Los abogados paraguayos volverán a las urnas el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 para elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM), en unos comicios que definirán a dos miembros titulares y dos suplentes del gremio para el periodo 2026-2029.

Según informaron desde la Corte Suprema de justicia este jueves, la convocatoria electoral cobró forma definitiva luego de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aprobara, mediante la Resolución N.º 196/2026, el cronograma que regirá el proceso. La jornada de votación se extenderá de 07:00 a 17:00, en los locales que serán habilitados por la Corte en las distintas circunscripciones electorales del país.

El calendario contempla como uno de sus primeros hitos el 9 de octubre, fecha establecida para la presentación de las listas de candidatos, proponentes y apoderados generales ante la Secretaría Judicial del TSJE. Las candidaturas deberán contar con el respaldo de los proponentes y cada lista tendrá que designar dos apoderados titulares y dos suplentes.

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Para la elección se prevé la utilización de 200 mesas receptoras de votos, con máquinas de votación distribuidas tanto en Asunción como en los diferentes departamentos. Los abogados que figuren en el padrón y estén habilitados podrán sufragar en cualquiera de las circunscripciones electorales habilitadas, pero solo una vez y en un único local.

La Corte Suprema ya había convocado en marzo pasado a los profesionales de la matrícula para escoger a dos representantes titulares y dos suplentes, en cumplimiento de la Ley N.º 296/1994. La organización del proceso hasta el día de los comicios corresponde a la máxima instancia judicial, mientras que la realización de las elecciones y su juzgamiento están a cargo del TSJE.

El Consejo de la Magistratura está compuesto por ocho miembros, provenientes de distintos sectores del Estado, del ámbito jurídico y académico. La integración vigente incluye a:

• Gerardo Bobadilla Frizzola, representante de los abogados y actual presidente del CM.
• Enrique Berni Brítez, representante de los abogados.
• Luis María Benítez Riera, ministro de la Corte Suprema de Justicia y representante de la máxima instancia judicial.
• Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo.
• Édgar López Ruiz, representante de la Cámara de Senadores.
• Édgar Olmedo Silva, representante de la Cámara de Diputados.
• Gustavo Miranda Villamayor, representante de la Universidad Nacional y vicepresidente del Consejo.
• César Ruffinelli Buongermini, representante de una universidad privada.

La actual composición experimentó un cambio importante este año con el reemplazo del ministro Eugenio Jiménez Rolón por Luis María Benítez Riera como representante de la Corte Suprema.

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“Un aumento generalizado solo agravaría la imperfección que tiene hoy el sistema”, indicó el ministro de Economía, Óscar Lovera, sobre el intransigente reclamo de reajuste salarial de médicos del sector público, aclarando que se requiere de una progresión y discriminación del escalafón profesional para definir las necesidades presupuestarias.

“El punto de partida de su pedido es atribuible a todos, ellos hablan de la pérdida del poder adquisitivo en un periodo de tiempo dado”, puntualizó sobre el argumento que apunta al año 2012 en comparación con la actualidad.

Lovera acotó que “un aumento generalizado para nosotros solamente agravaría la imperfección que tiene el sistema, nosotros tenemos que corregirlo, debe existir una progresión y discriminación positiva en términos a lo que hace las responsabilidades y la formación de cada uno de los médicos, por eso nosotros hablamos de la carrera médica. Estamos analizando las alternativas para hacer esto viable”.

En una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el funcionario de Estado manifestó también que “el reclamo de los médicos es tan genuino como puede ser para cualquier sector. Yo no quiero entrar en la parte de que sí es correcto que requieran pasar de un salario de G. 5.000.000 millones a G. 8.000.000 millones. Si nos ponemos a discutir cuánto debe ganar un médico especialista, subespecialista, en formación, yo me siento, diagramamos y vemos cómo podemos hacerlo, pero hablar solamente de la pérdida del poder adquisitivo no es solo del sector médico, es generalizado”.

De esta manera, el funcionario de Estado considera que utilizar la pérdida del poder adquisitivo como motivo exclusivo carece de sustento, ya que es un fenómeno que afecta por igual a toda la economía y a los demás sectores de la población.

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El sector médico reclama la concreción de mejores condiciones laborales en los hospitales, garantías en la provisión medicamentos e insumos básicos, pago de feriados y nombramientos de los contratados. Sin embargo, el punto de conflicto se centra en la exigencia de un aumento directo de G. 3.000.000 por vínculo, solicitando pasar de los G. 5.000.000 actuales a un total de G. 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales.

Los gremios argumentan que, desde 2012, su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos. “Ante esta situación, Lovera recordó que desde el Poder Ejecutivo se analiza la implementación de la carrera sanitaria que consistirá en el pago basado en la especialización, meritocracia y no por vínculo, planteamiento que es rechazado por el sector médico.

“Las retribuciones tienen que estar vinculadas a las responsabilidades, es el puesto que tiene que estar valorado de mejor manera, no la persona y eso mismo es lo que queremos trasladar a esta discusión porque no es lo mismo un médico general, un especialista y subespecialista. Nosotros debemos trabajar en esto para generar más incentivo porque necesitamos hoy más especialistas y subespecialistas”, comentó el ministro.

Por otra parte, Lovera se refirió a la posibilidad de que el sector docente vaya a un paro nacional por cinco días en el presente mes de setiembre. “El pedido de ellos es de un 8 % y en el caso de este sector nosotros estamos cumpliendo todos los acuerdos. El presupuesto 2027 refleja todos los acuerdos que se alcanzaron”, mencionó.

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Con presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel, y de los miembros del Consejo de Administración, se llevó a cabo el acto de habilitación de las nuevas instalaciones del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Juan León Mallorquín.

La puesta en funcionamiento de esta sede se enmarca en las acciones impulsadas para fortalecer el acceso a la Justicia y mejorar la atención a la ciudadanía en todo el territorio nacional.

Durante el acto, el ministro Diesel señaló que uno de los objetivos centrales de la máxima instancia judicial es garantizar una justicia ágil, eficiente y cercana. Asimismo, exhortó al equipo de trabajo, liderado por la magistrada Gloria Liz González, a desempeñar sus funciones con atención a las necesidades de la ciudadanía.

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A su turno, la jueza de Primera Instancia y encargada del despacho, Gloria Liz González, señaló que la habilitación de la sede judicial representa el fortalecimiento de la presencia institucional del Poder Judicial al servicio de la ciudadanía y refleja el compromiso con el acceso a la Justicia en la zona.

El inmueble, cedido a la Corte Suprema de Justicia mediante un contrato con sus propietarios, albergará las dependencias judiciales destinadas a fortalecer la atención y la prestación de los servicios de justicia en la zona.

Del acto oficial participaron también la intendenta municipal, Marta Santander de Correa, magistrados de diversas localidades, profesionales abogados y representantes de gremios de la región, quienes acompañaron la habilitación de esta nueva sede judicial, que permitirá acercar los servicios de justicia a la ciudadanía de Juan León Mallorquín y de su zona de influencia.

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Una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.

El día de ayer, la Aso­ciación de Agentes Fiscales del Para­guay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adop­ción de medidas de seguri­dad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de amena­zas que recibieron por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.

El gremio calificó lo suce­dido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gra­vedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Minis­terio Público que intervie­nen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.

Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posterior­mente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.

El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.

En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judi­cial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.

El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrenta­mientos durante juicios ora­les no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los pro­cesos penales y el libre ejerci­cio de la función fiscal, entre otros puntos.

La amenaza contra los agentes fiscales mencionados ocurrió al finalizar la jornada de juicio del lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce.

“Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales; previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa. Los fiscales adelan­taron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de setiembre a las 10:30.