Parece que estamos esperando que sucendan hechos luctuosos”, afirmó el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, este lunes al urgir la aplicación de la normativa 7269 de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, promulgada por el Ejecutivo en junio del 2024, ante los disturbios que ayer obligaron a suspender el partido entre Olimpia y Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco.

“Esta ley que está en vigencia fue muy bien trabajo junto con la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, así como la Secretaría Nacional del Deporte”, dijo el senador al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La ley plantea una serie de sanciones para los deportistas, aficiona­dos y organizadores que pro­muevan o permitan los hechos de agresividad en sus eventos. Entre las conductas de violencia se encuentran establecidas no solo la física, sino también los cánticos o la portación de carteles con mensajes ofensivos en el estadio e incluso en las inmediaciones de la sede del evento.

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También se castiga a quienes financien a los grupos organizados (barrabravas), “Esta ley es de prevención, si no actuamos y no nos consideramos todos culpables, se tendrá hechos que lamentar. Los dirigentes ya no tienen que dar entradas de favor a hinchadas organizadas violentas. Se tiene que controlar a quienes se les adjudica las entradas, implementar las tecnologías como se hace en varios países como por ejemplo los datos biométricos“, dijo Núñez.

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La normativa también establece la creación del Registro Nacional de Eventos Deportivos (Renades). “La policía misma ya debería estar cargando los datos sobre el registro para discriminar a los hinchas violentos”, comentó.

Con relación a las sanciones, independientemente a un castigo penal para hechos concretos de agresión o destrozos, se establecen multas para los infractores.

También se establece la prohibición de acceso a los aficionados, o de la organización en el caso de los clubes. Sin embargo, la ley no estipula entre los castigos la posibilidad de pérdida de la categoría o descenso.

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