El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, se reunió con jefes de 31 oficinas de Registros Electorales del departamento de Itapúa, para coordinar acciones con miras a las próximas elecciones municipales.

Durante el encuentro se abordaron aspectos organizativos y operativos relacionados con el resguardo de las máquinas de votación y la seguridad de estos equipos, con miras al adecuado desarrollo de los próximos comicios municipales.

En su intervención, el presidente del máximo organismo electoral resaltó la tarea fundamental de los funcionarios, no solo en lo operativo, sino también en cuanto a garantizar un proceso electoral transparente y eficiente.

“La democracia no se sostiene solo con leyes, normas o procedimientos; se sostiene sobre todo con el compromiso, la responsabilidad y la integridad de las personas que la hacen posible cada día”, expresó.

Te puede interesar: Hay un despertar y el Partido Colorado podría recuperar la Intendencia de Ciudad del Este

Instó a los funcionarios a asumir esta tarea con responsabilidad y compromiso.

“Vengo a pedirles que asuman esta misión con orgullo, con responsabilidad y con plena conciencia de la importancia de su trabajo. Y cuando cumplen su labor con honestidad y con compromiso, están asegurando que cada voto cuente y que cada ciudadano pueda confiar en el proceso electoral” finalizó.

Leé también: Caja Fiscal: Diputados convocan a nueva audiencia pública con los gremios

El gobernador del departamento de Guariá, César Sosa, emitió un comunicado a través del que reafirma el firme respaldo al pedido de culminación del tren de moliendas en la planta alcoholera de Petropar, que sigue perjudicando a los cañicultores de Mauricio José Troche.

En el texto se refiere como jefe departamental y sobre todo como guaireño que conoce el sacrificio de los productores cañicultores. Recordó que desde que asumió el cargo ha venido trabajando como mediador constante, entendiendo que la caña de azúcar es el pulmón económico del departamento y sustento de miles de familias guareñas.

Le puede interesar: Senado sanciona con modificaciones propuesta de Reforma de la Caja Fiscal

“Es mi deber informar que a pesar de los acuerdos y la planificación que veníamos impulsando, el proceso ha sufrido un revés debido a instancias judiciales que lastimosamente escapan de nuestras manos”, explicó Sosa.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades policiales a garantizar el orden sin recurrir a la confrontación, ni a las represalias. “La fuerza nunca será el camino para resolver un reclamo que nace de la necesidad de trabajar”, remarcó.

Igualmente, el gobernador Sosa hizo una petición a las autoridades nacionales competentes de que realicen el máximo esfuerzo y celeridad de tal modo a destrabar el conflicto.

“El departamento del Guairá necesita seguir avanzando, necesitamos una salida efectiva, inteligente y consensuada para destrabar los obstáculos. Mi compromiso sigue intacto, no descansaremos hasta que el trabajo digno de los cañicultores sea garantizado y nuestra economía regional recupere su fuerza”, concluye el documento.

Siga informado con: Peña ratifica lazos históricos con Chile y felicita al nuevo presidente José Kast

El gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay, César Sosa, señaló que la gestión que dejó el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), para la construcción de un nuevo tren de moliendas en la planta alcoholera de Petropar, sigue perjudicando a los cañicultores de Mauricio José Troche. La obra, que ya debía estar operativa en el 2023, se encuentra paralizada actualmente por una situación judicial.

“Yo lo único que pido a la gente que no tenga la memoria corta, que sepan de dónde viene este problema, que es del periodo anterior (gobierno de Abdo)”, dijo el gobernador del Guairá, este miércoles, al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El acuerdo logrado en octubre de 2025 entre el Gobierno y el sector cañero para la construcción de un nuevo tren de molienda, atendiendo a la serie de irregularidades que acusa el proyecto abdista, ahora está afectado por la situación judicial generada por la medida cautelar promovida por la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA). Por instrucción del presidente Santiago Peña, el jefe de Gabinete, Javier Giménez, se trasladó ayer a la localidad guaireña para dialogar con los trabajadores.

Lea también: Defensa de Wiens recusó al juez Otazú para no someterse a la justicia

“En octubre del 2025, junto con el expresidente de Petropar, Eddie Jara; el exministro de Industria, Javier Giménez, y el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, firmamos un acuerdo con los cañicultores para la construcción de un nuevo tren de moliendas. Se realizó el llamado en el mes de diciembre, en enero se publicó en el portal de la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) y el 27 de febrero se debió realizar la apertura de sobres, pero la empresa que ganó la licitación en la época de Mario Abdo, judicializó de vuelta el nuevo llamado”, indicó Sosa.

El jefe departamental acotó: “Desde ahí, el proyecto entró netamente en lo judicial, que escapa totalmente de nuestras manos. Esperamos que se pueda destrabar esto y que realmente se pueda cumplir con un sueño de hace años de los cañicultores, que es tener el nuevo tren de moliendas. La empresa terminó trancando el nuevo proyecto, una firma que tuvo barbaridades (en su gestión)”.

La obra que impulsó Abdo Benítez debió estar operativa en el año 2023 y tenía como objetivo aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias, pero terminó paralizada debido a una sobrefacturación “gigantesca”, según denuncias.

El tren de moliendas impulsado por el gobierno abdista no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos. La obra empezó con la empresa EISA, perteneciente al empresario Alberto Palumbo y luego fue otorgada a la empresa Ocho A, propiedad del senador Luis Pettengill (Fuerza Republicana). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda se encargó de la ejecución.

Te puede interesar: Guadalupe Aveiro juró como senadora en reemplazo de Erico Galeano

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Varios representantes de directores de escuelas y docentes de algunos municipios de Alto Paraná dieron a conocer su respaldo al gobernador César Landy Torres para que la administración del programa Hambre Cero en el departamento, siga quedando a su cargo.

Fue en conferencia de prensa realizada esta mañana en la Gobernación, con presencia del titular del ejecutivo departamental, César Landy Torres y de directores de instituciones escolares y supervisores.

Los educadores remarcaron en la defensa de la descentralización porque “son las instituciones de la región las que deben gestionar un programa que alcanza a más de cien mil escolares y porque hay más control y participación”.

Cada uno de ellos expuso sobre sus experiencias en la implementación del programa y cómo han venido trabajando a nivel departamental.

Varios de los directores coincidieron en señalar que, “nada mejor que recurrir a nivel local, ya sea la gobernación, a la secretaría de educación o a la coordinación regional de Hambre Cero para el tratamiento de cualquier asunto o inconveniente que, tener que recurrir a Asunción como se está pretendiendo hacer”.

Puede interesarle: Nanawa: encontró a su ex con una joven, incendió la casa y desató una tragedia

Los educadores advirtieron sobre el riesgo de volver a centralizar un programa de incidencia directa en la calidad de la educación de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que la gestión se agiliza y se logra mayor participación cuando se trata de una administración local.

El control y la transparencia también se facilita cuando el trabajo es descentralizado, según los educadores.

Abierta a organismos de control

A su turno, el gobernador de Alto Paraná, ingeniero César Landy Torres, dijo que la administración a su cargo “está abierta a los organismos de control y auditoría para confirmar que el programa se desarrolla con total eficiencia en la región”.

Es lo que viene señalando desde que surgió en la Cámara de Senadores la propuesta para que la Gobernación de Alto Paraná ya no administre el programa Hambre Cero en el departamento, ante sospechas de supuestos hechos de corrupción, al igual que en Concepción.

Landy Torres remarcó que se trata de un programa que, en el caso de Alto Paraná, son las mismas madres de alumnos, las que fueron contratadas para ser las que elaboren los alimentos, sin que haya mediado supuestamente “ninguna injerencia política porque fueron los directores y directoras quienes eligieron a las trabajadoras”.

Destacó el apoyo de los directores “porque son los responsables del monitoreo del suministro de los insumos y de la calidad de los alimentos que se sirven a los niños, por lo tanto, tienen suficiente autoridad para evaluar la eficiencia de la ejecución del programa en el departamento”.

Asistieron a la conferencia de prensa las supervisoras del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) Priscila Benítez en Domingo Martínez de Irala y la Licenciada Perla Andrea Bogado, de Ñacunday.

También la licenciada Lourdes Maldonado, en representación de directores de Minga Guazú; licenciada Petrona Salas, directora de la Escuela Virgen del Huerto y representante de docentes de área, al igual que varios directores de otros municipios como Iruña e Yguazú.

Puede interesarle: Suspenden provisión de alimentación escolar para los dos días de paro docente