El juez penal de garantías especializado en crimen organizado, Osmar Legal, ordenó el inmediato traslado de Alexis Vidal González Zárate, exsecretario del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al pabellón de alta seguridad del Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, en Emboscada (Cordillera).
La decisión surge debido a que González Zárate seguía operando desde su lugar de reclusión, el penal de Emboscada Antigua. La solicitud fue realizada de manera urgente por la agente fiscal Ingrid Cubilla, quien hizo hincapie sobre el perfil de alta peligrosidad de González Zárate.
El Ministerio Público refiere que González Zárate es uno de los principales testaferros de la estructura criminal encabezada por Marset Cabrera en conjunto con Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
El mismo es investigado en el marco del operativo A Ultranza Py y procesado en el caso Nexus, centrado en desarticular una red criminal de tráfico internacional de drogas y lavado de activos con fuertes vínculos con el ámbito del fútbol profesional.
González Zárate era una de las caras visibles de la firma Total Cars, dedicada al rubro automotriz con sedes en Asunción y Ciudad del Este. Según la hipótesis fiscal, estos emprendimientos fueron posibles mediante la inyección de capital generado por la venta de cocaína al exterior.
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A la vez, es señalado de liderar una estructura criminal que operaba como una ramificación de la organización de Marset. La imputación fiscal indica que ejercía funciones de dirección, coordinación y control en torno a las actividades desplegadas por los demás integrantes.
La organización se dedicaba a traficar cocaína proveniente de Bolivia y Perú. El destino principal de la droga era Europa, utilizando empresas de courier y encomiendas internacionales enviadas desde el aeropuerto Silvio Pettirossi.
“Dicha estructura delictiva, si bien operaba desde territorio nacional, mantenía vínculos directos con ciudadanos extranjeros radicados en países productores de cocaína, tales como el Estado Plurinacional de Bolivia, República del Perú y la República de Colombia, con quienes establecía contactos y acuerdos destinados a asegurar el ingreso ilícito de cargamentos de cocaína al territorio paraguayo. Una vez introducida la sustancia al país, la organización procedía a su acopio, fraccionamiento, redistribución y posterior comercialización”, indica parte de la imputación.
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