Legisladores de ambas cámaras del Congreso coincidieron en que la documentación técnica remitida por el Banco Central del Paraguay (BCP) descarta irregularidades graves y confirma la estabilidad del sistema bancario nacional. Tras la revisión de los informes, señalaron que la actuación de la Superintendencia de Bancos demuestra el correcto funcionamiento de los mecanismos de supervisión y control de riesgos. Ante este escenario, recalcaron que la apertura de un sumario administrativo a una entidad no equivale a una intervención ni justifica alarmar a la ciudadanía.

El senador Dionisio Amarilla instó este viernes a frenar lo que calificó de “temeraria campaña” orientada a sembrar desconfianza en el sector financiero y generar un eventual pánico de ahorristas. Consultado por la prensa legislativa sobre el contenido analizado, el parlamentario y economista fue enfático al declarar que “no aparece absolutamente nada raro en el informe”. Asimismo, defendió la formación técnica de los funcionarios del ente regulador y advirtió que intentar forzar una intervención a ueno bank resultaría irresponsable, dado que dicha entidad ha permitido mejorar de forma sustancial los rendimientos de las colocaciones de instituciones públicas como el Instituto de Previsión Social (IPS).

En la misma línea, el diputado Alejandro Aguilera cuestionó la difusión mediática de versiones catastróficas sobre la situación de la plaza bancaria. El legislador lamentó la “liviandad” con la que ciertos actores políticos y grupos empresariales abordaron la filtración del informe, el cual abarca el desempeño de al menos siete entidades financieras. Aguilera enfatizó que los datos técnicos confirman que las instituciones de plaza gozan de plena solvencia y que no existen riesgos de colapso ni amenazas directas para los ahorros de la población.

Ambos parlamentarios atribuyeron la controversia a disputas comerciales y una “guerra de facciones” dentro del sector bancario privado. Aguilera sostuvo que los ataques responden a la resistencia de ciertos sectores tradicionales ante la llegada de competidores que ofrecen tasas de interés más competitivas al Estado. A modo de ejemplo, destacó que, gracias a este nuevo escenario competitivo, el IPS obtuvo ingresos superiores a USD 200 millones en un solo año por el rendimiento de sus depósitos, un beneficio sin precedentes en la gestión de los recursos de los contribuyentes.

En el plano político, Aguilera desestimó las acusaciones de la oposición que intentan vincular al presidente de la República, Santiago Peña, con la entidad involucrada, recordando que la desvinculación directiva del mandatario fue aclarada y documentada oportunamente. Con el objetivo de proteger la institucionalidad económica, el diputado anunció que impulsará un proyecto de ley para tipificar y sancionar el “terrorismo financiero”, penalizando la difusión maliciosa de datos falsos que busquen provocar corridas de depósitos.

“La línea política partidaria no es la correcta, debemos volver a nuestras raíces”, indicó el diputado Adrián “Billy” Vaesken, al acusar al movimiento Nuevo Liberalismo de ser los principales artífices de la debacle electoral del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en los comicios municipales del 4 de octubre, en que solo obtuvo 34 intendencias y retrocedió su caudal de votos.

“La gente no le vota a la copia, le vota al original, es por eso que nosotros tenemos que pregonar una línea combativa, ellos quieren copiar el modelo de hacer política de la Asociación Nacional Republicana. El PLRA perdió en el distrito de Julián Augusto Saldívar, que es prácticamente la joya de la corona del partido en Central”, indicó este jueves en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Vaesken acotó: “Ojalá que esto sirva para que entendamos dentro del PLRA que este no es el camino y que podamos recomponer las fuerzas y la línea política de oposición al gobierno. A partir de noviembre vamos a tener siete municipios en Central ya que perdimos cuatro y esto claro que es un resultado negativo, qué se hizo mal, debemos preguntarle al gobernador Ricardo Estigarribia y también al directorio del PLRA”.

A nivel nacional, el PLRA pasó de administrar 61 municipios ganados en los comicios del 2021, a solo 34 en las urnas del domingo pasado, perdiendo 27 intendencias. La meta de la nucleación opositora liderada por Alcides Riveros se centraba en la conquista de 100 intendencias mediante la candidatura liberal directa y un total de 130 con alianzas.

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Según el corte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Partido Colorado incrementó un 13 % su presencia territorial alcanzando 187 intendencias y 1.833 concejalías (+7%). En contrapartida, el PLRA sufrió una caída del 44 % al disminuir la cantidad de intendencias y quedarse solo con 487 concejales (-29%).

“Tenemos que hacer un análisis profundo y levantar nuevamente la bandera de lucha frontal. Lastimosamente, la línea que pregona el directorio es la que prácticamente disminuyó la cantidad de intendentes y concejales, esta no es la que triunfa y conquista el corazón de la gente”, refirió.

El parlamentario agregó que “el presidente del PLRA, Alcides Riveros debe entender que la línea de estar en silencio en el directorio y no hacer oposición dentro del Congreso Nacional es la que perjudicó de sobremanera las chances de la oposición en estas municipales y eso va a repercutir catastróficamente en el 2028″.

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Esta semana quedó sancionada de forma automática la ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay a la técnica ancestral “Ñai’ũpo”, dado que ya se encontraba en su tercer trámite en Cámara de Diputados, para su análisis sobre las modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Senadores y se cumplieron los plazos para su estudio.

El proyecto legislativo quedó sancionado sin que sea analizado en el plenario, luego de que se cumplieran los plazos constituciones. No obstante, el documento se encontraba bajo estudio en las comisiones asesoras de la Cámara Baja, pero con dictámenes que recomendaban aceptar las modificaciones planteadas, por lo que ahora pasa a manos del Poder Ejecutivo para su posterior promulgación u objeción.

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El origen de esta normativa se remonta a la propuesta impulsada de manera particular por la diputada colorada Rocío Abed, quien presentó el proyecto con el propósito fundacional de dotar de un marco de protección jurídica, institucional y de fomento a una de las expresiones artesanales precolombinas más emblemáticas del país.

A través de esta iniciativa, la legisladora buscó garantizar el resguardo integral de las prácticas comunitarias, los saberes alfareros y las técnicas tradicionales de recolección y cocción de la arcilla que son ejecutados de manera histórica.

El texto aprobado pone especial énfasis en la preservación de este oficio en localidades con un profundo arraigo histórico como la compañía Caaguazú de la ciudad de Itá, los barrios San Rafael y 21 de Julio de Tobatí, así como también en Areguá y Yaguarón, donde las maestras alfareras mantienen vivo este legado cultural de transmisión predominantemente oral y de mano de mujeres de generación en generación.

Al convalidar las correcciones terminológicas sugeridas por la Cámara Alta, el Congreso Nacional alinea este marco legal de origen parlamentario con los estándares internacionales de salvaguardia cultural, quedando únicamente pendiente la firma del presidente de la República para la entrada en vigencia de la ley.

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El diputado colorado Benjamín Cantero visitó el futuro Hospital General de Curuguaty, oportunidad en la que destacó el avance de los trabajos y expresó su agradecimiento al Gobierno Nacional por el impulso dado a esta obra de infraestructura sanitaria, considerada de gran impacto para Canindeyú y departamentos vecinos.

El parlamentario señaló que la nueva infraestructura permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario en la región. “Nos queda agradecer al Gobierno Nacional. Con esto, gran parte de los compromisos que había asumido el presidente de la República y el vicepresidente se están honrando”, manifestó.

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También resaltó que el referido nosocomio tendrá un importante poder resolutivo y permitirá reducir la necesidad de trasladar pacientes hasta la capital. “Para aproximadamente 250.000 habitantes se tendrá, en materia de salud, un poder resolutivo importante y se estará descongestionando los nosocomios de la capital”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el beneficio alcanzará también a pobladores de departamentos vecinos, quienes podrán acceder a servicios de mayor complejidad sin afrontar los largos desplazamientos hacia Asunción. “Los que manejamos los de tierra adentro sabemos el calvario que significa viajar para acceder a determinados servicios”, expresó.

La obra contempla 110 camas de internación, 16 camas de terapia intensiva, 19 consultorios, cuatro quirófanos y ocho puestos de hemodiálisis, además de áreas de diagnóstico por imágenes, laboratorio clínico y servicios de maternidad.

Se informó que la ejecución general se encuentra cercana al 20 %, mientras que la estructura de hormigón está próxima a alcanzar el 90 % y los trabajos de albañilería presentan un avance aproximado del 40 %.

El proyecto contempla bloques destinados a hospitalización, laboratorio, diagnóstico por imágenes, terapia intensiva, cirugía y ginecoobstetricia, urgencias, consultorios y administración, además de un albergue y una guardería. Actualmente, unas 170 personas, entre técnicos y obreros, participan de los trabajos.

Asimismo, se prevé la incorporación progresiva de más trabajadores conforme avance el proyecto, con participación de mano de obra local. La construcción representa una inversión aproximada de G. 150.000 millones, financiada por el Gobierno del Paraguay a través de Itaipú Binacional.

La nueva infraestructura apunta a fortalecer la descentralización de los servicios de salud y ampliar el acceso a atención de mayor complejidad para la población de Canindeyú y la zona.

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