La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados recibió este martes al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, con el fin de analizar la situación del sector salud, en el marco del próximo tratamiento del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2027 (PGN 2027).

Tras el encuentro, la diputada Cristina Villalba, presidenta del bloque asesor y que este año también liderará la Comisión Bicameral de Presupuesto confirmó que habrá una inyección presupuestaria importante para la compra de medicamentos e insumos, previsto tanto para el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), como para el sistema de salud pública en general.

Adelantó que se tendrá en cuenta el pago de deudas a proveedores para el próximo año, situación que podría solucionar parcialmente el problema del desabastecimiento de medicamentos e insumos, conforme expresó.

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La congresista colorada detalló que se puso énfasis en la situación actual de los médicos, ante la solicitud de mejoramiento de sus salarios, e indicó que está prevista, para mañana, una nueva reunión entre el gremio de dicho sector y el Ministerio de Economía.

La legisladora Villalba indicó que durante el encuentro se socializará la propuesta elaborada por el ente estatal junto con la Comisión de Presupuesto, con miras a destrabar la situación de conflicto. Sobre el punto explicó que se priorizarán las especialidades y subespecialidades, además de los incentivos para los profesionales de la salud.

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Para miles de familias paraguayas, tener una factura de electricidad atrasada puede convertirse rápidamente en un problema mayor por la acumulación de recargos. La campaña Ñande Ahorro 2026 ofreció una alternativa para quienes necesitaban ponerse al día con la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ya sea mediante financiación de sus deudas o cancelando los compromisos pendientes con beneficios sobre los intereses por mora.

Según reportó este sábado la agencia IP, más de 500.000 usuarios recurrieron a las opciones disponibles durante la campaña. De ese grupo, 107.626 familias formalizaron acuerdos para financiar deudas atrasadas que, en conjunto, superaron los USD 123 millones. Esto permitió que los hogares con dificultades para afrontar de una sola vez el total de sus facturas vencidas pudieran distribuir el pago de sus compromisos.

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La otra alternativa fue cancelar las deudas pendientes al contado. Unos 419.000 clientes eligieron esta modalidad, aprovechando la eliminación de los recargos por mora. Para quienes contaban con el dinero necesario, la opción representó una oportunidad para cerrar las cuentas atrasadas sin cargar con los adicionales generados por el retraso.

La campaña también sirvió para resolver problemas que muchas veces quedan pendientes junto con la deuda. Cerca de 18.000 usuarios regularizaron la situación comercial de sus suministros, con gestiones relacionadas con la titularidad del servicio, la actualización de la carga instalada y el cambio de conexiones monofásicas a trifásicas. En otras palabras, no solo se trató de pagar facturas, sino también de poner en orden la situación del suministro eléctrico.

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Otro punto destacado fue el alcance de Ñande Ahorro, que creció con fuerza frente a la edición anterior. Mientras en 2025 se gestionaron unos USD 35 millones en deudas y se atendió a 297.462 clientes, este año el monto financiado superó los USD 123 millones y la cantidad de usuarios beneficiados pasó de las 500.000 personas. Sumadas ambas ediciones, se alcanzaron casi 800.000 atenciones y se gestionaron más de USD 158 millones en compromisos atrasados.

La deuda del Estado con las empresas constructoras viales se redujo de USD 220 millones a un monto estimado de entre USD 140 y USD 160 millones, según informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera. Al 31 de diciembre existían USD 220 millones en atrasos correspondientes a obras que habían avanzado durante el 2025 sin contar con la disponibilidad financiera necesaria para su cancelación.

Lovera señaló que la situación estuvo vinculada, en parte, a los plazos de ejecución de los proyectos viales, y según explicó, aunque en los papeles las obras tienen una duración aproximada de 36 meses, el promedio de ejecución dentro del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) alcanza los 60 meses. “Lo que ha ocurrido es que obras que tendrían que haber culminado en el 2023 y en el 2024 seguían vigentes durante el 2025”, afirmó a la 1020 AM.

Esta situación provocó que dichos proyectos se sumaran a la programación correspondiente al 2025, generando una presión adicional sobre los recursos disponibles para hacer frente a los compromisos.

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Ante este escenario, detalló que desde su llegada al MEF mantuvieron reuniones con representantes de las empresas proveedoras y constructoras, con quienes establecieron compromisos de corto plazo. Estas medidas permitieron ir descomprimiendo esa presión y facilitaron que las empresas retomaran las obras que ya se encontraban en ejecución.

El ministro sostuvo que, pese a que los trabajos continuaron durante este año, el flujo de recursos destinado al sector fue superior al avance de las obras registrado en 2026. “Hoy puedo decir que generamos un flujo superior a lo que fue el avance de obras del 2026”, manifestó.

Por ello, afirmó que actualmente los atrasos se ubican entre USD 140 millones y USD 160 millones. “Los niveles de atrasos, por llamarlo de alguna manera, estarían alrededor entre 140 y 160 millones de dólares. No es más de eso”, sostuvo Lovera, quien agregó que se está generando el flujo necesario para resolver estos compromisos durante este año.

Como último punto señaló que el principal componente que explica que el déficit fiscal llegue al 3,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) este año está vinculado a la actualización o la cancelación de los atrasos, principalmente en el sector de obras públicas.

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Están trabajando con la DNIT en la verificación de las exenciones, pero que “todavía no hay una propuesta puntual sobre un caso en particular”, dijo Lovera.

El ministro de Eco­nomía y Finanzas, Óscar Lovera, des­cartó cualquier tipo de incre­mento de tasas de los impues­tos vigentes o la creación de nuevos tributos; sin embargo, reconoció que están revi­sando ciertas exenciones.

“Este gobierno tiene una posición firme, nosotros no vamos a tocar tasas de los impuestos o crear nuevos impuestos, lo que sí estamos revisando es lo que hace al concepto de gasto tributa­rio; es decir, aquellas exen­ciones o deducibilidades que hoy están todavía vigen­tes”, expresó el secretario de Estado en una visita realizada al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Sobre el punto, explicó que la revisión obedece a la inten­ción de “fortalecer y generar eficiencia en la estructura tributaria vigente, no crear nuevos ni generar nuevos impuestos”. Amplió preci­sando que hay estudios que indican que dichos “gastos tributarios” alcanzan unos USD 1.000 millones.

Posteriormente fue consul­tado sobre el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), Impuesto a la Renta Perso­nal (IRP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre lo que fue claro al respecto y manifestó que “hoy no se toca, en esta administración no se toca”.

Indicó también que están trabajando con la Direc­ción Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en la verificación de las exen­ciones, pero que “todavía no hay una propuesta pun­tual sobre un caso en par­ticular”. Sobre la perspec­tiva que manejan, teniendo en cuenta el volumen total posible de USD 1.000 millo­nes, dijo que la “expectativa es generar espacio en eso para mayor recaudación”. Durante la semana pasada, en coincidencia con la mani­festación de los médicos, se conocieron planteamien­tos de elevar impuestos, lo que fue rechazado enérgica­mente días después por gre­mios industriales y empre­sariales.

Se puede recaudar fácilmente entre USD 80 a USD 100 millones, mirando estas leyes especiales, que benefician a sectores particulares, afirmó Orué.

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), Óscar Orué, descartó que el gobierno de Santiago Peña implemente un aumento de impuestos hasta culminar su mandato, ante los recientes comenta­rios de legisladores y otros sectores de ajustar deter­minados tributos para res­ponder a los reclamos del área de la salud pública. Se refirió una propuesta per­sonal de abrir el debate para revisar exenciones fis­cales. “Nos parece que no es el momento, aparte, el gobierno sí está decidido en no apoyar la implemen­tación o un aumento de impuestos. Esa es una posi­ción del presidente Peña, la posición nuestra como gobierno hasta 2028, no tocar la base tributaria, con­siderando que hace tiempo, en 2020, entró en vigencia una nueva ley y ahora con la creación de la DNIT, tres años de su creación, tuvimos buenos resultados”, dijo, en comunicación con el pro­grama “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Pun­tualizó que cualquier suba impositiva “sí va a tener un efecto en todos los sectores”.

Por otro lado, manifestó que se trata de una opinión suya el planteamiento de ajustar ciertos regímenes vigentes. “Si nosotros miramos algu­nos aspectos como maquila, zona franca, algunos regí­menes especiales, que esta­blecen, por ejemplo, el caso del IVA, que hay exenciones del 50 %. Hay bienes que en vez de pagar el 10 %, pagan el 5 %, entonces es cuestión de estar mirando”, expresó.

“Creo que USD 80 a USD 100 millones fácilmente uno puede recaudar mirando estas leyes especiales, que benefician a sectores par­ticulares. Entonces, me parece importante, me parece interesante que se pueda analizar lo que se llama el gasto tributario”, amplió, reiterando que se trata de una “opinión téc­nica profesional, acerca de este tema que se está deba­tiendo” y no precisamente una posición del gobierno.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios sugiere no cargar obligaciones sobre sectores productivos.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) emitió un comunicado rechazando el incremento de la presión tributaria, manifestada por algunos sectores políticos ante el reclamo médico de una suba salarial generali­zada. El gremio plantea elevar la calidad del gasto del Estado, para no cargar obligaciones sobre sectores productivos.

El gremio empresarial citado “observa con preocupación las iniciativas orientadas a incrementar la presión tri­butaria como respuesta a las dificultades financie­ras del Estado”, indica el escrito publicado. “Antes de solicitar nuevos sacrificios a la ciudadanía, el Estado, a través del gobierno actual, debe demostrar que está dis­puesto a hacer los propios. Esto exige revisar la calidad del gasto, establecer priori­dades, eliminar erogacio­nes injustificadas, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que cada recurso público sea administrado con eficiencia y transparen­cia”, agrega.