La Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores de la Cámara de Diputados sesionó este lunes y dictaminó a favor del proyecto de ley de comprobación automática de sobrevivencia para jubilados del seguro social.

Esta iniciativa es impulsada por diputados de diferentes bancadas. Busca establecer un sistema de comprobación de sobrevivencia de los jubilados y pensionados de las cajas de seguro social del país, mediante el uso de tecnología y el cruzamiento de información contenida en bases de datos de organismos oficiales del Estado y otras fuentes fidedignas.

Los proyectistas explicaron que uno de los objetivos es modernizar la gestión pública a través del uso de la tecnología. Además, se quiere trasladar la carga de la prueba de supervivencia del jubilado o pensionado hacia el Estado.

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El documento establece el sistema de verificación automática como el método principal de comprobación de sobrevivencia.

Igualmente, dispone que la presentación personal en centros de atención solo será obligatoria en los casos en los que exista incertidumbre sobre el estado de fallecimiento de un jubilado o pensionado.

También cuando el beneficiario opte voluntariamente por realizar el trámite de forma presencial.

Según fundamentan los impulsores de la ley, la verificación de supervivencia de jubilados y pensionados ha sido históricamente un procedimiento presencial que, aunque necesario, ha generado múltiples dificultades, especialmente para aquellos con movilidad reducida.

“La evolución de la tecnología y la experiencia adquirida durante la pandemia de covid-19 han demostrado la necesidad y viabilidad de modernizar estos procesos”, expresa el texto.

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En reunión ordinaria, la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Héctor Figueredo, emitió un dictamen favorable para el proyecto de ley “Que aprueba el protocolo de Cooperación y facilitación de inversiones Intra- Mercosur”.

Este documento había sido firmado en Buenos Aires, Argentina, en el año 2017.

De acuerdo a la exposición de motivos, este instrumento internacional tiene como objetivo promover la cooperación entre los estados parte del Mercosur, con miras a facilitar inversiones directas que impulsen el desarrollo sustentable de los países miembros del bloque.

Menciona además que dicho protocolo busca reforzar y ampliar las condiciones que favorecen la radicación de inversiones productivas, apuntando a una mayor competitividad y a la formalización progresiva de las economías locales.

Asimismo, explica que el protocolo contempla principios básicos como la no discriminación, a través del Trato Nacional y la Nación Más Favorecida, en la etapa de post-establecimiento.

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Igualmente, incorpora disposiciones sobre expropiación directa, compensación por pérdidas mediante el pago de indemnizaciones, libre transferencia de capitales, así como medidas de transparencia, lucha contra la corrupción y la ilegalidad, protección del medioambiente, asuntos laborales y de salud.

Desde la Comisión asesora recordaron que El Trato de la Nación Más Favorecida (NMF) y el Trato Nacional, son pilares de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para garantizar el comercio no discriminatorio y asegurar igualdad entre socios comerciales extranjeros.

Incluye mecanismos de prevención y de solución de controversias entre los Estados parte, bajo el marco de los procedimientos legales del Mercosur establecidos en el “Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur”, firmado el 18 de febrero de 2002.

No obstante, destacan que el presente protocolo no contempla medidas sustantivas de protección a la inversión, estándares de trato justo y equitativo, ni disposiciones sobre expropiación indirecta o establecimiento de inversiones en la etapa denominada de “pre-establecimiento”. Tampoco abarca inversiones de cartera (portafolio), deuda pública ni acuerdos en materia de doble tributación.

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El diputado Miguel Del Puerto, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja, indicó que considera prematuro barajar nombres para el eventual precandidato a la vicepresidencia en la chapa presidencial del oficialismo, debido a que la prioridad son las elecciones municipales de este año; no obstante, no descarta entablar un diálogo entre las bancadas coloradas para definir una figura de consenso en el corto plazo. Para los comicios del 2028, el oficialismo cerró filas en torno al actual vicepresidente Pedro Alliana para pugnar la Presidencia de la República.

En conversación con La Nación/Nación Media, el parlamentario indicó: “Sí quiero ser claro en algo: tenemos una bancada oficialista poderosa con 43 diputados (bancadas A y B) y vamos a analizar y debatir en su momento. Queremos ser partícipes de la elección de una figura dentro de nuestro equipo porque contamos con figuras de experiencia, capacidad y compromiso, que reúnen todas las condiciones para asumir responsabilidades mayores en el momento oportuno”.

Mencionó que tampoco puede desmentir que es muy seguro que en poco tiempo iniciarán ese dialogo entre ambas bancadas para tratar este tema. “También, de público conocimiento sobre el parecer de colegas diputados sobre una figura en especial de la Cámara de Diputados, para presentar como propuesta para conformar la dupla con el presidente Pedro Alliana”, acotó.

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Al interior del movimiento Honor Colorado ya se están manejando algunos nombres para una eventual dupla, los cuales el propio vicepresidente y presidenciable Pedro Alliana ha considerado muy interesantes, ya que le gustaría que estén trabajando muy cerca de su equipo.

Entre ellos se citan al actual presidente de Diputados, Raúl Latorre; el ministro de Vivienda, Juan Carlos Baruja; y el ministro de Industria, Marcos Riquelme. Igualmente, el Consejo de Gobernadores manifestó su intención de presentar en poco tiempo el nombre de uno de sus integrantes.

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Los diputados aprobaron un pedido de informes al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre nombramientos docentes en Asunción. Específicamente solicitan datos sobre los nombramientos docentes realizados en instituciones educativas de la capital del país, durante los meses de febrero, marzo y abril del año escolar 2026.

Se busca esclarecer por qué se procedió a designar profesionales en calidad de interinos en el mismo período en que se desarrollaban concursos para cubrir esos cargos.

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Según el proyectista, no se consideró a quienes ya figuran como ganadores en el Banco de Datos Elegibles del MEC. De confirmarse esta situación, docentes que superaron procesos de selección formal habrían sido postergados en favor de designaciones interinas, lo que generaría serios interrogantes sobre la transparencia y la legalidad del proceso, según el diputado Roberto González, promotor de la iniciativa aprobada por el pleno durante la última sesión ordinaria.

Entre los puntos requeridos por el proyecto de resolución, el Ministerio deberá informar las fechas exactas en que se realizaron los nombramientos, las categorías y denominaciones de los cargos ejecutados.

Se pide también el nombre y apellido de cada uno de los asignados, sus perfiles profesionales, las instituciones a las que fueron adjudicados y los turnos correspondientes.

Asimismo, se solicita copia de las certificaciones pertinentes y la nómina completa de los funcionarios responsables de la ejecución de dichos nombramientos. El MEC deberá responder a estos requerimientos en un lapso de 15 días.

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