El riesgo país en América Latina cerró abril con Paraguay en 108 puntos, ubicándose como el tercer país con menor nivel de riesgo en la región, solo por detrás de Uruguay (62) y Chile (83), según datos del índice EMBI elaborado por JPMorgan.

En un contexto de volatilidad en los mercados financieros globales, los bonos latinoamericanos mostraron adaptabilidad. El EMBI regional cayó de 308 puntos al inicio de abril a 262 al cierre, reflejando una mejora en la percepción de los inversores.

El ranking regional evidencia grandes diferencias entre economías. En el extremo de mayor riesgo se ubica Venezuela con 5.557 puntos, seguido por Argentina (556), Ecuador (411) y Bolivia (408). En el otro extremo, los países más estables continúan siendo Uruguay, Chile y Paraguay. Brasil se posiciona con 174 puntos y México en torno a 190 unidades, manteniéndose en niveles intermedios dentro de la región.

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El riesgo país refleja el diferencial de tasa que deben pagar los bonos soberanos frente a los del Tesoro de Estados Unidos, considerados el activo más seguro a nivel global. Se expresa en puntos básicos y sintetiza la percepción de los inversores sobre la capacidad de pago, la estabilidad macroeconómica y la solidez institucional de una economía. Variables como el crecimiento, la inflación, el nivel de endeudamiento y el contexto político influyen directamente en este indicador, es por ello que si el riesgo país es alto, más caro le resulta al país financiarse en los mercados internacionales.

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El pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”. El documento será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración, la cual deberá ratificarse en su sanción inicial o aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara Alta.

El presidente de la Comisión de Cuentas y Control, senador Dionisio Amarilla, se refirió a las modificaciones introducidas al proyecto de reforma de la Caja Parlamentaria, señalando que existe consenso para elevar la tasa de aporte del legislador activo, incrementar el aporte del jubilado y suprimir cualquier tipo de aporte del Estado, entre otras modificaciones expuestas ante el pleno. Asimismo, indicó que el proyecto fue consensuado con la Comisión de Legislación.

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La Cámara de Senadores aprobó la versión con media sanción de la Cámara de Diputados, que establece en su artículo 6° el aporte de los legisladores del 24 % sobre la dieta mensual y los gastos de representación.

Los jubilados parlamentarios y pensionados deberán aportar obligatoriamente el 11 % de sus haberes, mientras que aquellos con ingresos superiores a G. 15 millones aportarán el 15 %.

El texto aprobado establece además la prohibición expresa de todo aporte estatal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo. El artículo 7° fue aprobado con modificaciones, suprimiendo la autorización a la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria para el descuento de cheques diferidos.

Retiro de aportes: el artículo 12 fue aprobado en su versión modificada. La normativa establece que el afiliado tendrá derecho a la restitución del 95 % de sus aportes en un pago único. Asimismo, deberá cancelar previamente cualquier deuda pendiente con la Caja.

Jubilación ordinaria: el artículo 14, por dictamen de la Comisión de Legislación, establece el derecho a jubilación ordinaria a partir de los 60 años de edad y 15 años de aporte (180 meses).

Jubilación extraordinaria: el artículo 15 establece la jubilación extraordinaria desde los 60 años de edad, con un mínimo de 10 años de aporte (120 meses).

Haber jubilatorio: El artículo 17 fue aprobado con modificaciones:

• Jubilación ordinaria: 80 % del promedio de dietas y gastos de representación de los últimos 15 años.
• Jubilación extraordinaria: 60 % del promedio de los últimos 10 años.
• Jubilación por invalidez: equivalente al salario mínimo legal vigente.

Indemnización de afiliados: el artículo 29 fue aprobado con modificaciones, estableciendo que en caso de desvinculación del funcionario con deudas con la Caja, la indemnización correspondiente quedará retenida hasta la cancelación total de la deuda.

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En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.

El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.

Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.

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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.

Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.

Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.

Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.

En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.

Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.

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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.

Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.

En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.

En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.

Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.

Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.

“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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Por unanimidad de los 36 senadores presentes en sala, el pleno de la Cámara Alta otorgó media sanción al proyecto de Ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por Ley N° 7.609, Ministerio Público”. Se trata de una reprogramación presupuestaria destinada al pago de salarios de agentes fiscales y fiscales adjuntos, cuyo monto asciende a aproximadamente 7.400 millones de guaraníes.

La iniciativa promovida por los senadores Natalicio Chase, Pedro Díaz Verón, Juan Carlos Galaverna Ortega, Javier Zacarías Irún y Lizarella Valiente de Rodríguez plantea la equiparación salarial para los agentes fiscales.

Tras el correspondiente análisis, se procedió a la votación electrónica donde se registró que la totalidad de los presentes acompañaron la aprobación con modificaciones planteadas por las comisiones asesoras. El documento se remite a la Cámara de Diputados.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, destacó que la aprobación de esta ampliación presupuestaria para el Ministerio Público se está concretando a 4 días de que se conmemore el Día del Agente Fiscal paraguayo, fecha que se constituyó en memoria del agente fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia durante su luna de miel hace 4 años.

“Es un momento oportuno que estamos tratando este tema, y solo para reseñar algunos números, que con esta equiparación salarial los 449 agentes fiscales, van a pasar a ganar de 14 millones de guaraníes, a G. 16 millones; y se equiparan a los jueces de primera instancia. Después tenemos 27 fiscales adjuntos que pasarán a ganar de 16 a 19 millones de guaraníes, que en este caso se equipara con los miembros de la Cámara de Apelaciones”, precisó.

El legislador agregó que espera que con estas equiparaciones salariales sirvan para motivar a los agentes fiscales para que lleven adelante sus trabajos, y no permitan que ninguna causa llegue a su prescripción, como ya se dio en ocasiones anteriores.

El líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, explicó que se trata de una ampliación presupuestaria, que inicialmente tenía previsto un mayor alcance incluyendo a los asistentes fiscales, además de los agentes fiscales y fiscales adjuntos. Pero en estudio de comisión se resolvió modificar la propuesta y dejando solamente la ampliación presupuestaria para los dos últimos grupos.

Indicó que esta reprogramación presupuestaria para el Ministerio Público de G. 7400 millones, se dará desde el mes de julio del presente año en adelante; mediante la transferencia de créditos monetarios del Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio Público, que saldrá del rubro destinado a construcciones para el pago de salarios de los agentes fiscales y fiscales adjuntos.

El titular de la Comisión de Cuentas y Control Dionisio Amarilla señaló que se otorga esta ampliación salarial acorde a la gran responsabilidad que tienen los fiscales sobre sus hombros. “También tenemos una aspiramos colectiva que vayan mejorando en materia de gestión, responsabilidad y robustezcan la musculatura de la institución; por ello nuestro voto como bloque es a favor de la propuesta”, acotó.

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