Vanemi SA, firma de Vanessa Florentín, exnovia del intendente destituido Miguel Prieto, se constituyó en principal subproveedor de Tía Chela ante la inexistencia de stock en el inventario de la despensita que debía proveer 25.000 kits de víveres por valor de G. 2.949 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. En el intento de construir la cadena de compraventa en el esquema encabezado por Prieto, Vanemi como Tía Chela terminaron hundiéndose, ya que la Dirección Nacional de Impuestos Tributarios identificó que los contribuyentes son ficticios.

Las facturas falsas que la Dirección Nacional de Impuestos Tribu­tarios (DNIT) identificó en el esquema de compra – venta simulada a la Tía Chela es uno de los elementos de hierro que hunde al exintendente de Ciu­dad del Este Miguel Prieto y sus cómplices.

En esta construcción de com­pras ficticias mediante una cadena contribuyentes fal­sos, la principal involucrada es Vanessa Florentín a través de su firma Vanemi SA.

Recordemos que Vanessa Flo­rentín, exnovia de Prieto, man­tiene una estrecha relación con el exintendente que, incluso, le ubicó como asesora de la muni­cipalidad tras el destape de Tía Chela.

La firma de la exnovia, Vanemi SA, se constituyó en la princi­pal subproveedora de la Tía Chela, la pequeña despensa a la que Prieto adjudicó con­trato de G. 2.949 millones por la provisión de 25.000 kits de víveres, pese a que este auto­service no tenía esa cantidad de stock ni la capacidad eco­nómica para cumplir con el convenio.

En este esquema que ya había iniciado con una simulación en el proceso licitatorio ampa­rado en la urgencia imposter­gable al invitar como oferen­tes a miembros de una misma familia, Vanemi colaboró con 4 proveedores en el intento de justificar la disponibilidad de stock de Tía Chela.

Vanemi declaró ventas por G. 700 millones a Tía Chela, pero la búsqueda de la trazabilidad que realizó la DNIT dejó al des­cubierto que la firma de la ex tenía saldo cero en su inven­tario, y los subproveedores que consignó son ficticios.

“La acusada Emili Vanessa Florentín colaboró con la cons­trucción de las cadenas de com­praventas ficticias a través de facturas que no reflejan ope­raciones reales, para tapar la ausencia de stock e inventario de la firma adjudicada con el contrato (Tía Chela SRL), en complicidad con el esquema encabezado por el intendente municipal Miguel Prieto Valle­jos y sus funcionarios, debido a que surgió objetivamente al menos la existencia de 4 pro­veedores falsos que fueron declarados por Vanemi SA en la trazabilidad realizada por la SET, uno de los subproveedo­res más grandes de la empresa Tía Chela SRL”, subraya la acu­sación del Ministerio Público.

Así también, conforme al aná­lisis del perfil del contribuyente de estos subproveedores infor­mados por Tía Chela, la DNIT detectó que algunos son con­tribuyentes ficticios cuyas facturas no auténticas fueron utilizadas para un esquema de megaevasión instalado en Ciudad del Este, de acuerdo a investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público y la SET, a cargo del agente fiscal Diego Arzamendia de la Uni­dad de Delitos Económicos, y otros contribuyentes carecían de stock e inventario suficiente.

De acuerdo a lo detectado por DNIT no se logró justificar las compras de mercaderías rea­lizadas por la empresa provee­dora entre el mes de marzo y abril de 2020, por un valor total de G. 1.985 millones y el perjui­cio por la no provisión real de los víveres asciende a G. 2.130 millones.

Otro dato relevante es la exis­tencia de varias facturas de compra de proveedores ficti­cios cuyas fechas son poste­riores a las que figuran en las dos actas de recepción (27-03-2020 y 13-04-2020) firmadas por la administración Prieto. Sin embargo, además de estas pruebas documentales, el esquema de compra y entrega simulada de víveres con la Tía Chela quedó totalmente evi­denciado con las declaraciones de los cómplices involucrados que han confirmado total­mente la acusación del Minis­terio Público.

Las fuerzas de seguridad brasileñas capturaron a un hombre a quien le atribuyen al menos 16 homicidios desde mayo, y que al momento de ser detenido estaba vestido de mujer y tenía un bebé en brazos, informó el viernes la policía a la AFP. El individuo, de 33 años, fue arrestado el pasado domingo tras 30 horas de cerco policial en una zona boscosa del estado de Paraíba conocida como Vale do Mamanguape, en el nordeste de Brasil.

El sospechoso vestía ropa de mujer y usaba una larga peluca negra, según imágenes obtenidas por la AFP. La policía dijo en un comunicado que vestía así para evadir su captura, y que también llevaba un bebé en brazos. “A pesar de que el investigado relató su participación en 80 homicidios, la Policía Civil confirma su participación en 16 homicidios en la región, de los cuales 11 fueron confesados en el interrogatorio”, indicó la fuerza a la AFP.

Esos 16 homicidios fueron cometidos desde mayo. Se desconoce quiénes eran las víctimas ni cómo eran cometidos los crímenes. Semanas antes de su detención, había logrado escapar tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, que lo consideran miembro de un grupo criminal “ultraviolento”.

En un video de su interrogatorio al que accedió la AFP, el hombre relató que actuaba por cuenta propia y negó tener vínculos con facciones del crimen organizado.

Por el contrario, aseguró que todas sus víctimas estaban “vinculadas al mundo del crimen” y que buscaba hacer su propia justicia ante amenazas contra él y su familia. “Nunca actué contra ningún padre de familia, madre de familia, trabajador”, declaró, al tiempo que negó ser “una persona psicópata”.

Dijo también que perpetró su primer homicidio a los 13 años. En el enfrentamiento antes de su captura, la policía incautó en un campamento chalecos antibalas, la culata de una subametralladora y más de 100 municiones, que el hombre reconoció como propios durante el interrogatorio.

Fuente: AFP.

La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.

La Justicia Federal de Brasil elevó a 28 años, un mes y 15 días de prisión la condena contra el peligroso criminal brasileño Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto”, por el feminicidio de la joven paraguaya Lidia Meza Burgos, ocurrido el 17 de noviembre de 2018. La decisión modifica el fallo de primera instancia que había fijado la pena en 24 años de cárcel.

El sangriento hecho se registró en el interior de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional en Asunción, donde el procesado se hallaba recluido. Según la investigación, Pinheiro Veiga atacó a la joven de 18 años con un cuchillo de mesa, infligiéndole 53 estocadas. La hipótesis fiscal sostuvo que el homicidio fue perpetrado de manera premeditada para abrir una nueva causa penal en Paraguay y frenar su inminente expulsión o extradición a Brasil.

Marcelo Piloto es reconocido como uno de los líderes históricos y principales proveedores de armas y drogas del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región. Tras ser detenido en Encarnación en diciembre de 2017 tras permanecer prófugo de la justicia brasileña desde 2007, su presencia en Asunción representó una permanente amenaza a la seguridad nacional, lo que desencadenó su posterior expulsión vía decreto presidencial a pocos días del atroz crimen.

La investigación en territorio paraguayo estuvo liderada inicialmente por la fiscal María Irene Álvarez, quien recolectó las evidencias decisivas en la escena del crimen. Posteriormente, la causa fue encauzada por la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán, para la transferencia formal de los antecedentes y medios probatorios a los estrados judiciales del país vecino.

El incremento del castigo penal responde al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público Federal de Brasil, que demandó una sanción más severa acorde a la crueldad del hecho. La resolución judicial dispone además que el condenado deberá cumplir la totalidad de la pena bajo un régimen cerrado y de máxima seguridad en una prisión federal.