El segundo del Ejecutivo cuestionó a través de sus redes sociales por qué algo tan básico, como la entrega de títulos de propiedad, tardó más de un siglo en hacerse realidad.

El vicepresidente de la Repú­blica, Pedro Alliana, destacó el inicio de ejecución del plan Nueva Ruralidad que impulsa el gobierno de Santiago Peña, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tie­rra (Indert) que comenzará a aplicarse como plan piloto en el departamento de Ñeembucú.

El segundo del Ejecutivo cuestionó a través de sus redes sociales por qué algo tan básico, como la entrega de títulos de propiedad, tardó más de un siglo en hacerse realidad en decenas de colonias rurales, cuando desde hace años está vigente leyes sobre reforma rural. “Durante demasiado tiempo, miles de familias campesinas esperaron el título de propie­dad de la tierra donde viven y trabajan. Hoy esa histo­ria empezó a cambiar. El gobierno del presidente San­tiago Peña impulsa el pro­grama Nueva Ruralidad, que tendrá a Ñeembucú como región piloto para avanzar en la regularización de tie­rras”, anunció el vicepresi­dente Alliana.

De acuerdo a la investigación técnica que llevó adelante el Indert, en el departamento de Ñeembucú fueron identi­ficadas 35 colonias con proble­mas de titulación. Al respecto, Alliana señaló que algunas llevan más de 100 años espe­rando y, en el caso de la colonia Sebastián Gaboto, la espera alcanzó 145 años.

“Tener un título de propie­dad es la tranquilidad de saber que esa tierra es de tu familia, que nadie te puede quitar y que el esfuerzo de toda una vida queda protegido para las próximas generaciones. Ese Paraguay es el que queremos seguir construyendo”, expresó

Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) confirmaron que el departamento de Ñeembucu se convertirá en la región piloto, donde se arrancará la implementación del programa “Nueva Ruralidad” que se impulsa con el gobierno del presidente Santiago Peña. Este programa busca consolidar las profundas transformaciones impulsadas en favor del campesinado nacional en lo que ha puesto énfasis el Gobierno actual.

En ese marco, el presidente del ente, Francisco Ruíz Díaz, informó que desde la institución se constituyó un equipo de investigación que realizó un trabajo de revisión de los antecedentes históricos sobre el proceso de Colonización y Reforma Agraria en el Paraguay. Señaló que este trabajo permitió detectar la casi nulidad de titulación en favor de los campesinos ocupantes de tierras rurales.

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Indicó que el informe del equipo de Investigación del INDERT, hasta el momento se han detectado un total de 100.000 hectáreas de tierras distribuidas en 35 Colonias, prácticamente sin ningún tipo de documentación que consolide los derechos de propiedad en favor de los beneficiarios de la reforma agraria.

Ruíz Díaz expuso como ejemplo el caso más emblemático en el departamento de Ñeembucú, señalando que, a pesar de tener la Colonia más antigua del Paraguay, de nombre Sebastián Gaboto, la cual fue habilitada el año 1881, los campesinos de Ñeembucu han sido los más marginados en cuanto a la titulación de las tierras.

“La Colonia Sebastián Gaboto se encuentra en el Distrito de Villa Franca, del Departamento de Ñeembucu, y cuenta con 6.913 hectáreas habilitadas originalmente para el asentamiento en favor de 163 familias asentadas. La misma fue creada con la primera Ley de Colonización del periodo de posguerra contra la Triple Alianza", precisó.

Mencionó que, en esta situación están 35 Colonias que estarían entre las más abandonadas en términos históricos. Al respecto, destacó que la colonia Sebastián Gaboto, cuenta con 145 años de falta de regularización.

Asimismo, la colonia Alberdi del distrito de Alberdi tendría ya 99 años de habilitación con casi nula titulación, siendo la segunda comunidad rural más antigua y dispondría un total de 12.823 hectáreas que sirvió para el asentamiento inicial de 514 familias rurales.

El resto de las 35 Colonias, específicamente unas 15 Colonias, dispondrían más de 80 años de habilitación sin regularización, mientras que el otro Grupo (18 Colonias) tendrían aproximadamente 70 años de habilitación.

“El denominador común de todas estas colonias es la nula titulación de las tierras, lo cual deja a sus ocupantes con derechos muy precarios y por fuera del mandato Constitucional de integrar al campesinado al desarrollo económico y social (Artículos 114 y 115 de la Constitución nacional de 1992)“, concluyó.

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.

Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.

La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.

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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.

Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.

“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.

Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) expuso los avances alcanzados por Paraguay en materia de transformación agraria durante la segunda edición de los Diálogos Interregionales y el Foro Mundial sobre Soluciones Políticas para la Agricultura Familiar, que se celebra en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia.

El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, compartió con expertos de varios países del mundo la agenda de la “Nueva Ruralidad”, destacando que el desarrollo sostenible del campo paraguayo se sustenta actualmente en dos grandes factores estructurales. Por el lado de la oferta productiva, el objetivo es incrementar la productividad y el ingreso en favor de las familias rurales y por otro lado está el aumento de la demanda de los productos generados por las familias campesinas.

El foro es organizado, del 22 al 24 de junio, por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) de Brasil, la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ruiz Díaz explicó que, por el lado de la oferta, se busca mejorar la productividad y el ingreso de los campesinos, a través de la política de titulación masiva de tierras que brinda seguridad jurídica a las familias rurales y facilita el acceso al crédito y a las inversiones productivas.

Asimismo, destacó un aspecto importante de la titulación masiva que corresponde a la inclusión de las mujeres y el retorno de los jóvenes al campo. También se pretende fortalecer las alianzas público-privadas y la promoción del cooperativismo como herramientas para aumentar la competitividad y mejorar las condiciones de vida en el campo.

El representante paraguayo comentó que la iniciativa sustentada en la Ley Hambre Cero genera una importante demanda de alimentos producidos por la agricultura familiar campesina, creando un círculo virtuoso que beneficia tanto a los estudiantes como a miles de pequeños productores.

Durante su presentación, el presidente del Indert sostuvo que Paraguay está consolidando un modelo de desarrollo rural que combina inclusión social, seguridad jurídica, producción y acceso a mercados, permitiendo que las familias campesinas sean protagonistas del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza en las zonas rurales.