El vicepresidente y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, destacó que la protección y restitución de los derechos de los pueblos originarios son un compromiso fundamental del Gobierno del Paraguay y el eje central de la gestión en la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos (CICSI).

Al respecto, desde la Vicepresidencia de la República informaron que el Estado paraguayo coordina acciones para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en las comunidades Yakye Axa y Xákmok Kásek. En ese marco, se llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por la directora general de Derechos Humanos, María Teresa Peralta, y el director de Cumplimiento de Sentencias Internacionales, Santiago Ammatuna.

​El encuentro reunió a representantes convencionales de las comunidgdes indígenas Yakye Axa y Xákmok Kásek, junto con referentes estratégicos del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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Durante la reunión, se definieron pasos críticos para garantizar los derechos territoriales y la calidad de vida de las comunidades, destacándose los siguientes puntos:

• ​Titulación de tierras: avances técnicos en los trabajos de mensura, paso fundamental para la seguridad jurídica de sus territorios.​ Infraestructura y acceso: gestiones para asegurar la transitabilidad permanente del camino de acceso a la comunidad Yakye Axa.
• ​Conectividad: acuerdos sobre el reglamento interno para el uso de caminos de interconexión.
• ​Reparación simbólica: revisión de la propuesta estatal para la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

​“El objetivo central es articular de manera efectiva las acciones del Estado para honrar los compromisos asumidos ante los organismos internacionales y asegurar el bienestar de las familias indígenas", señalaron las autoridades durante el cierre de la jornada.

​Como conclusión de la mesa de trabajo, las instituciones presentes resolvieron potenciar la capacidad de gestión del Indi en coordinación directa con los ministerios competentes. Esta sinergia busca eliminar trabas burocráticas y dar cumplimiento efectivo a los puntos acordados, reafirmando la voluntad del Estado de saldar las deudas históricas con ambas comunidades.

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Una nueva jornada de atención integral a personas adultas mayores ofreció la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. En esta ocasión, la asistencia se brindó en las instalaciones del Colegio San Agustín, en la ciudad de Ñemby.

El equipo de profesionales de la salud llevó diversos servicios destinados a la comunidad en general, con especial énfasis en la atención a personas adultas mayores.

Entre las prestaciones brindadas se destacaron la atención oftalmológica con entrega gratuita de lentes, clínica general y atención pediátrica.

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Asimismo, los asistentes accedieron a servicios de documentación, tanto para primera cédula como renovación, además de peluquería para niños y adultos.

La presidenta de la citada comisión asesora, diputada Johana Vega, acudió al sitio acompañada por su colega Dalia Estigarribia.

La legisladora colorada destacó la participación de adultos mayores y vecinos de la comunidad durante la jornada de asistencia desarrollada en la fecha.

Así también, la congresista expresó su agradecimiento a las diversas entidades, tales como el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Policía Nacional y Ministerio de Salud que respaldan estas actividades.

Afirmó que dicho apoyo permite dar continuidad a las jornadas de asistencia integral promovidas desde la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores.

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El pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”. El documento será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración, la cual deberá ratificarse en su sanción inicial o aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara Alta.

El presidente de la Comisión de Cuentas y Control, senador Dionisio Amarilla, se refirió a las modificaciones introducidas al proyecto de reforma de la Caja Parlamentaria, señalando que existe consenso para elevar la tasa de aporte del legislador activo, incrementar el aporte del jubilado y suprimir cualquier tipo de aporte del Estado, entre otras modificaciones expuestas ante el pleno. Asimismo, indicó que el proyecto fue consensuado con la Comisión de Legislación.

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La Cámara de Senadores aprobó la versión con media sanción de la Cámara de Diputados, que establece en su artículo 6° el aporte de los legisladores del 24 % sobre la dieta mensual y los gastos de representación.

Los jubilados parlamentarios y pensionados deberán aportar obligatoriamente el 11 % de sus haberes, mientras que aquellos con ingresos superiores a G. 15 millones aportarán el 15 %.

El texto aprobado establece además la prohibición expresa de todo aporte estatal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo. El artículo 7° fue aprobado con modificaciones, suprimiendo la autorización a la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria para el descuento de cheques diferidos.

Retiro de aportes: el artículo 12 fue aprobado en su versión modificada. La normativa establece que el afiliado tendrá derecho a la restitución del 95 % de sus aportes en un pago único. Asimismo, deberá cancelar previamente cualquier deuda pendiente con la Caja.

Jubilación ordinaria: el artículo 14, por dictamen de la Comisión de Legislación, establece el derecho a jubilación ordinaria a partir de los 60 años de edad y 15 años de aporte (180 meses).

Jubilación extraordinaria: el artículo 15 establece la jubilación extraordinaria desde los 60 años de edad, con un mínimo de 10 años de aporte (120 meses).

Haber jubilatorio: El artículo 17 fue aprobado con modificaciones:

• Jubilación ordinaria: 80 % del promedio de dietas y gastos de representación de los últimos 15 años.
• Jubilación extraordinaria: 60 % del promedio de los últimos 10 años.
• Jubilación por invalidez: equivalente al salario mínimo legal vigente.

Indemnización de afiliados: el artículo 29 fue aprobado con modificaciones, estableciendo que en caso de desvinculación del funcionario con deudas con la Caja, la indemnización correspondiente quedará retenida hasta la cancelación total de la deuda.

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Diputados de diferentes bancadas impulsan un proyecto de ley que busca reducir la carga horaria de los bioquímicos y farmacéuticos del Instituto de Previsión Social (IPS). De promulgarse la ley, beneficiará a 1.249 profesionales del sector, que actualmente prestan servicios en esta institución.

Se quiere disminuir las horas de trabajo de estos profesionales, pasando de 24 a 12 horas semanales. Esto con el propósito de igualarlos al sistema implementado con los médicos y enfermeras del ente previsional.

“La reducción de la carga horaria no constituye un privilegio, sino una medida de protección y racionalización laboral, orientada a fortalecer la eficiencia del sistema sanitario y garantizar la calidad técnica de las prestaciones”, fundamentan los proyectistas.

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Se prevé aplicar de manera equitativa tanto a contratados como permanentes que trabajan en toda la red asistencial dependiente del IPS. Los legisladores destacan que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomiendan adecuar las condiciones laborales al nivel de riesgo y responsabilidad, “priorizando la prevención del agotamiento profesional”.

Entre los proyectistas figuran los diputados: Miguel Del Puerto, Hugo Meza, César Cerini, Cristina Villalba, Carlos Godoy y sus colegas: Pastor Vera Bejarano, Del Pilar Vázquez, Dalia Estigarribia, entre otros de diferentes bancadas.

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