El diputado colorado Rodrigo Gamarra se refirió al caso Dalia López y las supuestas amenazas de muerte que habría recibido y que la detuvieron para presentarse ante la Justicia en todos estos años. El legislador indicó que, en primer término, la Justicia debe investigar a fondo la veracidad de esa amenaza y llegar a los responsables, caiga quien caiga, dejando atrás los “silencios selectivos”.
En una comunicación con La Nación/Nación Media, el parlamentario señaló que, en este caso, hay dos cosas graves que no se pueden pasar por alto. Apuntó igualmente, como hecho llamativo el silencio de algunos sectores y de ciertos medios que hoy miran para otro lado. “Cuando los hechos incomodan o involucran al gobierno anterior, parece que el interés por informar desaparece. Eso también es parte del problema”, expresó.
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No obstante, indicó que, en primero, sí es que hubo dichas amenazas de muerte contra la empresaria declarada en rebeldía por la Justicia. “Estamos hablando de un hecho de extrema gravedad que la Justicia tiene la obligación de investigar y esclarecer, quiénes fueron, por qué y bajo qué contexto. Eso no puede quedar en la nada”, enfatizó.
Asimismo, enfatizó en dejar en claro que ninguna amenaza —si es que existió— puede justificar eludir a la Justicia durante tanto tiempo. “Las instituciones están para ser usadas, no para ser evitadas. Hoy lo que corresponde es una investigación seria, sin protección para nadie, caiga quien caiga. Pero real, no discurso para encubrir como antes; Paraguay necesita la verdad, no relatos ni silencios selectivos”, concluyó.
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Justicia española ratifica prisión y una millonaria condena contra el hermano de Julio Iglesias
El Supremo español confirmó una millonaria condena contra Carlos Luis Iglesias, hermano del cantante Julio Iglesias, por un caso de fraude fiscal que se remonta a 2001. La información fue recogida este jueves 8 de octubre por la agencia RT, a partir de una sentencia del Tribunal Supremo de España.
El máximo tribunal español ratificó la pena de seis meses de prisión, además de una multa y una indemnización de 30 millones de euros, monto que supera los 33,6 millones de dólares, por el delito cometido mediante la sociedad Rolimpa Trading Corporation.
La Sala de lo Penal rechazó el recurso presentado contra la resolución dictada en noviembre de 2023 por la Audiencia Provincial de Madrid y confirmó que Iglesias incurrió en un incumplimiento tributario relacionado con el impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2001.
Venta de terrenos
El caso está vinculado con la venta de tres terrenos ubicados en Vicálvaro, operación que generó ingresos superiores a 46 millones de euros, equivalentes a más de 51,5 millones de dólares. Sin embargo, las ganancias obtenidas no fueron declaradas ante la Hacienda Pública española.
Según los antecedentes del proceso, aunque la empresa involucrada desarrollaba actividades y mantenía sus activos en España, se habría utilizado una estructura empresarial internacional para dificultar la identificación del verdadero responsable de las operaciones y evitar el pago de los impuestos correspondientes.
La investigación judicial determinó que esa estructura incluía sociedades radicadas en Panamá, cuentas en el extranjero y empresas interpuestas, mecanismos utilizados para ocultar la operación y reducir las obligaciones fiscales.
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Amarilla cuestiona a medios por generar incertidumbre sobre el sistema financiero
El senador liberal Dionisio Amarilla cuestionó las publicaciones periodísticas de conglomerados mediáticos vinculados a bancos privados, que sigan instalando una supuesta incertidumbre sobre la situación del sistema financiero paraguayo.
Luego de que el titular del senado, Basilio Núñez, dispusiera la apertura del sobre remitido por el Banco Central del Paraguay, que contenía las respuestas a los cinco pedidos de informes respecto al sistema financiero, el legislador liberal brindó unas declaraciones a través de sus redes sociales en las que aseguró que, de acuerdo a ese informe, ueno bank goza de “buena salud” y calificó de “temerarias” las informaciones divulgadas por los grupos de medios de ABC Color y Última Hora.
“Revisando el informe del BCP no podemos seguir tolerando que ABC Color, vinculado a Atlas, y que Última Hora, vinculado al GNB, sigan instalando incertidumbres absurdas sobre la solvencia del sistema bancario/ financiero en el Paraguay”, sentenció.
En ese sentido, el senador liberal pidió no permanecer en silencio ante lo que considera informaciones que generan incertidumbre financiera. “Lo que están haciendo es temerario y hay que decir que ueno, por lo que se informa, goza de buena Salud. No corresponde quedarse callados ante la intención de corridas que buscaron ABC Color y Ultima Hora”, acotó.
Respuestas del BCP
En un segundo posteo en redes, el legislador brindó más detalles sobre el contenido de las 31 fojas que comprende el informe del BCP, Amarilla explicó que a su entender la documentación muestra que la entidad ueno bank fue supervisada y que las observaciones detectadas fueron atendidas dentro de los plazos establecidos.
Indicó que, el informe detalla que la Superintendencia de Bancos detectó una diferencia en el registro de partes vinculadas al cruzar información con la Central de Riesgos. Señaló que el BCP explica que la firma privada habría excedido temporalmente un límite de exposición, pero que, de acuerdo con el BCP, la entidad fue notificada el 5 de junio y corrigió la situación dentro del plazo legal, por lo que no correspondió exigirle un Plan de Regularización.
“El BCP mostró que el sistema es estricto. En los últimos 24 meses hubo un solo caso de exceso en límites con vinculados en todo el sistema, y se resolvió sin sanción porque la entidad corrigió a tiempo. El BCP siguió exigiendo. En julio pidió sumar más sociedades al grupo vinculado y recalcular la exposición. Ergo ueno bank cumplió en tiempo y forma. También informa el BCP que en agosto emitió un requerimiento de obligada observancia y su Unidad Jurídica emitió el Dictamen 84/2026”, remarca el legislador.
Sumarios administrativos
Por otra parte, Amarilla se refirió al sumario administrativo, relacionado con una operación de venta de cartera; el legislador remarcó que el procedimiento todavía está en curso y que debe determinar si existió o no alguna falta administrativa.
Según su interpretación, el sumario constituye un mecanismo ordinario de control dentro del BCP y no implica por sí mismo una crisis o un fraude. Añadió que el dictamen jurídico del BCP concluyó que la cesión analizada cumple con los requisitos de validez.
En lo que respecta a fusiones de entidades bancarias, Amarilla indicó que las facilidades otorgadas por el BCP no constituirían un privilegio particular, ya que, según su lectura, se aplicaron “medidas similares” en anteriores fusiones bancarias, como GNB-BBVA, Sudameris-Regional y Continental-Río. Explicó que el objetivo sería proteger a los ahorristas y evitar efectos de contagio en el sistema financiero.
“Hay que entender que los bancos están expuestos a fiscalizaciones, permanentes, y a sumarios administrativos y de hecho prácticamente todos los bancos han sido sumariados y sancionados en los últimos 10 años, y existe un registro público de sanciones en el sitio web del BCP. Me tomé la molestia de interiorizarme sobre eso y es lo que puedo rescatar de una lectura rápida del informe”, concluyó el legislador.
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Sindicato denuncia pagos millonarios a allegados de Yd antes de dejar municipio encarnaceno
Una grave denuncia que fue presentada por funcionarios y representantes sindicales de la Municipalidad de Encarnación sacude a la administración saliente del intendente Luis Yd. Se trata de supuestos pagos millonarios en concepto de liquidaciones e indemnizaciones que beneficiarían a sus allegados. Esta presunta “jugada” se está realizando antes del cambio en la intendencia, para la cual fue electo Sebastián Remesowski, quien asumirá el cargo el próximo 3 de noviembre.
“Estamos haciendo una denuncia de manera general, que involucra a funcionarios, exfuncionarios y a la ciudadanía por la gravedad de lo que está sucediendo. Nos encontramos con la sorpresa de que exfuncionarios renunciantes están cobrando montos altísimos en concepto de salarios, aguinaldos y otros pagos extras, cuando nosotros desde el sindicato venimos reclamando desde el año pasado beneficios que corresponden a los trabajadores”, señaló Javier Sotelo, miembro del Sindicato de Funcionarios de la Municipalidad de de Encarnación (Sifumen).
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De acuerdo a la denuncia pública realizada, estos desembolsos se habrían realizado con llamativa rapidez, poco después del revés electoral sufrido por el oficialismo y el cambio de administración que se dará en las próximas semanas. Entre los nombres mencionados figuran Jorge Servián y directivos de apellidos Mendoza y Rienzi, se estima que ya llega a 20 los funcionarios que están siendo beneficiados por Yd, de acuerdo al reporte de Rocío Gómez, corresponsal de Nación Media en Itapúa.
“Esta es una cachetada más para los funcionarios municipales, cuando nosotros veníamos insistiendo, el intendente nos decía que no había recaudación, que dependía de la disponibilidad y miren ahora estos montos altísimos, se maneja que ya son más de 20 personas. No vamos a dejar que el intendente se retire de la municipalidad sin que rinda cuentas a los trabajadores”, aseguró el representante sindical.
Retiro de objetos
También se denuncia el supuesto retiro de objetos del edificio municipal por parte de algunos funcionarios, en medio de sus desvinculaciones, lo que generó preocupación y pedidos de explicaciones sobre el destino de los bienes y los procedimientos utilizados.
“Hay imágenes que son de aquí, de la Municipalidad de Encarnación, con vehículo municipal, en cajas cerradas, se están retirando documentos, vaya uno a saber cuáles son los documentos, cómo se va a hacer ese tipo de acciones acá en la Municipalidad, es muy sospechoso, eso no es claro. Algo está tramando esta gente”, sentenció.
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Juez considera excesiva una medida cautelar y restituye a Martínez en Cargo Line
Giro radical y revés judicial en el caso de la empresa Cargo Line Paraguay S.A. Una nueva resolución judicial pateó el tablero y desnudó los excesos de la polémica medida cautelar ejecutada el pasado 16 de septiembre. El juzgado a cargo del magistrado Guillermo Trovato consideró que los efectos de aquella actuación de su colega Mafalda Cameron fueron completamente desmedidos y resolvió sustituirla por una administración judicial independiente, devolviéndole el oxígeno institucional a las firmas, cuya administración estaban a cargo del empresario Juan José Zapag.
En un verdadero acto de justicia, Gustavo Martínez Venialgo —quien había sido apartado de la empresa durante el cuestionado procedimiento encabezado por el abogado hoy procesado penalmente por coacción y otros delitos, Fernando Marecos— fue designado ahora como el nuevo administrador judicial de la compañía Cargo Line Paraguay.
Este nuevo pronunciamiento modifica sustancialmente el turbio escenario generado por el A.I. N.º 1392, firmado el 16 de septiembre de 2026 por la duramente criticada jueza Mafalda Cameron Luque. En la decisión judicial, la magistrada había dispuesto una simple “intervención”, pero en la práctica provocó un verdadero golpe de timón: suspendió a las autoridades legítimas de las sociedades y desplazó por completo a los órganos de administración. El actual fallo judicial del juez Trovato arranca la careta de esa maniobra, sosteniendo que semejante desplazamiento es característico de una administración judicial forzada y jamás de una intervención preventiva.
Pero el punto más grave y escandaloso que detectó el juzgado es otro: como consecuencia de la polémica medida cautelar brindada por la jueza Cameron, la propia parte demandante terminó colocada como la autoridad principal de las empresas afectadas. El juzgado advirtió, con rigurosidad, que la medida cautelar terminó pareciéndose peligrosamente a la pretensión final que se busca en el juicio, otorgando el botín antes de dictar sentencia.
Frente a esta flagrante anomalía, la Justicia resolvió reencauzar el proceso y reemplazar la medida cautelar brinda a favor de Blas Zapag y Nora Zapag por una administración ejercida por terceros ajenos al litigio. La decisión impacta de lleno en el violento procedimiento del 16 de septiembre, cuando el abogado Fernando Marecos fungió de ejecutor para apartar de sus funciones al entonces gerente general, Gustavo Martínez. Hoy, la misma Justicia le da la razón a Martínez al nombrarlo administrador judicial provisional de Cargo Line Paraguay S.A.
Asimismo, en el fallo del juez Trovato se nombra a José Eduardo Fleitas Gómez como administrador de Cimportex Paraguaya Ind. y Com. S.A., y de María Graciela Álvarez Benítez como interventora de ambas sociedades.
La nueva resolución judicial fulmina la medida cautelar anterior firmada por la cuestionada jueza Mafalda Cameron, calificándola de “excesiva”. Con esto, el conflicto de Cargo Line suma un capítulo que pone bajo la lupa la sospechosa actuación de Fernando Marecos y el llamativo criterio de la jueza Cameron. El juicio de fondo sigue abierto, pero se corrigió el rumbo correcto y se recuperó la administración de ambas empresas.
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