Chantaje de transportistas “no puede quedar como si nada”, afirma diputado
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A pesar del acuerdo al que llegó el Gobierno con un sector de transportistas, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), el diputado Alejandro Aguilera sostiene que ya no se debe tolerar este tipo de chantaje. El legislador lamentó que esta presión, iniciada ayer sábado tuvo como consecuencia la falta de un servicio básico para la ciudadanía.
“Valoro que el Gobierno haya acordado con los transportistas para levantar la medida y normalizar el servicio, ya que la ciudadanía tampoco podía seguir soportando las consecuencias de las reguladas. Pero lo que ocurrió este fin de semana no puede pasar como si nada, miles de paraguayos fueron perjudicados, tuvieron dificultades para ir a trabajar, estudiar, cumplir con sus actividades diarias y eso no puede volver a pasar”, expresó en nota para La Nación/Nación Media.
Para el diputado, “el Estado no puede mostrarse débil a este tipo de presiones, estamos hablando de un servicio esencial, donde además existen subsidios públicos, lo que implica que estos transportistas no pueden estar sometiéndole a la población a estos chantajes”.
En este sentido, Aguilera sostiene que se debe aplicar medidas administrativas a sectores que pretendan chantajear al Gobierno. “Así como se alcanzó el acuerdo también es fundamental que el Gobierno actúe con firmeza, que establezca controles a sus itinerarios si cumplen o no cumplen y también, si vuelven a hacer esto yo creo que hay que abrirles un sumario administrativo a estas empresas y que inclusive sean pasibles de que se les quite su itinerario”, afirmó.
Finalmente, el diputado ratificó que estos sectores ya “no pueden estar sometiéndonos eternamente a un chantaje más todavía cuando se trata de un servicio público tan importante”.
El diputado plantea sancionar con hasta diez años de cárcel la difusión intencional de información falsa destinada a generar pánico financiero. Foto: Archivo
Plantean hasta 10 años de cárcel por difundir información falsa que provoque pánico financiero
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El diputado nacional por el departamento de Guairá, Alejandro Darío Aguilera Elizaur, presentó un proyecto de ley que plantea sancionar con hasta diez años de cárcel la difusión intencional de información falsa destinada a generar pánico financiero. La propuesta apunta a evitar que rumores o publicaciones engañosas desencadenen retiros masivos de dinero y pongan en riesgo los ahorros de la ciudadanía.
La iniciativa establece penas de hasta cinco años de prisión o multas para quienes divulguen falsedades a sabiendas. La sanción podría elevarse a ocho años si la conducta provoca una afectación grave de la liquidez de una entidad bancaria o si se utiliza indebidamente información reservada. En los casos considerados de extrema gravedad, con daños comprobados, la pena podría alcanzar los diez años de cárcel.
El proyecto también incorpora disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y de prensa. Según los puntos difundidos sobre la iniciativa, la normativa no habilitaría la censura previa y mantendría las garantías vinculadas al secreto de imprenta y la reserva de las fuentes periodísticas.
Como antecedente, la propuesta retoma una iniciativa impulsada por la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) en 2017, orientada a combatir maniobras de competencia desleal y la circulación de rumores malintencionados que pudieran afectar al sistema financiero.
Indert avanza en la regularización de tierras emblemáticas en Canindeyú, Caazapá y Alto Paraná
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El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), impulsa avances significativos en la regularización de tierras en tres comunidades rurales marcadas por décadas de conflictos e incertidumbre. Los procesos en Marina Cué (Canindeyú), Santa Teresa del Manduarã (Caazapá) y Santa Lucía (Alto Paraná) registran progresos concretos hacia la titulación y la seguridad jurídica de las familias campesinas.
Las gestiones lideradas por el ente agrario abarcan acuerdos de mediación y la coordinación técnica entre diversas instituciones del Estado. Esta articulación busca brindar certeza sobre la propiedad de la tierra y sentar bases sólidas para la producción y el desarrollo rural, consolidando la resolución de disputas históricas como un eje prioritario de la política territorial.
Gracias a la intervención institucional y al diálogo permanente entre las partes, el organismo logró canalizar respuestas efectivas para comunidades que aguardaron soluciones durante años. Este enfoque coordinado permitió superar trabas burocráticas y legales que por décadas frenaron la formalización de los asentamientos.
Los tres casos intervenidos representan algunos de los litigios más emblemáticos de la problemática agraria paraguaya. Entre ellos destaca Marina Cué (hoy denominada colonia San Óscar Romero), cuya experiencia sirvió como modelo de mediación aplicable a otros puntos del país, tras la histórica entrega de los primeros 82 títulos de propiedad formalizados en octubre de 2025.
Por su parte, en Santa Teresa del Manduarã se logró destrabar un conflicto social y jurídico que se extendió durante 32 años. La mediación del Indert y la concertación entre los sectores involucrados permitieron concretar la entrega de las primeras titulaciones a beneficiarios del estatuto agrario, en un acto oficial encabezado por el presidente Santiago Peña.
En tanto, en la colonia Santa Lucía se alcanzaron acuerdos clave como la cesión de 20 hectáreas a favor de las familias locales. La posterior habilitación de su inscripción ante el Registro Unificado Nacional (RUN) permitió reactivar el proceso de titulación para aproximadamente 1.300 lotes, garantizando arraigo e impulsando el desarrollo socioeconómico regional.
Las casas fueron distribuidas entre comisiones vecinales y comunidades indígenas de Capitán Bado y Karapaí; las obras forman parte de los programas habitacionales impulsados por el MUVH. Foto: Gentileza
MUVH entrega más de 200 viviendas a familias de Capitán Bado y Karapaí
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El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, desarrolló este viernes una jornada de gobierno en el departamento del Amambay, entregando un total de 216 viviendas a familias de los distritos de Capitán Bado y Karapaí.
El secretario de Estado resaltó que estas nuevas viviendas fueron entregadas en el marco de los programas habitacionales impulsados por el Gobierno de Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El ministro Baruja estuvo acompañado por el gobernador de Amambay, Juan Silvino Acosta; los respectivos intendentes Rodney Villalba y Ezequiel Ayala, además de concejales municipales.
Desde el MUVH informaron que en el distrito de Capitán Bado fueron entregadas 65 viviendas a integrantes de la Comisión de Viviendas Populares San José. En Karapaí, otras35 corresponden al Comité Pro Vivienda y 35 al Comité Vecinal de Producción Agrícola San Andrés.
Asimismo, 81 viviendas fueron destinadas a las comunidades indígenas Itaju, Mbarakay Ka’a Poty e Itapoty, de ambos distritos. Estas soluciones habitacionales fueron construidas a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI).
Según los datos oficiales, bajo la administración del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, se registran 34.850 viviendas entregadas y 46.140 gestionadas en todo el país, como parte de las acciones orientadas a ampliar el acceso a una vivienda digna.
Dionisio Amarilla y Alejandro Aguilera cuestionaron los ataques mediáticos y advirtieron sobre el impacto de generar pánico bancario en la economía. Foto: Gentileza
Legisladores afirman que informe del BCP confirma la solvencia del sistema financiero
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Legisladores de ambas cámaras del Congreso coincidieron en que la documentación técnica remitida por el Banco Central del Paraguay (BCP) descarta irregularidades graves y confirma la estabilidad del sistema bancario nacional. Tras la revisión de los informes, señalaron que la actuación de la Superintendencia de Bancos demuestra el correcto funcionamiento de los mecanismos de supervisión y control de riesgos. Ante este escenario, recalcaron que la apertura de un sumario administrativo a una entidad no equivale a una intervención ni justifica alarmar a la ciudadanía.
El senador Dionisio Amarilla instó este viernes a frenar lo que calificó de “temeraria campaña” orientada a sembrar desconfianza en el sector financiero y generar un eventual pánico de ahorristas. Consultado por la prensa legislativa sobre el contenido analizado, el parlamentario y economista fue enfático al declarar que “no aparece absolutamente nada raro en el informe”. Asimismo, defendió la formación técnica de los funcionarios del ente regulador y advirtió que intentar forzar una intervención a ueno bank resultaría irresponsable, dado que dicha entidad ha permitido mejorar de forma sustancial los rendimientos de las colocaciones de instituciones públicas como el Instituto de Previsión Social (IPS).
En la misma línea, el diputado Alejandro Aguilera cuestionó la difusión mediática de versiones catastróficas sobre la situación de la plaza bancaria. El legislador lamentó la “liviandad” con la que ciertos actores políticos y grupos empresariales abordaron la filtración del informe, el cual abarca el desempeño de al menos siete entidades financieras. Aguilera enfatizó que los datos técnicos confirman que las instituciones de plaza gozan de plena solvencia y que no existen riesgos de colapso ni amenazas directas para los ahorros de la población.
Disputas comerciales
Ambos parlamentarios atribuyeron la controversia a disputas comerciales y una “guerra de facciones” dentro del sector bancario privado. Aguilera sostuvo que los ataques responden a la resistencia de ciertos sectores tradicionales ante la llegada de competidores que ofrecen tasas de interés más competitivas al Estado. A modo de ejemplo, destacó que, gracias a este nuevo escenario competitivo, el IPS obtuvo ingresos superiores a USD 200 millones en un solo año por el rendimiento de sus depósitos, un beneficio sin precedentes en la gestión de los recursos de los contribuyentes.
En el plano político, Aguilera desestimó las acusaciones de la oposición que intentan vincular al presidente de la República, Santiago Peña, con la entidad involucrada, recordando que la desvinculación directiva del mandatario fue aclarada y documentada oportunamente. Con el objetivo de proteger la institucionalidad económica, el diputado anunció que impulsará un proyecto de ley para tipificar y sancionar el “terrorismo financiero”, penalizando la difusión maliciosa de datos falsos que busquen provocar corridas de depósitos.