La empresa Estancia Pindó S.A., legítima propietaria de un inmueble rural ubicado en el Departamento de Canindeyú, comunica a la opinión pública su profunda preocupación y absoluto repudio ante los hechos ocurridos este 26 de marzo de 2026, fecha en la que autoridades del Ministerio del Interior de Paraguay llevaron adelante una jornada comunitaria dentro de la colonia “Primero de Marzo”, ubicada en la referida propiedad.
La firma Pindó S.A. refiere que el inmueble en cuestión se encuentra ilegítimamente ocupado desde hace aproximadamente 13 años por grupos organizados que se autodenominan “campesinos sin tierra”. Esta situación ha sido oportunamente denunciada ante las autoridades competentes y las acciones legales correspondientes se encuentran actualmente en trámite.
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El comunicado enfatiza que “resulta particularmente grave que autoridades públicas hayan ingresado al inmueble sin conocimiento, autorización ni coordinación alguna con sus legítimos propietarios, desarrollando actividades institucionales dentro de una propiedad privada que se encuentra en conflicto jurídico”.
Sostienen que el accionar del Ministerio del Interior contraviene principios fundamentales del Estado de Derecho, tales como: el respeto al derecho de propiedad consagrado constitucionalmente; la obligación de neutralidad del Estado frente a conflictos entre particulares y el deber de las autoridades de actuar estrictamente dentro del marco de la legalidad.
Asimismo, indican que “la presencia de instituciones públicas en el lugar, en tales condiciones, genera un mensaje equívoco y peligroso que puede interpretarse como una legitimación de ocupaciones irregulares, debilitando la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones”.
Finalmente, Estancia Pindó S.A. reafirma su pleno respeto por el diálogo social y la paz, siempre dentro del marco de la ley. Exige a las autoridades competentes explicaciones formales sobre lo ocurrido y se reserva el ejercicio de todas las acciones legales para la defensa de sus derechos. La empresa insta a las autoridades a garantizar el respeto irrestricto a la propiedad privada y a canalizar cualquier intervención estatal a través de los mecanismos judiciales pertinentes.
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