La Cámara de Diputados solicita informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la falta de pago de haberes jubilatorios a policías y militares retirados en el año 2025.
El proyecto de resolución fue presentado por el diputado Alejandro Aguilera y tuvo acompañamiento del pleno durante su tratamiento en la última sesión.
Se pide información oficial respecto a la situación de efectivos policiales y militares que se acogieron a la jubilación o retiro durante el año 2025 y que, hasta la fecha, no se encuentran percibiendo sus haberes jubilatorios.
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El proyectista argumentó que, considerando que el haber jubilatorio constituye un derecho previsional de carácter alimentario, resulta necesario conocer las razones que explican la falta de pago, así como las medidas previstas para regularizar esta situación, expresa parte del documento.
Se precisan datos igualmente sobre la cantidad de jubilados y retirados afectados por esta situación, y en qué estado se encuentran los expedientes administrativos de los beneficiarios pendientes de cobro.
El MEF deberá responder además si existen impedimentos presupuestarios, administrativos o legales que estén causando falta de pago, y para cuándo se prevé regularizar el desembolso de los haberes jubilatorios pendientes.
Finalmente, los diputados piden la remisión del plan de pago previsto para los afectados, y las medidas a adoptarse por el MEF para garantizar el cobro de estos haberes.
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Por ley buscan crear figura del “consorcio” para obras conjuntas entre municipios y gobernaciones
Un proyecto de ley que plantea crear la figura del “consorcio” para que municipios y gobernaciones puedan encarar obras conjuntas tuvo entrada oficial en la Cámara de Diputados.
La iniciativa es impulsada por los diputados colorados Miguel Del Puerto y César Cerini. Se trata de la modificación y ampliación del Artículo 19 de la Ley N° 3966/2010 - Orgánica Municipal.
La idea es agilizar las inversiones, el acceso a créditos y la ejecución de obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
El documento apunta a otorgar herramientas concretas a los gobiernos locales para trabajar de forma asociada y eficiente, según el proyecto.
El diputado Del Puerto explicó que la normativa actual limita el accionar conjunto entre municipios y deja fuera a las gobernaciones.
“Hoy un intendente solo no puede encarar un hospital regional o una ruta que cruce tres distritos. Con esta ley, podrán unirse, poner recursos en común y ejecutar obras que solas serían imposibles”, fundamentó.
Se plantea la creación de Consorcios Municipales y Departamentales, a fin de posibilitar que municipalidades y gobernaciones conformen una nueva figura jurídica con administración propia para encarar proyectos en común.
Así también, habilita la posibilidad del manejo de fondos conjuntos. “Las municipalidades y gobernaciones que integren un consorcio podrán disponer de una caja común para ejecutar obras y servicios, previa autorización de sus respectivas juntas municipales y departamentales”, refiere el texto legislativo.
Por otro lado, se autoriza el acceso a créditos y alianzas público privadas. “Los consorcios podrán adquirir créditos con entidades bancarias y establecer Alianzas Público-Privadas para financiar obras de gran envergadura, sin depender, exclusivamente, del Presupuesto General de la Nación (PGN)”, añade el proyecto de ley.
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El gobierno apunta a consolidar credibilidad ante Moody’s
El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión con representantes de la calificadora internacional Moody’s en el marco del proceso anual de revisión de la nota crediticia de Paraguay. El encuentro se realizó con el vicepresidente de la firma, Willian Foster, y el asociado Dylan Walsh, y contó además con la participación del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.
Durante la reunión, las autoridades expusieron los principales lineamientos de la política económica, con énfasis en la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y el fortalecimiento institucional.
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Peña sostuvo que el objetivo del gobierno es sostener un marco económico predecible que permita consolidar el crecimiento y generar condiciones favorables para la inversión. En este sentido, la reunión con Moody’s se ve como una instancia clave para transmitir confianza a los mercados internacionales y reafirmar el compromiso con reglas fiscales claras.
La revisión de la calificación se da en un momento relevante para Paraguay, tras haber alcanzado el grado de inversión en julio de 2024, lo que le permitió desde ese entonces acceder a financiamiento en mejores condiciones y ampliar su atractivo como destino de capitales.
Cabe recordar que Moody’s fue la primera calificadora en otorgar a Paraguay el grado de inversión, un hito que posicionó al país dentro de un grupo más reducido de economías consideradas de bajo riesgo crediticio.
Este reconocimiento no solo mejoró el perfil financiero del país, sino que también impactó en el costo del endeudamiento soberano y en las condiciones de financiamiento para el sector privado.
Desafíos
Si bien Paraguay mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos en comparación con la región, el desafío principal radica en sostener el equilibrio fiscal en un contexto de mayores demandas sociales y presión sobre el gasto público.
En ese escenario, el gobierno busca mostrar avances en la gestión de las cuentas públicas, el control del déficit y la eficiencia del gasto, elementos clave que las agencias calificadoras evalúan en sus revisiones periódicas.
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Audiencia Pública: Diputados debaten reforma para sancionar uso abusivo del sistema judicial
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, organizó una audiencia pública para debatir aspectos del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley Nº 1160/97 - Código Penal Paraguayo”. La iniciativa busca fortalecer la protección de la administración de Justicia y prevenir el uso abusivo del sistema judicial.
Esta audiencia estuvo presidida por el titular de la comisión el diputado, Yamil Esgaib, junto con sus colegas Jorge Ávalos Mariño que preside la Comisión de Legislación y Codificación; y José Rodríguez, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Estuvieron presentes, a su vez, representantes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Gremio de Abogados de Caaguazú, la Asociación de Defensores, entre otros estamentos.
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En el inicio de esta actividad, el legislador Esgaib destacó que, conforme al derecho comparado, diversos países como Brasil, México, España y, recientemente, Argentina, avanzan en reformas orientadas a sancionar con mayor severidad conductas vinculadas a denuncias falsas, especialmente en contextos de violencia.
“Debe ser un tema de interés legislativo, dada la necesidad de resguardar tanto a las personas falsamente acusadas como al sistema judicial frente a posibles abusos”, expresó.
En representación de la Fiscalía General del Estado, el Dr. Rubén Darío Riquelme indicó que el proyecto parte de una finalidad legítima: reforzar la protección de la administración de justicia ante el uso indebido de la denuncia penal, particularmente cuando una imputación falsa genera consecuencias gravosas para el denunciado.
Sostuvo que la técnica legislativa adecuada consiste en incorporar un nuevo inciso que contemple una agravante del hecho punible de denuncia falsa. Propuso que, cuando la denuncia derive en la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva o en una condena firme para la víctima, la pena privativa de libertad pueda alcanzar hasta diez años.
Sobre el proyecto
Este proyecto de ley tiene como objetivo promover la implementación de mecanismos más rigurosos que garanticen investigaciones exhaustivas de las denuncias, protegiendo tanto a las víctimas reales como a las personas falsamente acusadas.
Cabe señalar que en países como Chile, Perú y Colombia también se desarrollan debates en torno al endurecimiento de las sanciones por denuncias falsas, aunque estas iniciativas enfrentan críticas relacionadas con el eventual riesgo de desalentar la formulación de denuncias legítimas.
En ese contexto, la propuesta en estudio busca equilibrar la necesidad de sancionar el uso abusivo del sistema judicial con la protección efectiva de quienes recurren a él en busca de justicia, en un marco de equidad y seguridad jurídica.
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Diputados pide informes sobre presuntas irregularidades en la Patrulla Caminera
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que pide informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre la Dirección Nacional de Patrulla Caminera (DNPC).
El pedido fue presentado por la diputada Cristina Villalba, tras un dictamen de la Contraloría General de la República (DGIT/DGDC N° 18/2025) que señala supuestas anomalías institucionales.
Entre los hallazgos figuran designaciones en cargos estratégicos sin cumplir los requisitos legales, vulneración del principio de mérito y posibles hechos punibles vinculados al uso indebido de bienes públicos.
Según la exposición de motivos, existen funcionarios que ocupan cargos sin reunir el perfil exigido por la Resolución MOPC N° 955/2023.
Además, se advierte un estancamiento en el escalafón jerárquico que afecta la operatividad, transparencia y credibilidad de la institución.
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La diputada Villalba subrayó la necesidad de que la cámara ejerza su función de control constitucional con el objetivo de verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría y las acciones correctivas sobre las designaciones irregulares y el régimen de ascensos.
El pliego de consultas incluye un detalle de medidas disciplinarias y sumarios iniciados; las resoluciones que sustentan las designaciones actuales y la cantidad de inspectores generales.
Se piden además datos de funcionarios sin funciones operativas y especificaciones sobre el sistema de promociones y el régimen jubilatorio.
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