Este martes declarará Victoriano Benítez, exdirector general Administrativo y Financiero de la cartera estatal.

A las 8:00 continúa el juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado tras presuntamente recibir favores del supuesto narcotraficante Marcus Vini­cius. En la fecha declarará uno de los últimos testigos, identificado como Victoriano Benítez, exdirector general Administrativo y Financiero de la cartera estatal.

Una vez concluida su decla­ración, se ingresará a la etapa de alegatos finales, donde el Ministerio Público solici­tará los años de cárcel para el exalto funcionario del gobierno de Mario Abdo Benítez. El Tribunal de Sen­tencia encargado de juzgar a Giuzzio está integrado por los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete.

En este juicio ya han decla­rado numerosos testigos, incluido el propio Marcus Vinicius, así como exfun­cionarios de la firma Black Eagle SA (u Ombú SA), pro­piedad del ciudadano brasi­leño. Entre ellos, el exgerente de la firma Gilberto Enciso aportó datos que comprome­ten la situación procesal de Giuzzio.

Igualmente, declaró el exvi­ceministro de Seguridad Interna Pablo Ríos quien afirmó haber recibido órde­nes directas de Giuzzio para negociar con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua el blindaje de patrulleras de la Policía Nacional. Ríos indicó que la firma Ombú SA, a tra­vés de su gerente Gilberto Enciso, presentó una nota de presupuesto al Ministerio del Interior. Dicho documento fue recepcionado por el pro­pio Ríos, quien luego se lo entregó al entonces ministro. Asimismo, se constató que el acusado visitó las instalacio­nes de Ombú SA en Ciudad del Este, donde se tomaron varias fotografías dentro del taller y una foto general con los empleados de la empresa.

La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.

El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio Benítez, procesado por presunto cohecho pasivo agravado, ingresó en una fase decisiva con la incorporación de pruebas documentales. Durante las últimas jornadas, las partes examinaron expedientes centrados en la logística institucional y en supuestas vinculaciones con el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Entre los elementos exhibidos destaca la denominada “Evidencia n.º 8”, un compendio documental que detalla solicitudes de mantenimiento, garantías de blindaje y memorandos oficiales del Ministerio del Interior. Los documentos revelan gestiones para exceptuar del ploteado institucional a vehículos utilizados en “zonas rojas o sensibles”, así como el uso de rodados para escoltar a delegaciones diplomáticas internacionales.

Asimismo, el tribunal incorporó la “Evidencia n.º 7”, que reúne notas manuscritas y recortes referentes a candidaturas políticas, viajes y empresarios. Esta vertiente busca determinar si existió una red de favores o beneficios irregulares otorgados a favor de firmas vinculadas al crimen organizado durante la gestión del exfuncionario.

En audiencias previas, la declaración del vendedor comercial Adolfo D’Ecclesiis aportó datos sobre la operatividad de la empresa Ombú SA. El testigo detalló cómo se coordinó una prueba balística en la sede de la FOPE en diciembre de 2021, oportunidad en la que Espíndola Marqués de Padua presentó insumos de blindaje ante las autoridades estatales.

D’Ecclesiis ratificó ante los jueces que las tratativas técnicas y comerciales con el Ministerio del Interior eran lideradas directamente por Marcus Vinicius. Según la acusación del Ministerio Público, Giuzzio habría aceptado alquileres y reparaciones de vehículos a cambio de favorecer a las empresas del presunto narco en futuras licitaciones de seguridad. Por su parte, la estrategia del acusado busca demostrar que no existió una contraprestación ni un pacto ilegal.

Concluida la lectura del bloque documental, el tribunal de sentencia dispuso un receso e informó que notificará a las partes sobre la nómina de los próximos comparecientes. La reanudación fue fijada para el martes 22 a las 8:00 de la mañana, jornada en la que se prevé una sesión extendida. Para la siguiente etapa, la secretaría del tribunal confirmará la disponibilidad de las personas citadas a fin de agilizar el desarrollo de la causa. Se espera que la comparecencia de nuevos testigos clave comience a definir el tramo final de este proceso judicial.

Este lunes se reinició el juicio oral y público en contra del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras 10 personas, en el marco del caso conocido como Tía Chela.

Las 11 personas están acusadas por el hecho de lesión de confianza por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos en pandemia que habría generado un perjuicio patrimonial a la comuna esteja de unos G. 2.130 millones.

En esta jornada, se reanudó la audiencia con la la lectura de parte de la resolución judicial del juez Humberto Otazú, quien decidió elevar a juicio oral y público el caso, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán.

Luego de esta etapa los fiscales del caso encabezado por Silvio Corbeta deberán presentar los alegatos iniciales de este juicio oral y público, donde la Fiscalía se ratificará en su acusación inicial.

El juicio de esta jornada se extenderá hasta las 15:00, ante el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.

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Este juicio oral y público se desarrolla en el marco de la acusación por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas municipales.

Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, quienes sostienen la acusación desde junio de 2024, apuntan a Prieto y a Francisco Raimundo Arrúa Álvarez como los autores principales del perjuicio financiero.

Asimismo, la estructura delictiva incluye como cómplices a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez.

El avance de este juicio promete desnudar las cuestionables prácticas de una administración que, bajo la fachada de la emergencia, habría montado un esquema para saquear el dinero público.

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