El Ministerio Público presentó un urgimiento a la Cámara de Apelación para que resuelva la recusación contra el juez Humberto Otazú, que fue planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens, en la causa en la que es investigado por supuesta lesión de confianza.
El presente caso está sin magistrado hace dos meses por la falta de determinación de los integrantes del Tribunal de Apelación de Delitos Económicos, segunda sala.
Los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva señalaron que en la misma fecha en que presentaron la recusación contra el citado magistrado, los representantes de legales de Wiens también plantearon un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la admisión de la imputación, que hasta la fecha está pendiente.
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Antecedentes
El juez Otazú había admitido la imputación presentada contra el exministro de Obras Públicas por el presunto delito de lesión de confianza. Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones a las obras del Metrobus.
Según la imputación, no cumplió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006.
Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demolidas durante su administración.
Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.
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Caso Tajy: destraban proceso penal contra el exintendente de CDE, Miguel Prieto
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como Tajy y destrabó el proceso penal del exjefe comunal acusado por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente.
La acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.
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Filizzola pontifica sobre justicia mientras busca su impunidad
La máxima instancia judicial decidirá si Rafael Filizzola será blanqueado en el caso de lesión de confianza donde habría perjuicio de G. 1.200 millones.
La doble moral como estrategia política resulta el ejercicio de un total cinismo en la actuación del senador Rafael Filizzola debido a que el mismo se erige como el juez moral de nuestra República; sin embargo, el citado parlamentario se olvida de que él mismo aún tiene cuenta pendiente con la Justicia por un proceso penal por supuestos hechos de corrupción cometidos cuando se desempeñaba como ministro del Interior entre 2008 y 2011.
En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Justicia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presentar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podidoresolver la apelación de la Fiscalía debido a que Filizzola recusó a dos camaristas. Ante dicha situación, el integrante del tribunal de alzada, José Agustín Fernández, decidió apartarse del caso. Debido a ello, el expediente pasó a manos de la camarista Adriana Giagni, quien no estuvo de acuerdo con la inhibición de su colega Fernández y decidió impugnar su separación ante la Corte.
A raíz de esto, el expediente se encuentra en la Sala Penal de la Corte integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos (dos liberales) desde setiembre de 2025, a los efectos de resolver quién integrará la cámara de apelación que estudiará si corresponde que Filizzola siga procesado o si se le vuelve a beneficiar con un blanqueamiento. Actualmente, solo el camarista Paublino Escobar conforma el tribunal de apelación.
PRESCRIPCIÓN POR CHICANAS
En mayo de 2025, el juezpenal de Garantías Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de prescripción y benefició con el sobreseimiento definitivo al exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “todo verde”, donde se registró un perjuicio patrimonial de G. 1.200 millones.
Con la resolución judicial dictada en primera instancia, Filizzola logró la impunidad tras presentar diversas chicanas durante más de 10 años, evitando así ser juzgado por un tribunal de sentencia.
ACUSACIÓN
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras nunca fueron terminadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional del procedimiento.
Blanqueado en el caso helicópteros Por otra parte, la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
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Monstruoso gasto de USD 33 millones en publicidad durante gobierno Abdo
Un informe proveído por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirmó el festín multimillonario en publicidad que llevó adelante el gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente con sus medios amigos que guardaron silencio y se desentendieron de sonados casos de corrupción que sacudieron al exmandatario.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
No se precisa ser experto para entender que el expresidente de la República Mario Abdo Benítez compró su impunidad mediática. Los multimillonarios gastos de su gobierno en publicidad y propaganda consiguieron lealtades de grandes medios de comunicación, influencers, ONG que fueron los principales beneficiarios del banquete que se armó con dinero estatal.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) terminó por confirmar el monstruoso monto de G. 210.129.987.027, unos USD 33.000.000 en gastos por publicidad y propaganda durante el período de gobierno de Abdo (agosto 2018/agosto/2023). La cifra equivale al triple del presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio, ente que, en comercio, servicios y Mipymes maneja el 70 % de la economía paraguaya.
El detalle de adjudicaciones registra cerca de 400 contratos que cabe subrayar corresponden a instituciones de la administración central, es decir, dependientes del Poder Ejecutivo.
Si se incluyeran las contrataciones de publicidad y propaganda de todo el Estado, es decir municipalidades, gobernaciones, Poder Legislativo, Judicial, excepto las binacionales, los reportes de la DNCP indican adjudicaciones por valor de G. 261.596.371.084, equivalentes a unos USD 40, 2 millones.
La cifra para lavar la cara del anterior gobierno es astronómica, más aún considerando el contraste con la cruda realidad que sufría la gente y se agravaba por la pandemia del covid -19.
Sacrificaron instituciones en situación crítica como Copaco que, mientras era sacudida por protestas de funcionarios, multimillonarias deudas y los auditores diagnosticaban quiebra técnica sus autoridades despilfarraban dineral en contratos de publicidad. Esta empresa estatal ya en los primeros meses del gobierno de Abdo (2018) adjudicó contratos por G. 12.000.000.000, según la planilla entregada por la DNCP.
MITIC ERA BUENO
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) era una institución buena y muy querida. Desparramaba publicidad en los medios amigos para “fortalecer la conexión entre el Gobierno y la ciudadanía”. Pese a que el desempleo aumentó en su administración las campañas apuntaban a generar información sobre “la generación de oportunidades”, según puede visualizarse en los resúmenes de las contrataciones.
Las campañas a través de los medios amigos también agendaban la narrativa de “lucha contra el crimen organizado”, cuando la narcoexportación se incrementaba de forma galopante y el país era noticia como ruta de los kilos de cocaíca decomisados en puertos europeos.
Un detalle no menor es la cargada agenda publicitaria de la Presidencia de la República, principalmente a través de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) que en el 2019 sumó adjudicaciones por G. 19.731.956.138 y en el 2022 G. 17.562.820.439. Las especificaciones de los llamados y adjudicaciones están minadas de contrataciones de pautas en medios, influencers, coincidentemente con una campaña de persecución inmisericorde que arrasaba en 2022 con medios amigos y redes sociales donde brotaban perfiles falsos como hongos, fustigando a quienes denunciaban la corrupción en el gobierno de Abdo.
Los multimillonarios gastos en publicidad de Abdo a través de Contrataciones Públicas no fue el único frente que lo ayudó a blindarse de las críticas, los escraches, las persecuciones. No hay que olvidar el megacontrato que su gobierno firmó con la desmantelada agencia calificada de corrupta, Usaid.
El convenio con Usaid aseguró un presupuesto de USD 60.000.000 y a ello se prendieron opositores, periodistas, publicistas, identificados con varios grupos políticos muy bien remunerados con los fondos que se facilitó gracias al gobierno de Abdo. Emprendieron fuerte campaña que de fachada era anticorrupción, transparencia y contra la impunidad, pero en la práctica era una campaña de persecución muy bien dirigida a un sector del Partido Colorado y de la prensa.
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Por segunda vez se suspendió juicio oral por el feminicidio de María Fernanda
Una recusación presentada por el farmacéutico Franco Acosta Céspedes contra los integrantes del Tribunal de Sentencia Luis Ovelar Andrea Riquelme y Víctor Vera volvió a suspender el juicio oral y público por el feminicidio de María Fernanda Benítez, la joven embarazada que habría sido asesinada por un adolescente en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.
La recusación fue promovida por la defensa de Acosta Céspedes, que cuestionó la resolución mediante la cual se analizaron varios planteamientos realizados por las defensas, el 27 de abril pasado cuando debía comenzar el juicio.
Ahora, la Cámara de Apelación deberá resolver si confirma o aparta a los jueces Ovelar, Riquelme y Vera para continuar con la prosecución con el juzgamiento contra los procesados.
En el presente caso, deben ser juzgados tanto Acosta Céspedes como Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechado de acabar con la vida de María Fernanda.
Antecedentes
Según los antecedentes, la víctima de 17 años habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso.
El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.
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