El juez Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a la prisión al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza. El político deberá comparecer de manera trimestral, no podrá salir del país y deberá dejar una fianza real hasta cubrir la suma de G. 750 millones.
De acuerdo a la investigación fiscal, se le atribuye un presunto perjuicio patrimonial de G. 757.166.276 por el pago de obras que no se habrían realizado dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este. Con la decisión, Prieto seguirá en libertad mientras avanza la investigación.
La imputación atribuye a Prieto que, en su calidad de ordenador de gastos del patrimonio municipal esteño entre diciembre de 2019 y agosto de 2022, habría ocasionado el perjuicio mencionado, resultante de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M Constructora.
Las transferencias de fondos, ordenadas a través de resoluciones municipales, habrían sido solicitadas por la Dirección de Desarrollo Social para que sean realizadas a favor del Consejo Local de Salud.
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Fiscalía pidió a la Corte celeridad y evitar que caso de Rafael Filizzola quede impune
La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola. La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no.
Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.
“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.
Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.
“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.
El caso “Comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.
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Desfalco de Prieto rindió para casa de USD 370 mil de su exnovia
Compras simuladas realizadas desde la Municipalidad de CDE en plena pandemia dieron grandes beneficios a Emili Florentín, expareja del exintendente.
El millonario desfalco a la Municipalidad de Ciudad del Este con el pago de víveres no entregados por la administración del destituido Miguel Prieto evidentemente rindió ganancias para la principal implicada en el esquema de compra simulada de mercaderías. La exnovia del exintendente, Emili Vanessa Florentín, más conocida como Vanemi SA, realizó millonarias transacciones en paralelo al esquema de simulación de compras y mientras el país entero sufría los embates del covid-19.
La acusación del Ministerio Público que el próximo 31 de agosto prevé llevar al destituido Miguel Prieto al banquillo de los acusados se surtió de las documentaciones pertinentes para graficar el esquema de desvío de fondos municipales que este articuló a tambor batiente con la exnovia, familiares de esta y un grupo reducido de leales. Los dos primeros sonados casos de desfalco que generó millonarios perjuicios a las arcas de la municipalidad, Tía Chela y Tajy, sin embargo, tuvieron su lado ventajoso para los principales cómplices del jefe comunal. Y aquí tiene un importante protagonismo Emili Vanessa Florentín Páez, más conocida con el nombre de su ferretería Vanemi SA, en ese entonces pareja sentimental de Prieto, luego ubicada como asistente de la asesoría jurídica de la municipalidad.
EVIDENCIAS
Las documentaciones, testimonios y otras evidencias que obran en la acusación fiscal muestran que Vanemi fue la piedra angular en la simulación de compra-venta de mercaderías con la fabricación de cadenas de facturas para sustentar un stock de mercaderías inexistentes de la Tía Chela y Tajy. Vanemi, exnovia de Prieto, figura como la subproveedora más importante de Tía Chela y Tajy. Pero la trazabilidad con los análisis de inventario de las mercaderías confirmó que la misma intentó ajustar contablemente su stock con la utilización de facturas no auténticas provenientes de al menos 4 subproveedores ficticios.
Es así como proveyó facturas por G. 700 millones a Tía Chela y G. 276 millones a Tajy, esta última propiedad de su difunto tío don Buenaventura Morínigo.
EN EL PARANÁ COUNTRY CLUB
Paralelo a todo el esquema de compra simulada en la que estuvo implicada con Tía Chela, Tajy y otros desvíos de fondos de la administración Prieto a empresas de la familia como Paraná Perforaciones, Vanesa Florentín adquirió a través de Vanemi una casa por USD 370 mil dentro del Paraná Country Club en plena pandemia, tiempo en que las actividades comerciales eran casi nulas.
La acusación fiscal identifica como accionista de la firma a Robert Osmar Florentín (primo) de Vanemi; sin embargo, documentos de beneficiarios finales que obran en la Abogacía del Tesoro registran a la mujer como una de las accionistas mayoritarias de la sociedad.
Si bien el inicio de las transacciones data de finales de 2019, se hicieron erogaciones millonarias por la propiedad a la empresa Shamah SRL, tras los contratos directos adjudicados a los familiares de Vanemi (ver facsímil).
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Juez ordena arresto domiciliario con tobillera electrónica para Bataglia
El juez Rodrigo Estigarribia decretó este jueves el arresto domiciliario para Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), con el uso de tobillera electrónica, debido a su aparente ingreso irregular al país procedente de Italia, donde se encontraba cuando se produjo su imputación por lesión de confianza y por presunto perjuicio a la previsional por G. 61.000 millones. El exfuncionario compareció junto a sus abogados ante el Juzgado de Delitos Económicos para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Tras su retorno, que no tendría registro oficial de reingreso, el 12 de agosto se puso directamente a disposición del fiscal Julio Ortiz, quien prefirió levantar la orden de detención antes que ponerlo a disposición del juzgado.
Según la imputación, Bataglia, en su rol de presidente del IPS y firmante de las adendas número 3 y 4, habría otorgado, junto con otros funcionarios, condiciones favorables a la empresa Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial a la previsional.
Junto con Vicente Mario Bataglia Araujo está imputado otro extitular de IPS, Jorge Brítez, además de funcionarios identificados como Vicente Mario Bataglia Araujo, Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López, Rosa Colman, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. Todos ellos se encuentran bajo la sospecha de haber participado en conductas tipificadas y sancionadas por el Artículo 192 incisos 1º y 2º del Código Penal paraguayo, en concordancia con las reglas de autoría y participación legalmente establecidas.
El 14 de agosto, representantes del Ministerio Público realizaron un recorrido por el depósito del Departamento de Materiales y por el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), en el marco de la investigación relacionada con el llamado para la construcción de quirófanos modulares, cuya ejecución se encuentra paralizada ante presuntas irregularidades que son objeto de investigación.
El proyecto contempla la construcción de 11 quirófanos modulares, cuya puesta en funcionamiento representaría un refuerzo para la capacidad quirúrgica y la cobertura sanitaria de la institución.
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Burdo esquema de Prieto para desvío de fondos con empresas de maletín
El exintendente destituido por corrupción Miguel Prieto introdujo a la Municipalidad de Ciudad del Este un esquema de desvío de fondos de la institución, en connivencia con empresas de maletín manejadas por su entorno.
Entidades de control como Contrataciones Públicas, la Contraloría General de la República y la auditoría realizada el año pasado a la administración del exintendente Miguel Prieto confirmaron que con Prieto a la cabeza en la Municipalidad de Ciudad del Este se falsearon procesos licitatorios direccionando los fondos disponibles al bolsillo de leales de Prieto que fungieron de proveedores (ver infografía).
Lo más grave es que además de digitar contrataciones directas, en su mayoría con procesos fraguados, estas adjudicaciones generaron millonarios perjuicios ya que se trataron de simulaciones de adquisiciones de bienes y servicios.
Es decir, no se proveyeron lo que en los papeles figuran como recibidos.
El Ministerio Público logró probar como se consignaron gestiones y procesos fraguados, el favoritismo privando a la institución de hacer compras con mejores precios y calidad, pero principalmente evidenció que la municipalidad no recibió los servicios y fue despojada de millonarios montos sin la debida contraprestación.
Esta acusación de la Fiscalía está confirmada por varios de los involucrados en los casos de Tía Chela, Tajy y del Consejo Local de Salud.
Son 50 denuncias bien concretas que se encuentran en fila de ser investigadas. El primer sonado caso de Tía Chela, después de 6 años debería llegar a juicio oral.
Sin embargo, la resistencia de Prieto de manera estratégica comenzó a operar una movilización que, con el ropaje de presentar testigos, prevé avasallar con adherentes la audiencia.
El mismo estilo de siempre, Prieto prevé desviar el tema del juicio con una convocatoria de amedrentamiento que en estos días comenzó a hilarse de manera visible, principalmente en redes sociales con la defensa de sus principales aliados políticos.