En medio de la creciente preocupación ciudadana por los hechos de inseguridad, la Policía Nacional dispuso una amplia reestructuración en su esquema operativo con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y optimizar la respuesta policial en distintos puntos del país.

A través de la Resolución N.° 727, el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, ordenó cambios en las Direcciones de Policía de Prevención y Seguridad de diez departamentos, tanto de la Región Oriental como del Chaco, en una medida que apunta a reforzar el control operativo y mejorar la presencia policial en zonas consideradas estratégicas.

Los nuevos responsables designados son Asunción: Francisco Rubén Ávalos Barrios; Guairá: Roque Armando Cañete; Alto Paraná: Jorge Ramón Aquino Aguayo; Caaguazú: José Osvaldo Aguiar Vega; Paraguarí: Ricardo Orué Salinas.

También en San Pedro: Eladio Rubén Martínez Reyes; Canindeyú: Ramón Escobar Rolón; Ñeembucú: Christian Javier Ramírez Aguilera; Presidente Hayes: José Félix Vega; Alto Paraguay: Reinaldo Delgado Arce.

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La reorganización también alcanza a la Dirección General de Prevención y Seguridad, encabezada por el comisario general Ángel Franco Muñoz, quien ratificó a varios jefes de los Departamentos de Seguridad Ciudadana y dispuso nuevos traslados considerados estratégicos dentro de la estructura policial.

Desde la institución señalaron que el objetivo de esta reingeniería es oxigenar la gestión, fortalecer el despliegue territorial e intensificar las tareas preventivas en los departamentos donde se requiere una mayor presencia policial.

La expectativa es que los cambios permitan mejorar la coordinación operativa y ofrecer una respuesta más eficiente ante los desafíos en materia de seguridad ciudadana.

La reestructuración se produce en un contexto en el que la ciudadanía reclama mayores resultados frente a los hechos delictivos, por lo que las nuevas autoridades departamentales tendrán el desafío de traducir estos cambios administrativos en una mayor capacidad de prevención y en una recuperación de la percepción de seguridad en sus respectivas jurisdicciones.

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El actual asesor financiero dijo no se conoce lo que al IPS le deben, partiendo de la deuda histórica que data de 1943.

El exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS) Car­los Pereira analizó la situa­ción en la que se encuentra la previsional; en este sentido, indicó que mucho se habla de las deudas del instituto, pero no se habla de las empresas y el propio Estado que adeudan.

“Mucha gente todos los días habla de las carencias y de todo lo que pasa en el IPS y casi todas las noticias son negativas; se habla mucho de lo que el IPS debe, pero casi no se habla o casi no se conoce lo que al IPS le deben, partiendo de la deuda histórica que data de 1943. El Estado le debe aproximadamente 780 millo­nes de dólares, y después está la deuda de las empresas por aportes”, indicó a la 650 AM.

Refirió que la previsional debe abordar también esta situación y establecer meca­nismos para recuperar estas deudas. “Hay que entender, acá hay situaciones judiciales, prejudiciales, está la antigüe­dad; de hecho, hay provisio­nes ya incobrables dentro de los estados financieros, pero si uno va a pretender que sola­mente por una acción judicial o una demanda por inhibicio­nes encima, con una categoría 6, ya no es sujeto de crédito, es imposible que una empresa pueda salir y pueda ser reflo­tada si no es a través de una excepcionalidad”, apuntó.

Explicó que el IPS compra todos los servicios y bienes que la economía produce porque está orientado a hos­pitales; “ahí se lavan sába­nas, tiene alimentación, tiene servicios de seguridad y lim­pieza, tiene un abanico de ser­vicios que compra”, y con esto plantea una solución para los deudores a la previsional.

La figura jurídica de Estado transferiría hospitales públicos a la entidad en compensación por el pasivo acumulado, evitando recurrir a nueva emisión de bonos.

El conflicto que surge sobre cómo cance­lar la deuda histó­rica que el Estado mantiene con el Instituto de Previ­sión Social (IPS) suma una nueva propuesta. El ase­sor de la previsional, Carlos Pereira, planteó utilizar la figura jurídica de la dación en pago, mediante la cual el Estado transferiría hospi­tales públicos a la entidad en compensación por parte de la deuda acumulada, evi­tando recurrir a una nueva emisión de bonos.

Esta alternativa nace en medio de la discusión sobre el saneamiento financiero de la previsional. Días atrás, la institución anunció que busca reprogramar parte de su deuda financiera a diez años con el objetivo de libe­rar recursos para fortalecer la compra de medicamentos y mejorar la disponibilidad de insumos en los servicios de salud. Pereira sostuvo que el Estado dispone de bienes que podrían utilizarse para can­celar sus obligaciones con la previsional. “Soy partidario de no pedir emisión de bonos por parte del Estado. Hay que buscar otros mecanismos”, afirmó a la 1020 AM.

Como alternativa, propuso que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) transfiera al IPS los hospitales que actual­mente utiliza y que pertene­cen al Estado, siempre que el valor de tasación de esos inmuebles represente el monto de la deuda histórica.

La dación en pago es un meca­nismo previsto en el derecho civil mediante el cual un deudor extingue una obligación entre­gando un bien distinto al dinero originalmente adeudado, siem­pre que ambas partes acepten esa modalidad de pago.

En este caso, implicaría que el patrimonio inmobiliario sus­tituya parcialmente el des­embolso de recursos finan­cieros. Según Pereira, una vez regularizada esa deuda his­tórica, podría establecerse una nueva relación finan­ciera entre el IPS y el Estado, basada en reglas claras y coor­dinada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Está propuesta abre un nuevo debate sobre las alternativas para fortalecer la situación financiera del IPS sin incre­mentar el endeudamiento público mediante emisiones de bonos, y al mismo tiempo, busca dar una salida a una obligación que se arrastra desde hace años.

El exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, analizó la situación en la que se encuentra la previsional; en este sentido, indicó que mucho se habla de las deudas del instituto, pero no se habla de las empresas y el propio Estado que adeudan.

“Mucha gente todos los días habla de las carencias y de todo lo que pasa en el IPS y casi todas las noticias son negativas; se habla mucho de lo que el IPS debe, pero casi no se habla o casi no se conoce lo que al IPS le deben, partiendo de la deuda histórica que data de 1943. El Estado le debe aproximadamente 780 millones de dólares, y después está la deuda de las empresas por aportes”, indicó a la C650 AM.

Refirió que la previsional debe abordar también esta situación y establecer mecanismos para recuperar estas deudas. “Hay que entender, acá hay situaciones judiciales, prejudiciales, está la antigüedad; de hecho, hay provisiones ya incobrables dentro de los estados financieros, pero si uno va a pretender que solamente por una acción judicial o una demanda por inhibiciones encima, con una categoría 6, ya no es sujeto de crédito, es imposible que una empresa pueda salir y pueda ser reflotada si no es a través de una excepcionalidad”, apuntó.

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Explicó que el IPS compra todos los servicios y bienes que la economía produce porque está orientado a hospitales; “ahí se lavan sábanas, tiene alimentación, tiene servicios de seguridad y limpieza, tiene un abanico de servicios que compra”, y con esto plantea una solución para los deudores a la previsional.

“El IPS tiene que escudriñar y ser un poco creativo, que es lo que de repente se puede proponer una excepcionalidad para que un contrato a través de una fiducia de administración se pueda, por una excepción, contratar una empresa que todavía brinda servicios y utilizar todas las gamas de servicios que tiene el instituto”, mencionó.

Planteó que “a través de una fiducia de garantías, por ejemplo, la banca pública puede prestar a las empresas con problemas, cancelar las deudas con el IPS y ese contrato va a ser la garantía para que se pague el préstamo por una parte y mantener en competencia dentro de la actividad laboral y va a ser una manera de extinguir su deuda y va a ser un generador de empleo también para una empresa fallida que en este momento no está activando”.

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