El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senado, Basilio Núñez, confirmó que acompaña la propuesta de su colega opositor Eduardo Nakayama, que solicitará al pleno la aprobación de una auditoría interna para detectar funcionarios con títulos presuntamente irregulares y que perciben beneficios salariales dentro del Poder Legislativo.
Hace unos días, el senador Nakayama anunció que impulsará una “purga” dentro del Congreso Nacional mediante una revisión de títulos universitarios presentados por funcionarios legislativos para acceder a bonificaciones salariales.
Indicó que este trabajo se deberá realizar a través de la Dirección de Talento Humano. “Vamos a ver qué funcionarios tenemos con eventuales títulos falsos, porque aparentemente tenemos unos cuantos, que perciben bonificaciones salariales gracias a títulos presuntamente irregulares emitidos por universidades bajo cuestionamiento”, manifestó el senador Nakayama.
Ante esta propuesta, el titular de la Cámara Alta salió al paso y expresó su apoyo a esta iniciativa a través de sus redes sociales y sostuvo que el cambio debe comenzar desde el propio Poder Legislativo. “Debemos empezar por casa: dar el ejemplo desde nuestro propio espacio para que luego sea transversal a los demás poderes del Estado. Solo así generamos un cambio real y creíble”, expresó el senador Núñez.
Esta auditoría interna apunta a una revisión para determinar si existen casos de cobro indebido dentro del Congreso y si corresponde iniciar sumarios administrativos o remitir antecedentes a otras instituciones del Estado. Los legisladores coincidieron en señalar que la revisión debe convertirse en una señal institucional para transparentar la función pública y recuperar credibilidad dentro del Congreso Nacional.
Cabe recordar que el titular del Congreso ya en diversas ocasiones ha manifestado que está a favor y acompaña cualquier medida orientada a transparentar la situación de los funcionarios públicos en general para recuperar la credibilidad institucional.
Aunque todavía no se definió cómo se ejecutará el proceso de verificación, ya que la propuesta deberá ser analizada por el plenario o, cuanto menos, por los miembros de la Mesa Directiva. A fin de definir qué organismos auditarán los documentos, ya que se plantea la necesidad de cruzar datos entre el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y las universidades involucradas.
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