La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores dictaminó este lunes por unanimidad a favor de la aprobación del proyecto de ley que busca prevenir y sancionar el acoso escolar y el ciberacoso.
Al respecto, la presidenta de la citada comisión asesora, Hermelinga Alvarenga, explicó que la iniciativa plantea derogar la Ley Nº 4633/2012, con el propósito de adecuar la normativa vigente a los desafíos de la era digital.
Asimismo, la propuesta legislativa busca permitir que las instituciones educativas puedan intervenir formalmente en conflictos ocurridos en entornos digitales y redes sociales.
Igualmente, contempla la participación de familias y docentes, estableciendo responsabilidades civiles solidarias por daños psicológicos o económicos ocasionados a las víctimas.
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Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es la reeducación del agresor mediante trabajos comunitarios y medidas formativas, evitando la criminalización temprana y promoviendo la empatía. Además, prevé sanciones para instituciones que intenten encubrir casos de acoso escolar, incluyendo multas y suspensiones.
En otro punto del orden del día, los senadores analizaron el proyecto de Ley “Que garantiza el acceso a la detección y tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria, intolerancias y alergias alimentarias en el sistema de salud y deroga la Ley Nº 4959/2013”, el cual recibió dictamen favorable con modificaciones.
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Comisión aconseja aceptar veto presidencial sobre Hambre Cero
La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Cámara de Senadores sesionó este lunes y dictaminó a favor de la aceptación del veto presidencial a un proyecto de modificación de la Ley del programa Hambre Cero. Es así que los senadores analizaron el mensaje Nº 396 por el cual el Poder Ejecutivo remite el Decreto Nº 6.259/2026, que objeta totalmente el proyecto de Ley Nº 7678/2026, presentado por el senador Silvio Ovelar.
Se plantea modificaciones al artículo 9° de la Ley Nº 7264/2024, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo). Por la misma iniciativa legislativa se pretendía además introducir modificaciones a otras disposiciones vinculadas con la alimentación escolar, la gratuidad de la educación superior y el Fonacide.
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Tras el análisis, la comisión recomendó aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el decreto, principalmente los relacionados con cuestiones de técnica legislativa y coherencia sistemática. Así también, durante el estudio se señaló que la redacción finalmente sancionada no incorpora una nueva disposición, por lo que los integrantes consideraron pertinente acompañar la objeción planteada por el Poder Ejecutivo.
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Senadores oficialistas apoyan a ministra: “La interpelación no es herramienta de condena”
El senador Natalicio Chase dijo este lunes que la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión sigue gozando de la confianza de la bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara Alta y rechazan el planteamiento de la interpelación requerida desde la oposición.
“La interpelación es una herramienta de información que contamos y no un juzgado de primera instancia, entonces si se busca condenar a la ministra por un evento que ocurrió el pasado fin de semana, yo creo que es el camino equivocado. La ministra de Obras Públicas tiene el respaldo de la bancada”, indicó a los medios de comunicación.
Chase se refirió al accidente vehicular que se cobró cinco vidas en la zona de Pedrozo, Ypacaraí que se cobró la vida de cinco personas. “La ministra tendrá que venir a explicar la situación y cuáles son las investigaciones que se llevarán adelante. Si nosotros vamos a imputar o juzgar a la ministra por cada accidente de tránsito que hay en Paraguay, debería ser imputada entre cuatro o cinco veces, ya que hay varios fallecidos por día en accidente de tránsito y el 99 % son responsabilidades personales de los conductores”, comentó.
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El legislador agregó que “nosotros creemos que debe hacerse un análisis mayor, no nos gusta la idea de una interpelación. No debemos atribuirle esto directamente a la ministra de Obras Públicas hasta que tengamos una información concreta. Hay que darle unos días para que la ministra pueda hacer las investigaciones y luego informarnos en una actividad que será en la mesa directiva. La interpelación no es una herramienta de condena”.
Añadió que “como cualquier accidente rutero el ministerio de Obras Públicas presenta informes internos y se abren los sumarios correspondientes. Aún no está definido cuándo vendrá, eso vamos a evaluar previamente a la sesión del día miércoles”.
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Accidente en Pedrozo: Bachi Núñez tilda de oportunista pedido de interpelación
Durante la sesión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, los legisladores abordaron sobre el trágico accidente de tránsito en la zona de Pedrozo, este último fin de semana pasado, en el cual fallecieron miembros de toda una familia, dos de ellos funcionarios del Senado. El sector de la oposición impulsa un pedido de interpelación contra la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión.
Ante esta propuesta, el presidente del Senado, Basilio Núñez, cuestionó a sus colegas por plantear la interpelación de la ministra, sin embargo, no existe una propuesta de abordaje general sobre la situación de emergencia vial en todo el país.
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“Acá en esta Cámara se aprobó la Ley de Emergencia en Seguridad Vial y fui uno de los que alertó que en Paraguay tenemos 4 fallecidos por día, duele sobremanera porque en este caso son funcionarios del Congreso, pero yo no voy a ser un cuervo que va a cabalgar sobre la muerte de compatriotas y más de compañeros de trabajo y ser oportunista de pedir ahora una interpelación. Adelanto mi postura en contra”, apuntó.
El titular legislativo refirió que se requiere de un abordaje más complejo y extenso, a nivel nacional, como el mayor control de las condiciones de vehículos, el control de conductores en estado de ebriedad, e incluso, analizar la aplicación del seguro para terceros ante el aumento considerable de accidentes de tránsito y víctimas de las mismas que afectan a miles de familias paraguayas.
“Estamos en una emergencia de seguridad vial, y en la Cámara de Diputados fue una propuesta del sector del Partido Colorado, que buscar una solución definitiva. Quiero decirle a los colegas, que ahora se enteraron, que probablemente fue un correligionario de ellos quien instaló un semáforo en esa zona, quienes se movilizaron para tener un semáforo en esa zona, no van a pedir la destitución del intendente de ahí porque es correligionario”, señaló.
Obras en zona fatal
El avance de las obras en la zona fatal escapa a la responsabilidad del MOPC, pues los trabajos están en un 47%, pero las pretensiones de dos propietarios en la zona de desafectación no permiten avanzar, ya que se oponen a ceder. Es por eso que se tuvo que judicializar, vía Procuraduría.
Una de las tierras era de Mocipar, que perdió la propiedad y hoy el que aparece como dueño, vía usucapión es Maxi Campana.
La otra propiedad en litigio pertenece a Carlos Ayala, incluso aparecen en el medio algunos concejales locales que operan en favor de los propietarios, lo que dificulta acordar para avanzar con los trabajos.
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Buscan sancionar a intendentes que utilicen pago de dietas a concejales como presión política
Diputados consideran que el uso de pago de dietas a concejales como herramienta de presión por parte de intendentes “es muy frecuente”, por lo que buscan sancionar a los jefes comunales que realicen esta práctica. Un grupo de diputados presentó el proyecto de ley para la modificación del artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal.
“En varios gobiernos locales se ha detectado que algunos intendentes pagan puntualmente a los concejales afines a su gestión, mientras retrasan o, directamente, suspenden el pago a ediles de la oposición o críticos del Ejecutivo municipal”, refiere la exposición de motivos de la iniciativa legislativa.
En este sentido, los proyectistas señalan que este tipo de discriminación se considera como una práctica “sistemática y perniciosa que atenta contra la democracia participativa y vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley”.
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El documento afirma que “la dieta de un concejal no constituye una dádiva, sino la contraprestación legítima por el ejercicio de un cargo de representación popular, y que privar a un edil de esos ingresos de forma arbitraria limita su capacidad de fiscalizar la gestión municipal y compromete su sustento personal”.
Con la modificación del artículo mencionado, se prevé la creación de un procedimiento sumario para sancionar a los municipios que incurran en esta práctica de discriminación. Se establece además que, “si un concejal no recibe su dieta de manera puntual e igualitaria, podrá denunciar la situación ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.
Una vez verificada la irregularidad, “esa cartera de Estado procederá a retener las transferencias en concepto de royalties provenientes de las entidades binacionales que le corresponden al municipio, hasta que la situación se regularice”.
Igualmente, la modificación planteada permite a los concejales afectados informar sobre el trámite realizado a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, que quedará a cargo del seguimiento correspondiente.
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