Al menos 25 personas entre civiles y policías murieron el jueves en dos ataques del crimen organizado en el norte de Honduras, informaron las autoridades, en momentos en que el país alista una ofensiva contra esas bandas. El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas.

Esa localidad se halla bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades. “Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida”, dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.

En tanto, en Omoa (departamento de Cortés), región fronteriza con Guatemala, la policía nacional reportó cinco agentes y un civil muertos en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes. “Los encontramos en un sector montañoso de la frontera entre Honduras y Guatemala (...), ahí les habrían quitado la vida”, dijo a la AFP el portavoz de la policía hondureña, Edgardo Barahona.

Más temprano, la policía reportó un civil fallecido en ese hecho.

El presidente del país, Nasry Asfura, aseguró en un mensaje a la nación que van “a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas (...). Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune”.

Ambos ataques ocurrieron en la misma semana en que el Congreso aprobó una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.

Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permite catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.

Al parecer “las personas asesinadas (en Trujillo) eran empleados de un grupo armado”, dijo telefónicamente a la AFP un líder campesino de una comunidad colindante con Rigores, la aldea donde ocurrió la matanza, que pidió mantener su nombre en reserva.

Videos difundidos más temprano por un canal regional mostraron varios cuerpos ensangrentados y esparcidos en una de las haciendas.

“Es una escena dantesca”, señaló a periodistas el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien indicó que las víctimas al parecer “fueron ejecutadas con fusiles y escopetas”.

Varios de los fallecidos fueron trasladados a sus viviendas por familiares, informó la fiscalía en un comunicado, lo que ha dificultado su labor.

“Son campesinos miembros del Movimiento Campesino de Rigores”, comentó por su parte a la AFP Adilia Castro, líder comunitaria de la zona.

A raíz de los ataques, la embajada de Alemania en Honduras pidió a sus ciudadanos mantener una “precaución especial” en las zonas afectadas.

Sobre los hechos en Trujillo, el ministro sostuvo que se trata de un suceso inédito en una zona que, sin embargo, está “en conflicto desde hace muchos años” por el accionar de bandas dedicadas al narcotráfico y la invasión de terrenos agrícolas.

El jefe de la policía de Trujillo, Carlos Rojas, explicó a un noticiero local que estas organizaciones ocupan y explotan ilegalmente dos fincas de palma africana.

“Pertenecían a una corporación y con el tiempo se fueron apoderando. Ese dinero les permite dotarse de armas para controlar la zona”, señaló Rojas.

Por años, el movimiento campesino en la zona ha acusado a empresas agroindustriales de auspiciar a esos grupos y simular la ocupación para evitar que las tierras pasen a manos de los pobladores.

Debido al revés en Omoa, el gobierno suspendió al director y otros dos altos oficiales de la división antipandillas porque el operativo que terminó con el secuestro y el asesinato de los policías no siguió los “protocolos de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial”.

Fuente: AFP.

Paraguay presentó en Madrid, España, el mediometraje “El precio del pasaje”, una iniciativa del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con el cual el gobierno reafirma su compromiso en la lucha contra la trata de personas y protección de niñas, niños y adolescentes.

El acto, celebrado en la capital española y presidido por el ministro Walter Gutiérrez, marcó un nuevo paso en la proyección internacional de las políticas públicas del país orientadas a la prevención, sensibilización y erradicación de este delito.

La producción fue financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y tiene como principal objetivo alertar a la sociedad sobre los riesgos de la trata, especialmente en el ámbito de la niñez y adolescencia.

En la actividad, el ministro Gutiérrez destacó el esfuerzo sostenido del Gobierno del Paraguay para enfrentar este flagelo, subrayando que “cada inversión en prevención y concienciación tiene un impacto directo en la protección de vidas”.

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Asimismo, reafirmó que la lucha contra la explotación y el abuso de menores es una prioridad nacional, impulsada directamente por el presidente Santiago Peña y la Primera Dama.

Tras la proyección, se desarrolló un coloquio con los asistentes, en el que se profundizó sobre el alcance de las políticas públicas implementadas en los últimos años, así como los avances registrados en la reducción de casos de abuso sexual infantil.

No obstante, el ministro insistió en que el desafío continúa mientras existan víctimas, por lo que resulta fundamental fortalecer las acciones de prevención y articulación internacional.

El evento contó con la presencia del embajador del Paraguay en España, Justo Apodaca; el cónsul general en Madrid, René Castillo Ruiz; el viceministro de Protección Integral de Derechos del Niño, Eduardo Escobar Said; y el director de Cooperación con América Latina y el Caribe de la AECID, Jorge Mijangos, además de representantes de organizaciones sociales, medios de comunicación y la comunidad paraguaya en España.

Con esta iniciativa, Paraguay apuesta por llevar su mensaje más allá de sus fronteras, consolidando alianzas estratégicas y promoviendo una mayor conciencia global sobre la trata de personas, uno de los delitos más graves que afectan a la dignidad humana.

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Bolivia se enfrenta a un intento de “golpe de Estado”, declaró este martes el subsecretario de Estado, Christopher Landau, ante las masivas protestas que buscan la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

“Esto es un ‘golpe’ financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región” de América Latina, aseveró Landau en una intervención en el Consejo de las Américas, un centro de análisis que celebra su asamblea anual en Washington.

“No puede ser que haya un proceso democrático en el que (Paz) fue elegido de forma aplastante por el pueblo boliviano hace menos de un año, y ahora tienes un manifestante violento bloqueando las calles”, agregó.

• Fuente: AFP

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Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.

Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.

Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.

Fuente: AFP.