Defensa solicitó libertad ambulatoria para Dalia López
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El abogado Adrián Salas, defensor de la empresaria Dalia López, presentó al juez Penal de Garantías, Raúl Florentín Cueto, una solicitud de medidas alternativas a la prisión para la empresaria, en este caso la libertad ambulatoria, pese a que la misma haya estado prófuga durante seis años. La audiencia de imposición de medidas se inició a las 10:00 de este viernes.
“Solicitamos la medida alternativa a la prisión, la ambulatoria, y eventualmente el arresto domiciliario. En eso centramos, tratamos de justificar todos los extremos para que se pueda dar lugar, porque finalmente entendemos que la conducta atribuida se trataría supuestamente de un delito, por lo tanto, entendemos que corresponde la medida sustitutiva a la prisión”, argumentó el abogado.
Sin embargo, el abogado admitió que la situación de prófuga podría afectar este pedido. “Ese es el inconveniente que se tiene, hemos también tratado de explicar el motivo del por qué ella no se había presentado durante todo este tiempo, por las amenazas y muchas cuestiones que explicamos al juzgado para que tenga en consideración para que pueda otorgar la medida sustitutiva a la prisión”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.
Para lograr la medida alternativa a la prisión y evitar una nueva posible fuga de López puso a disposición como garantía un inmueble de muy alto valor. “Ahora ella se siente un poco más segura, no se imaginan en la situación en que se encontraba, ahora en la comisaría de mujeres está un poco más segura, más tranquila, pero por otro lado el peligro de fuga hicimos el ofrecimiento de un inmueble de valor de más de 1 millón de dólares, es difícil que arriesgue a fugarse”, detalló el abogado.
Con respecto a una posible obstrucción a la investigación, el letrado argumentó que la investigación sobre la causa de documentos públicos con contenidos falsos, en la cual está acusada López, ya está agotada.
“Ya sería algo inexistente, atendiendo que la causa ya ha sido juzgada, se dieron varias salidas a varios de los imputados, acusados, algunos con condenas ya firmes, otros con suspensión condicional por procedimiento, algunos también obtuvieron condenas de dos años con suspensión de ejecución de la condena. Es decir, solamente ella ya está”, sentenció.
La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel que recibió Hernán Rivas y sostiene que la sentencia se basó en presunciones y no en elementos de prueba. Foto: Gentileza
Defensa de Rivas apeló condena y afirma que la misma se basó en presunciones y no en pruebas
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La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán David Rivas por la posesión de un título dudoso de abogado. La defensa de Rivas sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de errores de fondo que obligan a su absolución o, como mínimo, a la realización de un nuevo juicio oral para revisar la pena.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona que el presunto hecho de producción de documentos públicos de contenido falso ya se encontraba prescripto al momento del inicio del proceso penal. Asimismo, refiere que el fallo no determina las conductas concretas atribuidas al acusado y que el Tribunal de Sentencia lo condenó por hechos que la Fiscalía ni siquiera incluyó en su acusación. A su vez, crítica que no se distinguieron cuáles conductas correspondían a la producción y cuáles al uso de documento no auténtico, un defecto que, según afirman, arrastra el Ministerio Público desde la acusación original.
La abogada Zaracho sostiene además que la condena se basó en presunciones y no en pruebas fehacientes. Añadió que se invirtió la carga de la prueba al exigirle a Rivas demostrar su inocencia, y que se utilizaron elementos que nunca fueron producidos en el juicio oral y público. Respecto a la tipicidad, la defensa argumentó que los instrumentos cuestionados no constituyen “documentos falsos” en el sentido estrictamente penal: “Una designación del Congreso o un acta de juramento no certifican que alguien sea abogado. El título, el certificado de estudios y su registro en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son documentos válidos y legales hasta el momento”.
Finalmente, sostiene que la pena de 8 años de penitenciaría, además de ser excesiva, violó garantías de la Constitución Nacional y el Código Penal. El escrito de apelación señala que el tribunal aplicó erróneamente un agravante (la calificación de “especialmente grave”) y duplicó la valoración de los mismos motivos para justificar dicha gravedad, aplicar el concurso de delitos del artículo 70 y realizar la medición de la pena.
Por último, advierten una evidente discordia en los votos de la mayoría, ya que los dos jueces partieron de bases distintas para el cálculo de la sanción, utilizando incluso elementos propios del tipo penal dentro de la medición de la pena.
El abogado José Ignacio González Macchi defensor de Eddue Jara (foto) apeló la resolución del juzgado que ordenó el embargo de las cuentas bancarias del imputado así como el secuestro de varios rodados. Foto: Archivo
Defensa de Eddie Jara apela el embargo de cuentas y secuestro de vehículos
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El abogado José Ignacio González Macchi, representante legal del extitular de Petropar Eddie Jara —imputado por enriquecimiento ilícito—, apeló la resolución del juez de garantías interino Osmar Legal, quien ordenó el secuestro de tres vehículos del exfuncionario.
El defensor criticó la medida y sostuvo que los rodados todavía no fueron pagados en su totalidad, por lo que su incautación podría ocasionar perjuicios económicos tanto a su cliente como a las empresas vendedoras.
En relación con la imputación, vinculada a una diferencia negativa de G. 5.339 millones en el patrimonio de Jara, González Macchi señaló que la defensa todavía analiza los planteamientos que presentará. También afirmó que, a su criterio, la Fiscalía aún no ha presentado los elementos de convicción correspondientes.
Sobre la inhibición y el bloqueo de cuentas bancarias, afirmó que las medidas están siendo materia de análisis. Además, manifestó que una de las cuentas embargadas no pertenecerían a Jara y sostuvo que su cliente debe contar con al menos una cuenta habilitada para desarrollar sus actividades financieras.
La resolución judicial dispuso la prohibición de innovar y contratar sobre tres vehículos: una Jeep Compass Limited 1.3T4, modelo 2025, registrada a nombre de Mía Cecilia Alejandra Jara Otazú; una Jeep Commander, modelo 2024, y una Toyota Land Cruiser 300 VX, ambas a nombre de Eddie Ramón Jara Rojas. Los rodados también quedaron sujetos a secuestro, por lo que se dispuso oficiar a la Dirección del Registro Automotor y a la Comandancia de la Policía Nacional.
Unas 200 mujeres indígenas de Paraguay, México, Guatemala, Panamá, Perú, Estados Unidos, El Salvador, Argentina y Colombia se reunieron en nuestra capital para analizar la situación a nivel continental
Bajo el lema “Ñandereko arandu, vivir desde la sabiduría”, se reunieron en Asunción lideresas de pueblos originarios de Latinoamérica desarrollando una importante agenda continental.
Conmueve verlas caminar por calle Palma con sus banderas en alto, reclamando respeto. Ese que merece la herencia de los que estuvieron en esta tierra siglos antes de los 500 años que alcanzará esta capital en 2037. “¡Kuñanguéra jaku’e, Abya Yala ñanemba’e!”, dicen señalando en guaraní que América (Abya Yala) es de las mujeres que se movilizan.
Bernarda Pesoa, lideresa qom (toba) del Bajo Chaco, celebra que sus compañeras hayan respondido a la convocatoria para ayudarlas a “fortalecer y dar protagonismo al liderazgo de las mujeres indígenas, que sean visibilizadas, que podamos acceder a viviendas dignas, a buena salud, que tengamos medicamentos, puestos de salud y hospitales y que cese la discriminación en nuestro país”, apunta.
La respalda Lourdes Huanca, de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap): “La cumbre viene a decir: no somos pobrecitas; nos están despojando de nuestra cultura y de nuestras tierras. Por eso, compañeras, hay que seguir luchando, siendo autoridades con calidad humana y profesionalismo, defendiendo los derechos de la tierra con la frente en alto”, señala.
Bernarda Pesoa, de Paraguay
DEFENSA DEL AMBIENTE
La declaración final de la cumbre recuerda que ellas siguen “defendiendo nuestras semillas autóctonas y nativas, la soberanía alimentaria, el agua, la agroecología y los derechos de las indígenas y campesinas a vivir libres de violencia, para continuar tejiendo la unidad de los pueblos y de sus identidades culturales”.
También el compromiso con “poner en el centro los conocimientos y las diversas formas de autogobierno indígena. Invitamos a otras organizaciones y pueblos a articular acciones de resistencia que permitan proteger los territorios y todos los conocimientos”, agrega.
Organizada por la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) junto con el Consejo de Gobernanza de la Coordinadora de Abya Yala, el evento, que se desarrolló entre el 15 y el 20 de octubre en el Centro Cultural del Puerto, reunió a unas 200 indígenas de Paraguay, México, Guatemala, Panamá, Perú, Estados Unidos, El Salvador, Argentina y Colombia.
Durante la cumbre tuvo lugar una feria de artesanías que operó “como un espacio para visibilizar y valorar los conocimientos ancestrales, la creatividad y el trabajo de las artesanas indígenas compartiendo con el público objetos que expresan la identidad, la memoria y la riqueza cultural de los pueblos originarios”, destacaron desde la organización.
Lourdes Huanca, de Perú
LIDERESAS LOCALES
“Me impresionó mucho lo que contaron las compañeras de Colombia y Guatemala que tienen una lucha muy peligrosa, porque las matan, las apresan injustamente por luchar por los recursos naturales de las comunidades”, cuenta Hilaria Cruzabie, lideresa guaraní de la comunidad Santa Teresita, cerca de Mariscal Estigarribia, Boquerón, a más de 500 kilómetros de Asunción.
Comenta entonces el caso de las guatemaltecas Nancy Sinto (maya kaqchikel); Angelina Coy Choc, Olivia Muc Ich y Rosa de Coy, que enfrentan “procesos judiciales injustos y sentencias desproporcionadas por defender la tierra y los bienes naturales”, apunta.
Hilaria narra que en la historia su pueblo se desplegó desde la llanura chaqueña hasta las zonas andinas de Bolivia. Lo hace describiendo lo difícil de su resistencia y cuán importante es la espiritualidad indígena en ese menester. “Ya practicamos poco nuestros ritos, tenemos muy presentes las religiones católica y protestante, también otras sectas que se acercan. De la experiencia de las compañeras aprendimos que cuando buscan terminar con un pueblo atacan lo espiritual, así que me llegó profundamente esto y sobre todo el hecho de que necesitamos seguir con nuestros rituales y practicarlos en comunidad”.
AGENDA CONTINENTAL
A su turno, Alicia Amarilla, de la comunidad guaraní de Santory, Caaguazú, comenta que durante estos días se estuvo “conversando, analizando nuestra situación desde el territorio y las comunidades y salieron muchas propuestas, una verdadera agenda continental para la lucha de las mujeres”, apunta.
Describe que la pelea sigue siendo contra “el colonialismo, la violencia contras las mujeres, los problemas en el acceso a la tierra y otras temáticas que nos unen para la lucha, abriendo un debate que desde ahora se irá construyendo para llegar a la cumbre del año que viene en Chile”.
Amarilla pide que a nivel país se haga un esfuerzo mayor “para la educación de los pueblos indígenas. Nosotros en las comunidades tenemos los plurigrados, pero se hace difícil para nuestros niños terminar la primaria, es un sistema que nos condena a vivir sin educación”, expone.
De la cumbre destaca “la primera asamblea de jóvenes, que fue muy importante para nosotros porque ayuda a recrear la espiritualidad, la cosmovisión, y apunta a consolidar la recuperación de los saberes ancestrales de los pueblos”, destaca.
LUCHAS CONTINENTALES
“Las mujeres indígenas exigimos la erradicación del racismo estructural, el acceso a la salud intercultural, la protección frente a las múltiples violencias, el reconocimiento de las parteras y de los saberes ancestrales, y la participación efectiva en las políticas públicas que históricamente nos han excluido”, resume la declaración de la cumbre.
Lo hace describiendo una agenda que vienen construyendo desde sus inicios en Bolivia (2020), pasando por Perú (2021), Guatemala (2022), México (2023), Colombia (2024) y Panamá (2025), hasta llegar a Paraguay en este 2026.
La articulación busca visibilizar problemáticas urgentes como “La violencia de género, el impacto desproporcionado del cambio climático en las mujeres, la defensa de la soberanía alimentaria y la protección de las infancias y juventudes, entendidas no como el futuro, sino como el presente activo de la lucha”, describe.
Periodista comparecerá ante la Fiscalía tras grave accidente en Asunción
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Este miércoles 21 de octubre, el periodista Roberto Coronel, quien protagonizó un grave accidente de tránsito que ocasionó daños materiales durante la madrugada del sábado sobre la avenida General Máximo Santos, en el barrio San Vicente de Asunción, deberá comparecer ante el fiscal Benjamín Beltrán.
Tras esta diligencia, el Ministerio Público estará en condiciones de formular imputación contra el comunicador, quien presuntamente conducía su vehículo en estado de ebriedad.
En la audiencia indagatoria, el periodista deberá declarar sobre los hechos por los cuales está siendo investigado —específicamente, exposición al peligro en el tránsito terrestre— o, en su defecto, podrá admitir los hechos y solicitar una salida procesal antes de ser imputado.
De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, se observa al comunicador del Grupo Vierci un poco desorientado, presumiblemente por el estado de ebriedad en el que se encontraba.
El percance vial ocurrió alrededor de las 4:50 de la madrugada de este sábado e involucró a Gustavo Raúl Sánchez Fleitas, quien conducía un Toyota Vitz, y al periodista Roberto Hugo Coronel López, de 43 años, quien estaba al mando de un Kia Sonet.
Tras la intervención de los agentes de la Comisaría 14.ª y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Coronel fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 1,10 mg/L (miligramos por litro). Esta graduación alcohólica faculta la intervención inmediata del Ministerio Público, tras la comunicación formal correspondiente por parte de la sede policial.