Un convenio de cooperación firmaron este martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón con miras a las internas simultáneas de las organizaciones políticas y los comicios municipales.
El acuerdo tiene como objetivo establecer lazos de cooperación y líneas de acción entre ambas instituciones y cada una en el ámbito de sus competencias legales.
Se busca promover acciones conjuntas y fijar los lineamientos para el control y persecución de los delitos electorales dentro del proceso electoral.
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Así también se prevé diseñar, organizar y ejecutar programas de capacitación conjunta dirigidos a funcionarios de la Justica Electoral y el Ministerio Público.
Se abordarán temas vinculados a Derecho Electoral, Delitos Electorales, Procedimiento Penal Electoral y Gestión de procesos electorales.
‘‘Para nosotros es vital la firma de este acuerdo, con la Fiscalía General del Estado, a los efectos de que, en el Paraguay, los electores y las personas que buscan ser electas tengan esa seguridad en el proceso” destacó el titular de la Justicia Electoral.
A su vez, el fiscal general del Estado remarcó que “el Ministerio Público está siempre presente, tratando de construir ese ideal de país que queremos”.
“La pasión de la política no debe intervenir en la labor de la justicia, es como la esencia del gobierno”, añadió.
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Corte Suprema y Defensa Pública acuerdan instalar oficina de atención en la Plaza de la Justicia
La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) suscribieron este lunes un acuerdo interinstitucional para habilitar un punto de atención en la Plaza de la Justicia de Asunción, con el propósito de facilitar el acceso a los defensores públicos a las personas que acuden al Palacio de Justicia.
El documento fue firmado por el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, y el defensor general, Javier Dejesús Esquivel González. Participaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y César Diesel.
Mediante este convenio, la Corte Suprema de Justicia concede un espacio físico al Ministerio de la Defensa Pública para la instalación de una oficina destinada a brindar asistencia y orientación jurídica, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el defensor general destacó que la iniciativa permitirá acercar los servicios de la Defensa Pública a quienes concurren a la sede judicial, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando el contacto directo con los profesionales de la institución.
“Vamos a tratar de estar un poco más cerca, brindar asistencia y orientación. Eso va a significar que la gente no pierda su tiempo buscando a qué oficina o dependencia tiene que ir para tramitar sus casos”, expresó.
Asimismo, explicó que la ubicación del futuro punto de atención responde a la necesidad de ofrecer un servicio más accesible a las personas que requieren acompañamiento y orientación jurídica durante sus gestiones judiciales. Con esta iniciativa, ambas instituciones avanzan en la cooperación interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia, mediante la futura puesta en funcionamiento de un espacio que permitirá a la ciudadanía contar con atención de la Defensa Pública en el entorno inmediato del Palacio de Justicia.
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Irán a prisión quienes profanen tumbas o perturben el descanso de los difuntos
Las personas que atenten contra los restos de personas fallecidas o los espacios destinados a su descanso serán sancionadas con penas privativas de libertad de dos a cinco años, o multas, según recordó el Ministerio Público.
El Código Penal paraguayo, Ley n.º 1160/97 establece en su artículo 231 la figura penal de “Perturbación de la paz de los difuntos”, que contempla sanciones para los que cometen este tipo de hechos.
En estos días, en que se celebra la fiesta de Halloween, o la Noche de Brujas, generalmente hay personas que ni a los muertos les dejan en paz, profanando tumbas o atentando contra los espacios al descanso eterno.
La disposición legal busca garantizar el respeto a la memoria de las personas fallecidas, la integridad de sus restos y la tranquilidad de los espacios donde son depositados. Asimismo, resguarda los intereses legítimos de los familiares y de quienes tienen derecho a la custodia de los restos mortales, evitando intervenciones arbitrarias que vulneren sus derechos.
Entre las conductas contempladas por esta disposición se encuentran:
La sustracción de cadáveres: retirar o llevarse, sin autorización, el cuerpo de una persona fallecida.
La sustracción de partes del cuerpo: apoderarse de restos humanos o de partes de ellos.
La intervención no autorizada de sepulturas: abrir, alterar o intervenir tumbas y otros espacios funerarios al margen de los procedimientos legales.
Maltrato o destrucción de restos humanos: realizar acciones que vulneren la integridad de los restos de una persona fallecida.
Las sanciones previstas
El Ministerio Público recortó que las sanciones establecidas son:
La sustracción de cadáveres, partes del cuerpo o cenizas tiene hasta tres años de pena privativa de libertad o multa.
Actos ultrajantes contra un cadáver o una tumba contempla hasta dos años de pena privativa de libertad o multa.
Cuando existe intención de obtener un beneficio patrimonial la pena puede aumentar hasta cinco años de privación de libertad.
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¿Qué hacer ante la profanación de una tumba o la desaparición de restos humanos?
Ante la sospecha o constatación de un hecho de esta naturaleza, se recomienda:
Realizar la denuncia inmediata: acudir a la Policía Nacional o al Ministerio Público para poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes. La denuncia no requiere necesariamente la asistencia de un abogado.
Preservar el lugar: evitar manipular la sepultura, los restos humanos o los objetos que pudieran constituir evidencias.
Recopilar información: conservar fotografías, registros de visitas, datos de la administración del cementerio y cualquier antecedente que permita establecer cuándo ocurrió el hecho.
Solicitar la intervención de las autoridades: facilitar las diligencias de investigación y la preservación de posibles elementos probatorios.
Comunicar el hecho a la administración del cementerio: solicitar información sobre los controles de seguridad, registros de ingreso y eventuales sistemas de videovigilancia.
Las cifras
El Observatorio y la oficina de Estadísticas del Ministerio Público revelan que un total de 221 causas ingresaron en los últimos seis años (2021- 2026, hasta setiembre ) por el hecho punible de perturbación de la paz de los difuntos.
Los datos señalan que los domingos y lunes registran los mayores números de denuncias en el Ministerio Público.
Las denuncias ingresadas muestran que en horas de la mañana fueron reportadas la mayor cantidad de causas a nivel país. Este comportamiento se debe a que muchos de los casos se registran en horas de la noche, pero que los hechos son descubiertos por los familiares de difuntos en horas de la mañana, según los datos.
Los departamentos de mayor registro de causas son Asunción, Central, Cordillera, Caaguazú, y Alto Paraná.
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Julián Vega recibe su proclamación como intendente electo de Roque Alonso
El intendente electo de Mariano Roque Alonso, Julián Agustín Vega Insfrán, recibió su certificado de proclamación tras obtener más de 20.000 votos en las elecciones municipales del 4 de octubre. Posteriormente, visitó al ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, para destacar la organización de los comicios.
Durante el acto de proclamación que se realizó ante la magistrada Myriam González, presidenta del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Capital y Central - Primera Sala, del TSJE, indicó que: “Quiero dar gracias, a Dios, a mi familia y principalmente a cada vecino roquealonseño que nos abrió las puertas de su casa y que creyó en este proyecto”, expresó Vega Insfrán tras recibir el certificado de proclamación.
El jefe comunal colorado agradeció el respaldo ciudadano y afirmó que trabajará por los vecinos de la ciudad. “Vamos a trabajar dignamente por la ciudadanía de Mariano Roque Alonso que confió en nosotros con más de 20 mil votos y estamos a disposición de la Justicia Electoral”, sostuvo el jefe comunal ante la magistrada del Tribunal Electoral.
Trabajo impecable del TSJE
Posteriormente, visitó al Ministro del TSJE, Jaime Bestard y destacó el trabajo impecable de la Justicia Electoral durante las elecciones municipales del 4 de Octubre pasado. Por su parte, Bestard felicitó al flamante titular de la comuna de Mariano Roque Alonso.
“Quise venir personalmente a saludar al Ministro Jaime Bestard, y a todo su equipo. Quiero destacar el trabajo impecable, transparente y eficiente que hicieron en estas elecciones municipales, en todo el país y principalmente en Mariano Roque Alonso, donde tuvimos una jornada sin incidentes mayores, con resultados rápidos y claros”, remarcó Vega.
Asimismo, resaltó que esos resultados hablan de una institución sólida que da garantías a todos los paraguayos. “Como intendente, mi reconocimiento y mis felicitaciones al ministro y a todos los funcionarios electorales”, sostuvo Julián Vega, acompañado de miembros del equipo de transición de mando de la Municipalidad de Roque Alonso.
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Ideología de género: “Todo lo que pueda confundir en su identidad tiene que ser considerado abuso infantil”, sostuvo senadora
La senadora Lizarella Valiente, miembro de la bancada de Honor Colorado, expresó su respaldo a la iniciativa popular vinculada a la protección de niños y niñas respecto a la ideología de género. Aclaró que la propuesta normativa aún debe completar el proceso de certificación de firmas, al tratarse de una iniciativa popular, para luego formalizar su presentación ante el Congreso. Sostuvo que, una vez ingresada deberá ser analizada en comisiones, audiencias públicas y mesas de trabajo con especialistas.
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No obstante, en entrevista con La Nación/Nación Media, la parlamentaria confirmó que acompaña el espíritu de la propuesta ciudadana y vinculó su postura con la protección de la identidad y el desarrollo de niños y niñas. Indicó que la educación sexual en las instituciones educativas es importante, pero la discusión debe centrarse en el enfoque de los contenidos.
En cuanto al proceso, señaló que por de pronto tiene conocimiento que la iniciativa popular cuenta con más de 50.000 firmas; pero todavía no se hizo una presentación oficial, porque al tratarse de una iniciativa popular tiene un trámite que cumplir en la Justicia Electoral para la certificación de las firmas.
“Como senadora, acompaño el espíritu de la iniciativa. Una vez que llegue al Congreso tendrá que seguir un trámite por las distintas comisiones, ya que deberá pasar por las comisión de Asuntos Constitucionales, que es la más importante, porque, si está en contramano con la Constitución Nacional, no se tiene que aprobar. También contar con dictamen de Legislación, Derechos Humanos, Equidad y Género y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, porque tiene que ver con los niños, que son las comisiones afines”, expresó.
Protección de la niñez
Valiente resaltó que su labor legislativa se centra en la protección de la niñez y en la preservación de la indemnidad de niños y niñas, en concordancia con el artículo 54 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en garantizar su desarrollo armónico.
Remarcó además que el desarrollo armónico es justamente su bien jurídico que es la indemnidad, que busca proteger su desarrollo libre y sano de la sexualidad de los menores de edad frente a injerencias o conductas abusivas.
“Todo lo que pueda llegar a confundir en su identidad, en el desarrollo de su personalidad, se refiere en ese proceso de cero año a más o menos, según la ciencia, hasta los siete u ocho años, tiene que ser realmente considerado abuso infantil”, remarcó.
Biología e identidad
La parlamentaria sostuvo que la perspectiva de género desconoce la realidad biológica al plantear cuestiones vinculadas con la identidad sexual y advirtió que los niños podrían asumir como cierta la idea de que pueden elegir ser lo que desean. Señaló que la identidad también tiene un componente biológico y manifestó su acompañamiento al espíritu del proyecto relacionado con la protección infantil.
“Esa confusión es lo que nosotros consideramos y por eso acompaño el espíritu de la iniciativa popular, al referir que es abuso infantil. Porque le confunde en su identidad al niño o niña. Esto no tiene nada que ver con la libertad genuina que tiene un adulto, de autopercibirse como quiera, de tener la orientación sexual que quiera; porque no estamos hablando de adultos, de sujetos de derecho y de hecho. Sin embargo, los niños son sujetos de derecho, pero no todavía de hecho y en tutela de un adulto”, remarcó.
Finalmente, la senadora colorada destacó la relevancia de las iniciativas populares como herramientas propias de una república democrática y celebró que los ciudadanos, especialmente los padres y tutores, se involucren en el debate sobre los contenidos que reciben sus hijos y las políticas públicas aplicadas en el sistema educativo. Si bien reconoció que la educación sexual es necesaria en las escuelas, la discusión central gira en torno al enfoque que se le dará.