La Cámara de Diputados incorporó 28 puntos en el orden del día a ser analizado este martes en plenaria prevista para las 9:00.
Entre los temas a ser tratados figuran pedidos de intervención de varios municipios, entre ellos: Lima (San Pedro), Emboscada (Cordillera), Tomás Romero Pereira (Itapúa), Yby Yaú (Concepción) y Ñemby (Central).
Así también, está previsto el estudio de la conformación de la comisión especial para estudiar la solicitud del acuerdo constitucional para disponer la intervención de la Municipalidad de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú y de la Municipalidad de Juan León Mallorquín (Alto Paraná).
Asimismo la Cámara Baja considerará el proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar el pago indemnizatorio a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el período 1954-1089 que cuentan con resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo y cuyos expedientes fueron iniciados con anterioridad a la vigencia de la Ley 4381/2011.
Se estudiarán igualmente 8 pedidos de pensión graciable.
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“Es una corrección de un gran error”, afirmó Latorre sobre viaje de Cartes a EE. UU.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, calificó este martes como un acto de justicia la visita que realizó el exmandatario y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, a los Estados Unidos en el marco de la final del Mundial 2026.
“Este es un tremendo acto de justicia, es una reivindicación para todo el pueblo paraguayo. Es una corrección de un gran error que se cometió en su contra. Cartes fue uno de los mayores perseguidos en nuestra era democrática y se demuestra con claridad mediante este gesto, que nos llenó a todos de paz y alegría”, comentó el legislador a los medios de comunicación.
El diputado se refirió al esquema de persecución política y económica desatado desde el 2018 contra Cartes, mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
La campaña contra Cartes contó con un fuerte respaldo del entonces embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, y de medios de comunicación que fungieron como aliados. “El gobierno del presidente Donald Trump hizo justicia. Primero con el cambio en la embajada y posteriormente levantando las sanciones al presidente del Partido Colorado. ”, sentenció Latorre.
La operación política incluso motivó que Estados Unidos, en el marco del anterior gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo. “La designación se produjo en medio de un proceso electoral y posteriormente también alcanzó al entonces vicepresidente Hugo Velázquez. Yo creo que existía un claro intento de generar la alternancia y de que el Partido Colorado perdiera las elecciones”, comentó.
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Mafia del asfalto
Por otra parte, Latorre se refirió a la presunta utilización irregular de bienes, insumos, vehículos, maquinarias y recursos humanos de la Municipalidad de Asunción para la ejecución de trabajos de pavimentación en inmuebles privados. La denuncia fue realizada por el concejal de Patria Querida, Pablo Callizo.
“Los recursos públicos tienen que ser recursos públicos y, si sucedió lo que se está denunciando, es grave y los responsables tienen que pagar. Este tipo de hechos tienen que ser desterrados de la gestión pública. La forma de hacerlo es investigar, identificar a los responsables y, si se comprueban los hechos, que paguen conforme a la ley”, afirmó.
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Embajador de Italia se reunió con diputados para impulsar nuevas inversiones
La Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Diputados recibió este lunes al embajador de Italia en Paraguay, Marcello Fondi; al presidente de la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya, Fernando Beconi; y al gerente de Aeropar Paraguay, Miguel Coscia Requena. Fue en el marco de una reunión orientada a fortalecer los lazos de cooperación e impulsar nuevas inversiones en el país.
"La presencia del embajador es la continuación de una visita que miembros de la comisión habíamos realizado hace un mes, a Génova, Italia, donde participamos de la Expo Paraguay-Italia, donde realizamos varios contactos con empresarios de ese país, que quieren venir a invertir a través de las gestiones del embajador", explicó el diputado Héctor Figueredo, presidente de la citada comisión asesora.
El parlamentario destacó también la participación de representantes de Aeropar Paraguay, firma de origen italiano que comenzó recientemente sus operaciones en el país. Dijo que la empresa busca ampliar las opciones de transporte aéreo para los usuarios paraguayos.
“También recibimos hoy al gerente de la empresa Aeropar, empresa italiana que está operando en Paraguay; actualmente es nueva, pero con un futuro prometedor, teniendo en cuenta que el tráfico terrestre se está volviendo caótico, entonces la gran opción sería el tráfico aéreo bien explotado, económico y accesible para la mayoría. Ellos están buscando ofrecer a los usuarios paraguayos servicios de traslado", detalló.
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Dictaminan a favor de préstamo de USD 75 millones para mejorar conectividad rural
Los miembros de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados se reunieron este lunes para dictaminar a favor de la aprobación de un préstamo de USD 75.000.000 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural en siete departamentos del país.
El proyecto es impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Contempla la ampliación de la estimación de los ingresos de la Administración Central por la suma de G. 66.789.835.999, recursos que serán incorporados al presupuesto vigente del MOPC.
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Igualmente, aprueba la ampliación del crédito presupuestario de la Administración Central por el mismo monto y establece que el proceso licitatorio del proyecto deberá iniciarse en un plazo no mayor de ciento ochenta días, contados desde la fecha de promulgación de la ley.
Se fundamenta que las obras propuestas, por su ubicación geográfica, “son de vital importancia para mejorar la transitabilidad de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción, Itapúa, Caaguazú y Caazapá”, mediante el mejoramiento de la infraestructura vial en caminos vecinales.
Según consta en el documento, el objetivo es reducir los costos de transporte y garantizar niveles adecuados de servicio en la red vial paraguaya, contribuyendo al incremento de la competitividad del transporte terrestre, la integración económica regional y la mejora de la calidad de vida en la región Oriental del país.
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Plantean descuento del 50 % en pasajes para pacientes con enfermedades catastróficas
En la Cámara de Diputados se impulsa la propuesta que apunta a establecer una reducción del 50 % en el costo del transporte público para personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas con la finalidad de disminuir el impacto económico que representan los traslados frecuentes hacia centros asistenciales especializados.
La iniciativa, que fue girada a comisiones para su correspondiente dictamen y posterior estudio en plenaria, es impulsada por el colorado Edgar Olmedo, quien argumentó que numerosos pacientes, especialmente aquellos provenientes del interior del país, deben movilizarse de forma periódica hacia hospitales de referencia para acceder a consultas, estudios médicos, tratamientos y controles, entre ellos sesiones de quimioterapia, radioterapia y diálisis.
De acuerdo a la exposición de motivos, la situación afecta principalmente a personas que dependen del sistema público de salud y que deben asumir gastos constantes de traslado mientras enfrentan los tratamientos prolongados.
Agrega que el precio del pasaje puede convertirse en una dificultad adicional para la continuidad de la atención médica. El proyecto fija un descuento del 50 % y no plantea la gratuidad completa del servicio, bajo el análisis de que esta modalidad permitiría distribuir la responsabilidad entre el Estado, las empresas transportistas y los beneficiarios, manteniendo la viabilidad del sistema.
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La propuesta toma como base los principios constitucionales relacionados con la igualdad y el derecho a la salud, argumentando que corresponde al Estado implementar medidas que reduzcan las barreras económicas que limitan el acceso a servicios sanitarios.
A la vez, establece un mecanismo de acreditación a cargo del Ministerio de Salud Pública, a través del cual los pacientes deberán demostrar su condición para acceder al beneficio. Las empresas de transporte urbano, interurbano y de corta, media y larga distancia estarían obligadas a aplicar la reducción tarifaria a quienes cuenten con la documentación correspondiente.
En el documento se menciona además que, de sancionarse y promulgarse el proyecto, no quedarán afectados los beneficios vigentes para las personas con discapacidad establecidos en la Ley n.º 6556/2020, quienes mantienen el derecho a la gratuidad total del pasaje.
Detalla también que el Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo de hasta 90 días, definiendo los procedimientos de acreditación, control y fiscalización.