España afronta este miércoles una huelga general convocada ante una ola de indignación por la crisis de la vivienda y el poder adquisitivo, temas álgidos a poco más de dos semanas de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez se juega la reelección.

Catorce años después de la última protesta similar en la cuarta economía de la zona euro, los observadores estarán atentos al seguimiento del paro en la industria y los servicios, especialmente en el transporte público, donde no obstante se garantizarán servicios mínimos.

También se seguirá de cerca la magnitud de las manifestaciones previstas, sobre todo las de la tarde en Madrid y Barcelona, que podrían servir de barómetro del descontento social de cara a los comicios del 29 de noviembre.

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Los principales sindicatos del país llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

“Es una huelga del pueblo. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que de donde ha salido la convocatoria es desde las mismas calles”, se congratuló el domingo en la radio pública Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización.

De hecho, las protestas, que incluyeron una acampada que por cinco semanas ocupó la céntrica Puerta del Sol en Madrid, dieron pie a la convocatoria de las próximas elecciones generales. Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.

De todas maneras, el Gobierno de izquierda tiene previsto hacer aprobar el jueves, un día después de la huelga, parte de esas medidas en la Diputación Permanente, un órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.

“Esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda”, aseveró Sánchez el domingo al diario La Vanguardia.

Recordando los avances sociales logrados en España en décadas pasadas cuando “la gente dijo ¡basta! y se organizó y salió a la calle e hizo huelgas”, Sánchez llamó el lunes en la red social X a “proteger” lo logrado. La paralización de actividades, rechazada por la patronal que la ha calificado de protesta “electoral”, ha sido criticada por la derecha y la extrema derecha.

“No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora” antes de las elecciones “o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre”, advirtió a los sindicatos la semana pasada en un mitin el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo.

El jefe del PP, partido favorito para ganar las elecciones según las encuestas, calificó de “grave error” continuar con la huelga “69 muertos después”, en referencia a los fallecidos en una colisión de trenes en el centro del país a finales de octubre, un hecho que estremeció la campaña.

“Deberían tener un mínimo de vergüenza” los sindicatos “de corte marxista” y suspender la paralización, pero de no hacerlo “tomaremos nota”, advirtió Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, cuyo apoyo podría ser necesario para formar gobierno si la derecha queda lejos de la mayoría absoluta, tal y como señalan los sondeos.

“Somos conscientes de que es un paro un tanto excepcional”, pero “el gran objetivo es promover una gran movilización social y un sentido común sobre el tema de la vivienda”, se defendió el lunes en el medio digital eldiario.es Unai Sordo, secretario general de uno de los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO).

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El salario bruto español alcanza una media de unos 2.460 euros mensuales en 14 pagas, mientras que el alquiler de un apartamento de 50 m2 en Madrid costaba 1.170 euros al mes de media en octubre, según el portal Idealista. Esto supone casi la mitad del salario bruto promedio, una proporción muy alejada del 30% que suelen recomendar los organismos públicos y los profesionales de la vivienda.

Fuente: AFP

Desde la Cámara de Diputados impulsan la revisión responsable del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN 2027), cuyo estudio quedó aplazado para una fecha a confirmar, en el transcurso de esta semana. La postergación del estudio se dio a raíz de la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo, con el fin de introducir modificaciones y recortes al proyecto original.

Sobre el punto, el legislador colorado Miguel Del Puerto destacó la importancia de avanzar en una revisión responsable de los recursos, priorizando áreas esenciales como la salud pública y la atención a los sectores más vulnerables.

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En coincidencia con la directiva del presidente de la República, Pedro Alliana, el diputado planteó la necesidad de racionalizar los gastos y orientar las decisiones presupuestarias hacia las áreas que requieren mayor atención. De este modo se busca garantizar que los recursos públicos respondan eficazmente a las demandas ciudadanas.

“Estamos enfocados en trabajar por soluciones para la ciudadanía. Para nosotros, lo más importante es que el presupuesto permita atender las necesidades de la población y priorizar los sectores que requieren mayor atención”, significó.

Según el artículo 216 de la Constitución Nacional, la Cámara de Diputados dispone de un plazo improrrogable de quince días corridos para estudiar y otorgar la media sanción al PGN. El plazo correspondiente a la Cámara Baja fenece este sábado 14 de noviembre, por lo que se prevé retomar su tratamiento en el transcurso de los próximos días.

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Ante el posible planteo de juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, garantizó el desarrollo del proceso en el circuito legislativo. Sectores de la oposición buscan llevar adelante el juicio político contra Rolón por cuestionamientos y supuestas falencias en el caso Ueno Bank y el expresidente de la República, Santiago Peña.

“Me toca ejercer un delicado rol institucional y cubrir de institucionalidad este proceso, voy a proceder de la misma manera que procedimos con el juicio del presidente de la República, analizando todos los datos, todos los detalles de cada situación teniendo una posición y una decisión informada”, aseguró el titular de la Cámara Baja.

El legislador ratificó su posición de presidente de Cámara, respetar todos los procesos, tal como se dio en el tratamiento del libelo acusatorio presentado en contra de Peña. “Creo que hay una serie de situaciones que van a ir siendo dirimidas, en cuanto a la participación de la Cámara de Diputados, a nosotros nos tocó tratar un juicio político en condiciones bastante complejas y el juicio político fue aprobado por unanimidad”, indicó.

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Latorre también mencionó que no solo se está hablando de un juicio al fiscal general, sino también de otras autoridades. “En este momento se están hablando de muchos juicios políticos aquí en los pasillos, creo que no es el único juicio político del cual se está hablando y vamos a ir analizando cada situación conforme a la información que se disponga y, por supuesto, los documentos presentados, lo vamos a analizar con la misma seriedad cada uno de los casos que se presenten, como hemos analizado el juicio político que se presentó contra el presidente de la República”, apuntó.

Por otra parte, mencionó que esta situación nuevamente posicionó de buena manera a Paraguay como imagen a nivel internacional, teniendo en cuenta la celeridad con la que respondieron las instituciones del Estado, entre ellas el Congreso Nacional.

“Cayó un banco, hubo cientos y miles personas afectadas, en consecuencia la reacción que existió fue la presentación y la aprobación en tiempo récord de un proyecto de ley por parte del Parlamento priorizando a los ahorristas para cobrar sus haberes, especialmente los pequeños”, detalló.

Latorre agregó que “se presentó un libelo acusatorio para un juicio político que fue aprobado por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, teniendo ya un presidente y un vicepresidente que ha sido electo también de forma unánime por el Congreso de la Nación”.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, señaló que la sesión extraordinaria para el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2027 será convocada entre los días jueves o viernes. La sesión prevista para ayer lunes fue suspendida por pedido del presidente de la República, Pedro Alliana, atendiendo que remitirá modificaciones.

Latorre indicó que el objetivo del presidente Alliana es optimizar los recursos para que sean destinados a sectores críticos como salud, educación, seguridad e infraestructura, recortando gastos superfluos.

“Hemos tenido una solicitud del presidente de la República, que desea incorporar modificaciones al presupuesto, el cual va estar rigiendo el año que viene durante su gestión. En el espíritu del presidente Alliana, como en el nuestro, está generar recortes en los gastos superfluos para optimizar gastos y poder invertirlos en servicios críticos”, destacó en rueda de prensa.

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El legislador indicó que una de las prioridades es el sector de salud y la provisión de medicamentos en todos los hospitales y centros asistenciales, como también en el Instituto de Previsión Social (IPS), para que todos los paraguayos puedan acceder tanto a los medicamentos como insumos sin ningún tipo de inconvenientes, y que puedan acceder a un buen servicio de atención.

“Hemos tenido conversación con el presidente de la República, abordamos también la cuestión presupuestaria con el vicepresidente de la República, Antonio Barrios, de hecho, mantuve una reunión con él el día de ayer, con los actores también de la industria farmacéutica, buscando fortalecer la provisión de medicamentos en el sistema de salud en toda la República”, resaltó.

Detalló que también mantuvieron una reunión con el vicepresidente Antonio Barrios, el nexo constitucional entre el Ejecutivo y el Congreso, “sobre la importancia de cambios que tienen que haber en cuanto al sistema de salud, la necesidad de provisión de medicamentos y de servicio de salud de calidad para la ciudadanía”.

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