El Tribunal de Apelación Especializado integrado por Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, ratificó la prisión preventiva de Gianina García Troche, en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, ubicado en la ciudad de Emboscada. La pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se encuentra imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.
De manera unánime, los camaristas confirmaron la resolución de la juez penal de Garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, de mantener la prisión preventiva de García Troche ante el requerimiento de sus abogados Hugo Núñez y Daniel Garcete, consistente en otorgar a su clienta el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Los letrados indicaron en su requerimiento que existían elementos nuevos que desvirtúan la imputación, en este caso, la supuesta falsificación de la escritura pública de constitución de la empresa; la prisión de Marset en Estados Unidos, así como la falta de fundamentación del fallo sobre la prisión de la mujer.
“Los motivos que justifican la prisión de Gianina García, no han variado, pues no existen nuevos elementos aportados a la causa, y la privación de la libertad de Marset no resulta suficiente como justificativo para alterar su estado”, refiere el tribunal.
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En su petición, los abogados también alegaron que la prisión preventiva a García Troche ya era excesiva, que no había ausencia de justificación de la medida, debido a que no existe peligro de fuga y que su sometimiento fue voluntario.
Los camaristas agregaron que “es necesario que la responsabilidad de la misma sea determinada en un juicio con todas las garantías y respetando los principios procesales - artículo. 1ro. del C.P.P.-. Para ello se debe asegurar su presencia al acto”.
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Hermano de excomandante policial, imputado por presunto abuso a adolescente en San Pedro
Leonardo Machado Orihuela, hermano del excomandante de la Policía Nacional Viviano Machado Orihuela, se encuentra imputado y con prisión preventiva tras ser denunciado por un supuesto caso de abuso sexual contra una adolescente en el departamento de San Pedro.
El caso salió a la luz en enero pasado, en la localidad de Villa del Rosario, donde la familia de una joven de 17 años lo acusa de haber cometido reiterados abusos entre diciembre y enero.
De acuerdo con la denuncia, la víctima trabajaba como empleada doméstica en la vivienda del procesado, circunstancia que habría sido aprovechada para perpetrar los hechos. La abogada de la familia, Gisselle Auada, sostuvo que incluso la esposa del acusado habría tenido conocimiento de la situación sin intervenir.
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Siempre según la versión de la parte denunciante, Machado habría intentado evitar que el caso trascienda ofreciendo inicialmente una vaca lechera y posteriormente la suma de G. 50 millones a cambio de silencio, propuestas que fueron rechazadas.
Tras la formalización de la denuncia ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, el fiscal Walter Melo Acosta resolvió imputarlo por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación.
El vínculo familiar con un exjefe policial genera preocupación en el entorno de la víctima, que teme eventuales influencias en el proceso. Por ello, la defensa solicitó celeridad en la causa y pidió que se avance hacia la audiencia preliminar para elevar el caso a juicio oral.
Actualmente, el imputado cumple prisión preventiva en la sede de la Agrupación Especializada, en Asunción, mientras prosiguen las diligencias del Ministerio Público.
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Auge de Marset en la era Abdo: “Operó abierta y libremente”, dice titular de la Senad
“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior", dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, autoridades de alto rango, quienes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.
Rachid se refirió a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal de Marset durante la administración abdista.
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde el país.
“No es coincidencia y nunca fue coincidencia todas esas toneladas de clorhidrato de cocaína que se fueron de Paraguay a Europa, no siendo nuestro país un productor de esa droga. Nosotros representamos en el 2021 el 10 % de toda la cocaína que iba a Europa”, remarcó Rachid.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
“Todos ya sabemos en que periodo ocurrió el auge. Es muy importante lo que Marset vaya a aportar en la investigación en Estados Unidos y yo aseguro que como moscas caerán después de lo que él diga“, sentenció el ministro.
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Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada a Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del 2022.
El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset.
“Fue a cambio de platazo del narcotráfico”
La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.
“Esto no se hizo gratis y tampoco fue una coincidencia, esto fue a cambio de platazo del narcotráfico y ese dinero tiene nombre y apellido seguramente y lo que más deseo es que esos nombres salten a la luz después de que Marset declare y ahí le quiero ver a todos ellos que hablan a boca llena de honestidad, moral y buenas costumbres como quedan“, afirmó Rachid.
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“No habrá impunidad”, afirma ministro contra militares que favorecieron a pareja de Marset
“Puedo asegurar transparencia, que seremos implacables para mantener el prestigio, la eficiencia y eficacia de una institución tan grande como las Fuerzas Armadas”, dijo el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, en torno a la detención preventiva de dos militares, que habrían favorecido a Gianina García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, durante su estadía en el penal de Viñas Cué.
La investigación contra los uniformados se debe al hallazgo de elementos no autorizados en la celda de García Troche, imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas en el marco del operativo A Ultranza Py, lanzado en febrero de 2022.
“Más que dolor, siento indignación, es lo que tengo. Si esto se llega a comprobar fehacientemente, que tuvieron negligencia en el cumplimiento de sus funciones, viene a empañar la imagen que tratamos de construir”, indicó el general retirado, este viernes, a la 1020 AM.
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Los uniformados implicados son el teniente coronel Víctor Valiente y el mayor Marcos Sotelo, quienes ya fueron separados de sus cargos. “Las investigaciones de la Justicia Militar datan desde el pasado 2 de diciembre, cuando se comprobó que la señora consumía marihuana. Ambos fueron relevados de sus cargos el 18 de diciembre", señaló el ministro.
Valiente es investigado por presuntas faltas contra la disciplina militar, referente a la “negligencia y el poco compromiso que tuvo como titular de la Dirección del Servicio de Justicia Militar”, alegó González.
Mientras que a Sotelo por abuso de autoridad y faltas contra la disciplina militar. “Él se desempeñaba como jefe del área penal y habría ordenado el ingreso de los elementos no autorizados. Esto se determinará en el proceso judicial que se está llevando adelante“, comentó. Entre los elementos no autorizados que fueron entregados a García Troche figuran marihuana, un machetillo, preservativos.
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Giuzzio suprimió controles pese a alertas de acción narco en puertos
Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El mismo informe de inteligencia de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema criminal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organizaciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.
LA COOPERACIÓN CON MARSET
Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran operación A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronología de los hechos considerando la frustración como la injerencia que sufrieron las investigaciones en una abierta cooperación del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio.
Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipótesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Marset y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que proviene de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.
El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la observación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubicaciones de las pistas, los depósitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.
Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría interviniendo otro bloque criminal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quienes haciendo uso de su logística empresarial y asociados al esquema criminal de Sebastián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exportaciones de sustancias ilícitas parten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y transitan a través de las rutas fluviales y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.
DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Marset y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de investigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteligencia de la Senad en los puertos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que todavía es un capítulo pendiente de las investigaciones concernientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.