Senadores de la oposición presentaron el libelo acusatorio para la expulsión vía de pérdida de investidura de su colega Erico Galeano, quien finalmente no presentaría la renuncia a su banca por recomendación de su abogado Ricardo Estigarribia, tras ratificarse la condena de 13 años de prisión en un proceso judicial vinculado con la causa A Ultranza Py.

En la exposición de motivos, los legisladores refieren que la permanencia en el Senado de un legislador con dos sentencias por lavado de activos y asociación criminal compromete la dignidad del Poder Legislativo y la credibilidad de las instituciones democráticas. Así como el compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como el principio republicano de probidad en el ejercicio de la función pública.

“El Congreso Nacional le facilitó o autorizó a Galeano un permiso para que pueda ejercer su defensa, la justificación para eso fue que la sentencia no estaba firme. Existe una confirmación en la segunda instancia, pero hoy en día la sentencia sigue sin estar firme”, argumentó Estigarribia ayer a la 650 AM.

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El abogado acotó: “Por lo menos que los senadores nos permitan volver apelar o ir con recursos en área de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Me parece que existe una incongruencia en el razonamiento de ese cuerpo colegiado ya que no vario el argumento fundamental referente a que la sentencia quede firme".

Ayer miércoles, los senadores aprobaron la derogación del permiso concedido a Galeano el pasado 11 de marzo y su inminente salida se dará la próxima semana tras la ratificación de su sentencia a 13 años de prisión. Igualmente, la bancada de Honor Colorado ratificó su postura a favor de la expulsión del parlamentario.

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El presidente del Senado, Basilio Núñez, adelantó que la próxima semana ya se estaría tratando el pedido de pérdida de investidura.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles la dero­gación del permiso concedido al senador Erico Galeano, el pasado 11 de marzo. La inmi­nente salida del legislador se da tras la ratificación de la sen­tencia de 13 años de prisión por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal por parte del Tribunal de Apelaciones, en una segunda instancia.

En el estadio de pedi­dos y formulaciones, el legisla­dor Éver Villalba planteó el pro­yecto de resolución “que deroga la Resolución n.° 1643, de fecha 11 de marzo de 2026, ‘Por la cual se concede permiso al senador de la Nación Erico Galeano Segovia’”, que fue aprobado por el pleno.

El presidente del Senado, Basi­lio Núñez, adelantó antes del inicio de la sesión que se daría este escenario, la derogación del permiso de Galeano y que la próxima semana, en una sesión extraordinaria el día martes, ya se estaría tratando el pedido de pérdida de investidura.

“La decsión es la que preanunciá­bamos, si el colega no renuncia en este lapso, se habló con los colegas de la oposición que se va activar otro mecanismo. La renuncia es una cuestión per­sonal, se le planteó a través de uno de los vicelíderes de ban­cada, no tuvimos retorno. Hoy se deja sin efecto el permiso y la próxima semana, probable­mente el martes va haber una sesión extraordinaria y los cole­gas que preparan el libelo acu­satorio van a presentarlo”, ade­lantaba Núñez.

El documento será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración, donde deberán ratificarse en su sanción inicial o aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara Alta.

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley “Del fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legisla­tivo de la Nación”.

El presidente de la Comisión de Cuentas y Control, senador Dionisio Amarilla, se refirió a las modificaciones introduci­das al proyecto de reforma de la caja parlamentaria, señalando que existe consenso para ele­var la tasa de aporte del legis­lador activo, incrementar el aporte del jubilado y suprimir cualquier tipo de aporte del Estado, entre otras modifica­ciones expuestas ante el pleno. Asimismo, indicó que el pro­yecto fue consensuado con la Comisión de Legislación.

La Cámara de Senadores aprobó la versión con media sanción de la Cámara de Dipu­tados, que establece en su artí­culo 6.° el aporte de los legis­ladores del 24 % sobre la dieta mensual y los gastos de repre­sentación. Los jubilados parla­mentarios y pensionados debe­rán aportar obligatoriamente el 11 % de sus haberes, mien­tras que aquellos con ingre­sos superiores a G. 15 millo­nes aportarán el 15 %. El texto aprobado establece además la prohibición expresa de todo aporte estatal al fondo de jubi­laciones y pensiones del Poder Legislativo. El artículo 7.° fue aprobado con modificaciones, suprimiendo la autorización a la comisión administradora de la caja parlamentaria para el descuento de cheques diferidos.

Retiro de aportes: el artículo 12 fue aprobado en su versión modificada. La normativa establece que el afiliado ten­drá derecho a la restitución del 95 % de sus aportes en un pago único. Asimismo, deberá can­celar previamente cualquier deuda pendiente con la caja.

Jubilación ordinaria: el artículo 14, por dictamen de la Comisión de Legislación, establece el derecho a jubila­ción ordinaria a partir de los 60 años de edad y 15 años de aporte (180 meses).

Jubilación extraordinaria: el artículo 15 establece la jubi­lación extraordinaria desde los 60 años de edad, con un mínimo de 10 años de aporte (120 meses).

Haber jubilatorio: El artí­culo 17 fue aprobado con modificaciones.

Jubilación ordinaria: 80 % del promedio de dietas y gas­tos de representación de los últimos 15 años.

Jubilación extraordinaria: 60 % del promedio de los últi­mos 10 años.

Jubilación por invalidez: equivalente al salario mínimo legal vigente.

Indemnización de afilia­dos: el artículo 29 fue apro­bado con modificaciones, estableciendo que en caso de desvinculación del funcio­nario con deudas con la caja, la indemnización corres­pondiente quedará retenida hasta la cancelación total de la deuda.

De manera conjunta sesionaron las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar, y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla. En la ocasión, recibieron a representantes de instituciones del Poder Ejecutivo, con el objetivo de analizar normativas vinculadas a sus respectivas competencias legislativas.

Como primer punto del orden del día se estudió el proyecto de Ley “Acuerdo por Notas Reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno del Japón, relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto de desarrollo de instalaciones vinculadas a tecnología satelital”, remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este contexto, el Gral. Div. Aer. (R) Osvaldo Almirón Riveros, titular de la Agencia Espacial del Paraguay, presentó los avances institucionales mediante un informe ilustrado, detallando las funciones de la entidad y las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento del proyecto.

Posteriormente, los miembros de ambas comisiones debatieron lo expuesto, manifestando distintos puntos de vista y formulando sugerencias orientadas a fortalecer el desarrollo del sector. Asimismo, destacaron el trabajo realizado por la Agencia Espacial del Paraguay.

Cabe mencionar que, para el análisis de este tema, también participó la viceministra de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Teodora Recalde. Finalmente, ambas comisiones resolvieron dictaminar a favor del proyecto, el cual será considerado en una próxima sesión ordinaria del Senado.

En el segundo punto del orden del día, se recibió al ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas, junto con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias y de la OPACI, a fin de analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones de la Ley Nº 7264/24, relacionada con el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (programa “Hambre Cero”), así como normativas conexas, presentado por varios senadores.

Durante el tratamiento, los senadores desarrollaron un amplio debate en el que expusieron diversas posturas respecto a las modificaciones planteadas. Entre los principales argumentos, señalaron que no resultaría adecuado asignar a los municipios la responsabilidad del programa “Hambre Cero”, debido a la falta de herramientas y capacidades para su implementación, considerando la magnitud y complejidad de dicha función.

Asimismo, indicaron que el proyecto aún no se encuentra plenamente consolidado, por lo que no sería oportuno introducir modificaciones en esta etapa.

En ese contexto, el senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Cuentas y Control, propuso como moción de orden postergar el tratamiento del proyecto, sugiriendo convocar a los gobernadores para conocer sus posturas.

Argumentó que se trata de una normativa de alta sensibilidad, al involucrar directamente a la población infantil, por lo que su análisis requiere mayor profundidad y consenso.

Finalmente, ambas comisiones resolvieron postergar el estudio del proyecto, con el objetivo de contar con información adicional que permita una mejor toma de decisiones.

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