivo para la democracia”, cuestionó el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, sobre la postura de la disidencia y la oposición sobre las máquinas de votaciones. Estos sectores piden una auditoría a las máquinas y alegan que la falta de control puede llevar a un fraude electoral.
“En mi caso, deposito mi confianza en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el cual como partido nosotros tenemos minoría con un representante del Partido Colorado y en ese representante del Partido Colorado, si sopesamos con los otros dos integrantes, fueron puestos en periodos anteriores, igual nosotros depositamos la confianza en los tres”, dijo el presidente del Congreso en rueda de prensa.
El mismo indicó además que, está de acuerdo con que se realicen los controles que sean necesarios, sin embargo, cuestionó que en el tiempo que correspondía en el marco del calendario electoral, varias agrupaciones y movimientos políticos no participaron.
“Si es que los movimientos quieren hacerlo y la Justicia Electoral está a disposición, yo no tengo ninguna objeción, pero hay que tener en cuenta que los partidos están representados por sus apoderados, el Partido Colorado tiene una personería jurídica, en este caso la colega (Lilian Samaniego) fue presidenta del partido, sabe muy bien eso”, indicó.
Agregó que se debe tener en cuenta que “los plazos electorales son perentorios e improrrogables, en febrero tengo entendido hubo un llamado a los partidos y detrás de los partidos tenían que estar los movimientos interesados para controlar, auditar esas máquinas de votación, pero muchos estuvieron ausentes, lo que hablamos nosotros”.
Cuestionó que el discurso que pretenden instalar, previo a las elecciones, es para abrir el paraguas. “No objetaron nada, es la misma empresa, las mismas máquinas de votación con las que fuimos electos en periodos anteriores y ahora cuestionar más pinta como: ‘estamos perdiendo el partido y queremos abrir el paraguas’. El que va ganar no tiene miedo”, apuntó.
Planteará nuevo sistema de preferencia
Por otra parte, Núñez adelantó que trabaja en un proyecto de ley para modificar el sistema del voto preferencial, la ley electoral vigente establece elegir de manera preferencial a un candidato de las listas plurinominales (Congreso, Junta Departamental y Junta Municipal), y ahora plateará elevar a dos.
“Le vamos a dar a ese elector más opciones, hay países que tienen tres preferencias, nosotros tenemos una. También se puede aplicar a los suplentes, entonces como un legislador colorado más voy a proponer a mi partido, ver la factibilidad, después si mi partido acepta, conversar con los colegas, no retroceder en el tiempo cuando ellos decidan, los sabaneros que son los que más entran en el Congreso y en las Juntas Municipales por eso quieren retroceder”, sentenció.
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Senadores buscan transparentar bonificaciones otorgadas por títulos universitarios
El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senado, Basilio Núñez, confirmó que acompaña la propuesta de su colega opositor Eduardo Nakayama, que solicitará al pleno la aprobación de una auditoría interna para detectar funcionarios con títulos presuntamente irregulares y que perciben beneficios salariales dentro del Poder Legislativo.
Hace unos días, el senador Nakayama anunció que impulsará una “purga” dentro del Congreso Nacional mediante una revisión de títulos universitarios presentados por funcionarios legislativos para acceder a bonificaciones salariales.
Indicó que este trabajo se deberá realizar a través de la Dirección de Talento Humano. “Vamos a ver qué funcionarios tenemos con eventuales títulos falsos, porque aparentemente tenemos unos cuantos, que perciben bonificaciones salariales gracias a títulos presuntamente irregulares emitidos por universidades bajo cuestionamiento”, manifestó el senador Nakayama.
Ante esta propuesta, el titular de la Cámara Alta salió al paso y expresó su apoyo a esta iniciativa a través de sus redes sociales y sostuvo que el cambio debe comenzar desde el propio Poder Legislativo. “Debemos empezar por casa: dar el ejemplo desde nuestro propio espacio para que luego sea transversal a los demás poderes del Estado. Solo así generamos un cambio real y creíble”, expresó el senador Núñez.
Esta auditoría interna apunta a una revisión para determinar si existen casos de cobro indebido dentro del Congreso y si corresponde iniciar sumarios administrativos o remitir antecedentes a otras instituciones del Estado. Los legisladores coincidieron en señalar que la revisión debe convertirse en una señal institucional para transparentar la función pública y recuperar credibilidad dentro del Congreso Nacional.
Cabe recordar que el titular del Congreso ya en diversas ocasiones ha manifestado que está a favor y acompaña cualquier medida orientada a transparentar la situación de los funcionarios públicos en general para recuperar la credibilidad institucional.
Aunque todavía no se definió cómo se ejecutará el proceso de verificación, ya que la propuesta deberá ser analizada por el plenario o, cuanto menos, por los miembros de la Mesa Directiva. A fin de definir qué organismos auditarán los documentos, ya que se plantea la necesidad de cruzar datos entre el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y las universidades involucradas.
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