“Parece que estamos esperando que sucedan hechos luctuosos”, afirmó el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, este lunes al urgir la aplicación de la normativa 7269 de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, promulgada por el Ejecutivo en junio del 2024, ante los disturbios que ayer obligaron a suspender el partido entre Olimpia y Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco.

“Esta ley que está en vigencia fue muy bien trabajada junto con la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, así como la Secretaría Nacional del Deporte”, dijo el senador al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Esta ley es de prevención, si no actuamos y no nos consideramos todos culpables, se tendrán hechos que lamentar. Los dirigentes ya no tienen que dar entradas de favor a hinchadas organizadas violentas. Se tiene que controlar a quienes se les adjudican las entradas, implementar las tecnologías como se hace en varios países como, por ejemplo, los datos biométricos“, dijo Núñez.

La ley plantea una serie de sanciones para los deportistas, aficiona­dos y organizadores que promuevan o permitan los hechos de agresividad en sus eventos. Entre las conductas de violencia se encuentran establecidas no solo la física, sino también los cánticos o la portación de carteles con mensajes ofensivos en el estadio e incluso en las inmediaciones de la sede del evento. También se castiga a quienes financien a los grupos organizados (barrabravas).

Lea también: Dentro de 15 días, MEF y farmacéuticas abordarán el pago de deuda remanente

La normativa también establece la creación del Registro Nacional de Eventos Deportivos (Renades). “La policía misma ya debería estar cargando los datos sobre el registro para discriminar a los hinchas violentos”, comentó. Con relación a las sanciones, independientemente a un castigo penal para hechos concretos de agresión o destrozos, se establecen multas para los infractores.

También se establece la prohibición de acceso a los aficionados, o de la organización en el caso de los clubes. Sin embargo, la ley no estipula entre los castigos la posibilidad de pérdida de la categoría o descenso.

Te puede interesar: Senador Ovelar descarta interés para integrar chapa presidencial

El titular de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma), Gerardo García, calificó como una grata noticia el compromiso del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, en desembolsar la suma de USD 180 millones entre abril y mayo para el pago de la deuda que mantiene el Estado con el sector.

“Recibimos esa grata noticia, es un monto bastante importante y existe un compromiso de pago por parte del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, el cual representa casi el 20 % de la deuda pendiente. Nos explicó de donde provenía los fondos y que la prioridad absoluta del gobierno es pagar la deuda“, indicó este lunes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

García acotó: “Para el pago del 80 % restante nos pidió 15 días de plazo para poder sentarnos de nuevo y encontrar una solución y si es posible ya tener instrumentado la posibilidad de cesión de deudas de nuestras facturas al banco. Se armó un equipo de trabajo con nuestros abogados para que puedan ponerse de acuerdo con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y así tener un documento apetecible para negociar con los bancos y bajar las deudas de forma favorable”.

Lea también: Comando Central de HC alista visitas de Peña y Alliana a intendentables

La propuesta acordada establece que el 80 % de los USD 180 millones se destine al pago por provisión de medicamentos y el 20 % a otros servicios sanitarios. “Es importante señalar que fue la primera vez que, en una reunión que tuvimos con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, participaron todo el equipo del Ministerio de Salud Pública, desde la ministra María Teresa Barán, sus viceministros, así como el director financiero. Esto fue muy importante porque al final la entidad que a nosotros nos debe es el Ministerio de Salud Pública”, comentó.

García agregó que “anteriormente cuando nos reuníamos y al no participar el Ministerio de Salud Pública, se dudaba hasta incluso de la deuda. Nosotros confiamos mucho en Lovera, si hay alguien que conoce el presupuesto de punta a punta es él y si no hay una solución desde el punto de vista de las recaudaciones, estamos seguro que él va a sugerir otras alternativas”.

Te puede interesar: PLRA define su hoja de ruta: primero las municipales, después el 2028

El presidente del Indert destaca que el gobierno de Santiago Peña ya entregó 12.000 títulos de propiedad a familias campesinas.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz des­tacó que el gobierno de Santiago Peña ha posicio­nado ha titulación masiva de tierras como uno de los logros más significativos de su gestión.

En dos años y medio de mandato, ya se entrega­ron 12.000 títulos a fami­lias que llevaban décadas incluso realizando gestio­nes en procura de la legali­zación de sus propiedades.

“En primer lugar noso­tros estamos llegando a los 12.000 títulos entre­gados en apenas dos años y medio de gestión, que comparado con lo que eventualmente se entregaba en el mismo período sería aproximadamente 900 % más de lo que en promedio cualquier administración lograba entregar”, señaló a La Nación/Nación Media. Afirmó que además se tomaron medidas muy sig­nificativas que benefician a las familias rurales del país.

“Una de las medidas más importantes que hemos tomado en la administra­ción con el presidente San­tiago Peña ha sido redu­cir el precio de los lotes. Anteriormente, los pre­cios estaban inflados con una tasa de interés usu­raria del 70 %. Pero noso­tros eliminamos esa tasa de interés, que ha permi­tido reducir en un 50 % el valor de los lotes para las mujeres y en 30 % para los varones”, resaltó.

El impacto de esta medida fue que antes del 15 de agosto del 2023 de cada diez títulos que entregaba la ins­titución, tres iba destinada a las mujeres. Sin embargo, actualmente seis de cada diez títulos sean para muje­res. Con ello se cumple el mandato constitucional (Artículo 115) y el Estatuto Agrario, que hablan de que se tienen que otorgar facili­dades para las mujeres jefas de hogar en el acceso a la titulación de tierra.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), calificó como “bastante predecibles” las estrategias que son adoptadas por la defensa del titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar y los 8 imputados por lavado de dinero para frenar la investigación fiscal y evitar un juicio oral y público.

“Ahora comenzaron con recusaciones en sede fiscal y judicial. Yo creo que van a proseguir con esa estrategia que es bastante predecible, la defensa afirma que es un caso prescripto, ellos en realidad quieren extender lo más que puedan los plazos de la investigación para que en algún momento se sientan habilitados a plantear algo así“, afirmó Lovera a la 1330 AM.

Las afirmaciones de Lovera surgieron tras la paralización de la audiencia de imposición de medidas para Zaldívar, que debió ser desarrollada el pasado 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.

“La estrategia es netamente tratar de descabezar la investigación y ver que pueden pescar en ese contexto. Ellos se presentan como víctimas del sistema judicial y acto seguido realizan recusaciones”, dijo Lovera al argumentar que la defensa a la vez emplea una cobertura mediática en un intento de apartar a los acusadores para anular el proceso.

Lea también: Fiscalía pidió 12 años de cárcel para exfiscala acusada de extorsión y otros delitos

La audiencia quedó trabada luego de que la defensa de uno de los imputados Celio Tunholi haya recusado a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.

Esta situación obliga a la Sala Penal de la máxima instancia judicial a pronunciarse antes de continuar con las diligencias. La Fiscalía tiene plazo hasta el 30 de abril para presentar su requerimiento conclusivo, que puede derivar en acusación o sobreseimiento.

Hasta que no haya una resolución de la Corte, el avance del proceso seguirá suspendido por los recursos planteados por las defensas. En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

Te puede interesar: Dos acusados por megadeforestación en el Chaco enfrentarán juicio oral y público