La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, presentó ante la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado del Senado los avances del proyecto del Tren de Cercanías, junto con el cronograma previsto para su ejecución.

Durante la reunión, encabezada por el senador Arnaldo Samaniego, la titular del MOPC explicó que el proyecto se encuentra en una etapa clave desde el punto de vista técnico. Detalló que los equipos de la empresa emiratí Etihad Rail ya se encuentran en Paraguay y que la ingeniería del proyecto está en marcha, con un plazo estimado de finalización de cinco meses.

En cuanto al cronograma, señaló que el gobierno prevé iniciar el proceso de licitación de las obras hacia finales de este año. Si se cumplen los plazos establecidos, las primeras movilizaciones para trabajos preliminares podrían comenzar en aproximadamente un año.

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Centurión destacó los beneficios del sistema ferroviario, especialmente por tratarse de un tren 100 % eléctrico. “La externalidad es positiva, no solo para el usuario, sino para el entorno en general”, afirmó, al referirse al impacto ambiental y urbano del proyecto.

En ese sentido, indicó que el Tren de Cercanías permitirá reducir la contaminación y el ruido, además de contribuir a disminuir los accidentes de tránsito, al ofrecer una alternativa de transporte más segura y ordenada.

Otro de los puntos resaltados fue la mejora en los tiempos de traslado. La ministra explicó que el sistema contará con horarios programados, lo que permitirá mayor previsibilidad para los usuarios y un cambio importante frente a las condiciones actuales del transporte público.

El proyecto del Tren de Cercanías es una de las principales apuestas del Gobierno en materia de infraestructura y movilidad urbana, con el objetivo de mejorar la conectividad en el área metropolitana y modernizar el sistema de transporte.

Con este avance, el MOPC busca encaminar una obra que apunta a tener impacto tanto en la calidad de vida de los usuarios como en la eficiencia del transporte en el país.

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El titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, reconoció que actualmente hay menos ómnibus operando en horarios “pico” y atribuyó las reguladas en el transporte público a la suba del combustible y a retrasos en el subsidio.

El transportista mencionó que hay un 15 % a 20 % menos de vehículos de la flota total para responder a la demanda total de usuarios, tanto en el horario de la mañana como de la tarde, en declaraciones a la 1080 AM.

Sin embargo, calificó la medida como “racionalización” del combustible debido a la incapacidad de comprar carburantes en los mismos niveles que venían comprando, argumentó. “Uso mi combustible de manera gradual para no dejar sin servicio”, expresó.

Añadió que al problema del combustible se suma la falta de pagos en el subsidio. “No han pagado el subsidio de enero, estando ya casi a finales de marzo. Tampoco se han pagado las compensaciones 2025. Es decir, todavía no se cerraron las tarifas de todo un año”, manifestó.

Ante esta situación, el empresario propone un nuevo reajuste en el pasaje o, en su defecto, el aumento del subsidio. En ese sentido, dijo que la tarifa en el servicio diferencial debería saltar a G. 6.670 y el convencional a G. 5.520. O de lo contrario, aumentar el subsidio en USD 1 millón para no cargar esa diferencia al usuario final, acotó Ruiz Díaz.

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Desde la Cetrapam manifestaron que el costo de los atrasos y el impacto del combustible van de la mano. Cuestionaron que, mientras los precios siguen en aumento, el sector continúa sin recibir pagos pendientes, generando un desajuste en la operación del transporte público.

“Cuando no se cumplen los compromisos y los costos suben, se vuelve cada vez más difícil sostener el servicio en condiciones adecuadas. El sistema necesita previsibilidad para poder funcionar”, expresaron. Sin embargo, desde el gobierno anunciaron el compromiso de ponerse al día con el sector.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la implementación de un esquema financiero basado en factoraje y emisión de letras del Tesoro con garantía soberana, con el objetivo de regularizar deudas con empresas constructoras y asegurar la continuidad de las obras públicas sin generar nuevos retrasos.

La ministra Claudia Centurión explicó que la estrategia contempla la cesión de certificados de obra a entidades financieras, lo que permitirá a las empresas cobrar de forma anticipada sin presionar directamente el presupuesto vigente. “Es un mecanismo diferente, diseñado para dar previsibilidad a los pagos y sostener el ritmo de ejecución”, afirmó.

El esquema prevé la emisión por USD 150 millones, respaldados por garantía soberana a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de una solución estructural para evitar la acumulación de pasivos con el sector vial. Según detalló, el instrumento cubrirá capital y se espera interés por parte de entidades bancarias locales en su colocación.

Centurión señaló además que el borrador del instrumento ya fue remitido al sector privado para recibir observaciones y ajustes antes de su implementación.

En paralelo, la ministra añadió que el Gobierno evalúa un proyecto de ley que permita al MEF emitir bonos para honrar cerca de USD 80 millones en intereses acumulados de administraciones anteriores.

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La titular del MOPC indicó que entre enero y marzo se canceló una parte de los compromisos pendientes, lo que permitió reducir la deuda con las empresas viales.

También indicó que el presupuesto contempla un piso de USD 460 millones para el sector, con prioridad en el cumplimiento de obligaciones y la prevención de nuevos atrasos, según lo conversado con el ministro de Economía.

“Estamos enfocados en gastar lo que se tiene. El objetivo es mantener el nivel de inversión, pero sin volver a acumular deuda”, remarcó.

La ministra destacó que cerca del 70 % de los proyectos de infraestructura se ejecutan con financiamiento externo o esquemas de inversión mixta.

Entre las principales iniciativas mencionó la Alianza Público-Privada (APP) de la ruta PY01, así como adjudicaciones recientes en la ruta PY10 por alrededor de USD 120 millones, con respaldo de BID Invest.

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El Gobierno inició una mesa de trabajo con el sector de la construcción para destrabar las obligaciones pendientes con empresas viales, en un contexto marcado por fuertes reclamos de los gremios por atrasos en los pagos.

La reunión contó con la participación del jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez; el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión; y representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).

Según informaron tras el encuentro, se está trabajando en una solución de corto plazo “viable, sostenible y eficiente”, que permita atender las deudas acumuladas y dar previsibilidad a las obras en ejecución, considerando el impacto directo en empleo y actividad económica.

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El acercamiento se da luego de que Cavialpa, Capaco y la Cámara Paraguaya de Consultores advirtieran sobre una situación “grave e insostenible”, señalando que los retrasos en los pagos han llevado a varias empresas a una situación de quiebra técnica.

De acuerdo con los gremios, la deuda acumulada del sector , incluidos intereses, ronda los USD 360 millones, mientras que el presupuesto vigente resulta insuficiente frente a los compromisos asumidos, lo que genera un déficit significativo en la planificación de infraestructura.

Las organizaciones también alertaron sobre el riesgo de un “default interno”, al considerar que el incumplimiento de pagos debilita la seguridad jurídica, afecta la cadena de pagos y compromete la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo del país.

En este escenario, autoridades buscan ordenar las finanzas públicas y establecer prioridades, con el objetivo de sostener la inversión en infraestructura sin agravar el equilibrio fiscal.

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