El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.° 5929/2026, mediante el cual se reglamenta el régimen de seguridad social para los empleados públicos contratados de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

La normativa dispone la incorporación obligatoria de estos trabajadores al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cumplimiento de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil.

La medida será efectiva a partir del segundo semestre del presente ejercicio fiscal. Como paso previo, los empleados contratados deberán gestionar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la baja o suspensión de su registro en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Sistema Marangatu, ya que dejarán de facturar como prestadores de servicios para pasar a ser cotizantes directos de la Caja Fiscal.

Si bien los contratados dependientes del Poder Ejecutivo inician sus aportes este año, el decreto establece un cronograma para el resto de los Organismos y Entidades del Estado. Estos se incorporarán de manera gradual, teniendo como plazo máximo el 1 de enero de 2028.

Un punto clave de la reglamentación, basada en el artículo 84 de la Ley N.° 7445/2025, es la preservación de la antigüedad. En caso de que un empleado contratado pase a ser funcionario permanente mediante concurso o asuma un cargo electivo, seguirá aportando de forma ininterrumpida, y su antigüedad se computará desde el primer aporte realizado bajo la figura de empleado público.

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Los OEE serán los encargados de efectuar las retenciones correspondientes sobre las remuneraciones imponibles. Para viabilizar la liquidación, cada contrato registrado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) deberá incluir obligatoriamente el código de cotizante.

Quedan exceptuados de esta medida, los contratados por productos específicos; las consultorías; y los servicios profesionales independientes que no impliquen una relación de dependencia con el Estado. Estas categorías continuarán rigiéndose por las disposiciones tributarias y administrativas actuales.

El MEF será la autoridad encargada de reglamentar los procedimientos técnicos y contables. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE), para garantizar que la transición operativa y el flujo de los aportes jubilatorios se realicen de manera eficiente y segura.

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El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, sostuvo que el cálculo para el reajuste del salario mínimo debe tener una mirada más amplia y analizando todas las variables. En este sentido, indicó que existen muchas posturas, incluso iniciativas legislativas en el Congreso Nacional, pero que no se ajustan a un análisis ajustado a la situación económica real.

“Lo que preocupa es hacer la proposición sin el análisis de consecuencias, hay cuatro proyectos de leyes en el Congreso, hasta descabellado, sin ningún tipo de análisis de lo que es nuestra realidad económica, pero acá tenemos que acostumbrarnos a trabajar mirando todas las variables de la ecuación”, indicó durante su participación en el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN/Nación Media.

“Nosotros no creemos en el modelo del salario mínimo, creemos en el modelo del libre impacto salarial entre el empleador y el trabajador y, que sean regulados, que tengan realmente otro esquema”, agregó el empresario industrial.

Realizó un análisis, como contexto país, que Paraguay tiene, por lo menos de Sudamérica, el menor nivel de productividad laboral, estamos hablando en el conjunto general. “Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que es la productividad laboral versus producto interno bruto per cápita también demuestra que no estamos en el camino correcto, hay muchas variables en la ecuación respecto a la productividad que tenemos que tratar”, mencionó.

Señaló además que el análisis y el cálculo del salario mínimo tiene unas variables que para el sector industrial y empresarial es preocupante. “Es cierto, el trabajador dice que el salario mínimo no le alcanza. Hemos hecho análisis, encuestas y es cierto, no alcanza, pero no estamos mirando el gasto, ¿qué pasa con el gasto adicional que hoy está haciendo el trabajador?, en lo que significa en la inversión para su propio medio de transporte, con los gastos de salud”, mencionó.

Expuso que el trabajador “está teniendo gastos adicionales en materia de salud, gastos adicionales en materia de transporte, ¿Dónde está el punto de equilibrio de esto?, y no se. Tenemos que manejar con mucha seriedad esto”.

Por otra parte, sostuvo que desde el sector de la UIP y otros gremios empresariales apuestan al diálogo para llegar a acuerdos o establecer los esquemas de cálculo. “Nosotros apostamos al diálogo, hoy hay una regla que estable el IPC como el esquema del ajuste, pero es cierto, una serie de productos subieron y, ¿la incidencia del tipo de cambio?, la que ha bajado puede perjudicar en una serie de factores a la industria”.

Finalmente, expresó que se debe “pensar en qué significa el tema dólar, el tema salario, el tema de nuevas normativas, lo que es la producción, porque lo que menos queremos es que disminuya el empleo, y sobre todo el empleo formal, porque es muy fácil para la gente y en este país ir a la informalidad, y es difícil traer a la gente a la formalidad”.

Durante un debate en el programa “Fuego cruzado”, transmitido por el canal GEN/Nación Media, los representantes de las centrales obreras ratificaron su postura de cambiar el sistema de definición del reajuste del salario mínimo, que ya vienen planteando desde el año pasado. Mencionan que el propio Gobierno admitió que el sistema actual no favorece al trabajador.

Ramón Ávalos, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), explicó que la metodología utilizada desde hace varios años ya no favorece al trabajador y que es momento de plantear un cambio en el sistema de cálculo.

“Desde el punto de vista de los trabajadores siempre mantenemos la postura de que los reajustes que se están realizando desde hace un buen tiempo con esta nueva metodología de la inflación interanual, nos parece que cada año el trabajador está perdiendo”, expuso Ávalos.

Agregó que el trabajador resulta perjudicado debido a que “los indicadores que se toman para tener ese salario que pueda satisfacer las necesidades básicas del trabajador no compensan”. Cuestionó que hasta el momento no hay una respuesta a este pedido para renovar el mecanismo empleado para su cálculo anual.

“Esta discusión, nosotros como centrales sindicales que estamos dentro de una unidad de acción, lo estamos discutiendo desde hace mucho tiempo y lo estamos haciendo inclusive de manera ya formal con las propuestas que siempre le hemos dado al Ejecutivo, lastimosamente, hasta hoy día no tenemos eco sobre esas propuestas”, puntualizó.

Por su parte, José Pineda, referente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), señaló que la base de datos utilizada por el Banco Central del Paraguay (BCP) no permite que se tenga conocimiento del trabajo que se realiza en cuanto a la medición.

“La base de datos que hoy utiliza el Banco Central del Paraguay, que fue elaborada en el 2017, tiene distorsiones groseras, por ejemplo, establece que el trabajador gane hasta 26 % de sus ingresos en alimentación”, refirió.

Afirmó que, de no cambiar el sistema de referencia, “las discusiones van a ser infructuosas, creo que el año pasado, el propio presidente de la República reconoció eso, el anterior ministro de Economía también reconoció eso, y eso creo que con voluntad política se debe resolver, no es que se puede, se debe resolver”.

“No es posible el reconocimiento de una acción perjudicial al sector trabajador, que hoy gracias a eso el Paraguay está mejor, tiene un nivel de crecimiento del 6,6 %, pero a nosotros no nos basta el reconocimiento público, nosotros necesitamos con urgencia una decisión política de abordaje de urgencia”, manifestó.

Manifestó su preocupación por “la situación del trabajador con el costo de alimento, que subió en los últimos 10 años 90 %, con el actual sistema de reajuste que está teniendo el combustible más de 40 a 45 %, las subas que se están ya operando, necesitamos con urgencia una administración de esa problemática ahora”.

El sector vial advierte que Paraguay enfrenta un rezago estructural en infraestructura y plantea la necesidad de anticipar la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para evitar repetir escenarios de subfinanciamiento, sostuvo Paul Sarubbi, titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), durante una entrevista en “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

Sarubbi insistió en que el país debe empezar a trabajar desde ahora en el presupuesto 2027 y señaló que, el año pasado, el proyecto presupuestario se elaboró sin la participación del sector, por lo que al llegar al Congreso se evidenció que los recursos asignados eran insuficientes. “No queremos volver a encontrarnos a fin de año con un presupuesto que no cubre las necesidades”, afirmó.

El dirigente empresarial puso cifras al problema. Mencionó que Paraguay arrastra un déficit de aproximadamente USD 30.000 millones en infraestructura, mientras que la inversión pública anual apenas alcanza entre USD 500 y 600 millones. “Es claramente insuficiente para cerrar la brecha”, sostuvo.

Si bien reconoció el aporte que en su momento representaron los recursos provenientes de Itaipú Binacional, advirtió que ese margen ya no está garantizado hacia adelante. Planteó la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento y de planificar con mayor anticipación.

Por su parte, el economista Sergio Sapena también habló en “Fuego cruzado” y abordó el debate desde la política macroeconómica y el rol del Banco Central del Paraguay (BCP) en el financiamiento del déficit. Explicó que es la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, y que su financiamiento puede darse mediante emisión o endeudamiento. Propuso ampliar el nivel de deuda vinculada a la banca matriz, pasando de niveles cercanos al 1,5 % del producto interno bruto (PIB) a alrededor del 6 %.

Según su análisis, esto permitiría movilizar entre USD 2.500 y USD 3.000 millones para inversión pública, principalmente en infraestructura. Argumentó que este aumento no necesariamente generaría inflación si existe capacidad ociosa en la economía. “El Banco Central tiene dos objetivos: la inflación y el pleno empleo. Mientras haya capacidad ociosa, la economía puede absorber esa expansión sin presiones inflacionarias”, explicó.