Durante una reunión con rectores de varias universidades del país, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, analizó el proyecto de ley sobre racionalización del gasto público.
La propuesta legislativa busca establecer topes salariales y eliminar beneficios discrecionales en el sector público.
En el encuentro, los rectores valoraron el objetivo general del proyecto, aunque plantearon observaciones técnicas. Así también cuestionaron la inclusión de autoridades universitarias como cargos políticos electivos y fundamentaron sus discrepancias.
Sobre el punto, el rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, sostuvo que rectores, vicerrectores y decanos cumplen funciones técnicas docentes.
“Los cargos de rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos son cargos técnicos docentes, no políticos, y no forman parte de la matriz salarial ni reciben esos beneficios”, aseveró.
Explicó que estos ya están siendo afectados por la aplicación de la ley de la Caja Fiscal, por lo que la nueva propuesta implicaría un impacto adicional e injustificado, conforme expresó.
Los rectores pidieron a Diputados que, en su rol de cámara revisora, analice el proyecto en profundidad e incluso evalúe la conformación de una mesa técnica para revisar punto por punto las inconsistencias.
La Cámara de Diputados se encuentra analizando el mencionado proyecto en un contexto de restricciones fiscales y en línea con el planteamiento del Poder Ejecutivo de aplicar políticas de austeridad, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos del Estado y redireccionarlos hacia programas sociales prioritarios.
La iniciativa contempla, entre otros puntos, la eliminación de gastos considerados superfluos en los organismos y entidades del Estado, así como la prohibición de bonificaciones y beneficios adicionales para altas autoridades.
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