“Esto ha sido una herencia más, una falta de criterio y compromiso absoluto, buscando quién sabe qué tipo de privilegios en su momento para firmar estos contratos”, dijo la titular del MOPC.

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, explicó que los carteles en Ciudad del Este, que la semana pasada mostraron imágenes ofensi­vas, provienen de una irregu­lar concesión del usufructo de la franja de dominio que se realizó en junio del 2021 bajo la gestión del exminis­tro abdista Arnoldo Wiens, sin licitación y con canon cero en perjuicio del Estado, mediante un contrato pri­vado firmado en una escriba­nía con la empresa Fast Print.

“Esto ha sido una herencia más, una falta de criterio y compromiso absoluto, bus­cando quién sabe qué tipo de privilegios en su momento para firmar estos contratos y ceder el usufructo de algo que es imposible ceder, porque la ley le respalda y le obliga la MOPC al cuidado de la franja de dominio”, indicó la minis­tra, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM.

La ministra también negó que, en el caso de los carteles en Ciudad el Este, el MOPC haya autorizado la instala­ción de las estructuras, afir­mando que se encontraban en la vía pública con autori­zación de la municipalidad esteña. El 29 de mayo, las pantallas digitales exhibie­ron una imagen creada con la figura del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el futbolista albirrojo Gustavo Gómez, mezclando política y fútbol para denigrar al país.

Tras la revelación del con­venio suscrito en el 2021, en el periodo de Arnoldo Wiens en el MOPC, se dio a conocer ahora el acta nota­rial en la que se distribuyen los porcentajes de ganancia entre los socios de la empresa Fast Print, en que aparecería Francisco Arístides Clerch Almada, un cercano al exmi­nistro y actual precandidato a concejal municipal de Ciudad del Este por el movimiento Colorado Añetete, que lidera Mario Abdo Benítez. La firma que explotaba la cartelería es Fast Print, representada por Ceferino Antonio Díaz, fue habilitada en 2021 para la instalación, mantenimiento y administración de panta­llas LED y carteles publicita­rios en el corredor de acceso a Ciudad del Este, además de la gestión de equipos, software y limpieza del área intervenida.

De acuerdo con un acta nota­rial conocida recién ahora, la distribución de benefi­cios establecía que el 40 % de las ganancias correspon­día a José Armando Fuentes, mientras que el 20 % era asig­nado a Clerch Almada, quien no figura como propietario de la empresa, pero sí como beneficiario de los ingresos.

“No hay absolutamente nin­guna autorización del MOPC a estos carteles que están colocados, todos, absoluta­mente todos son irregulares. Lo que sucede en el municipio es otra circunstancia. Escu­ché las declaraciones de la presidenta de la Junta Muni­cipal de Ciudad del Este res­ponsabilizando al MOPC de la cartelería, cuando tengo todas las facturas y los tri­butos que los dueños de los carteles le pagaban al muni­cipio”, indicó Centurión.

“Nosotros rechazamos con­tundentemente y no autorizamos absolutamente nin­guna colocación y aquellos que tienen luminaria, son porque tienen las patentes municipales y tienen los per­misos municipales”, ratificó la ministra de Obras.

El contrato de concesión con esta empresa en particular se rescindió tras el cambio de gobierno, sin embargo, el MOCP enfrentó varias accio­nes judiciales de las empre­sas, con amparos judiciales en algunos casos, para no retirar los carteles. Igualmente, la mayoría de las cartelerías en la vía pública se encuentran en la misma situación.

corresponden y violando la ley de tránsito, la Ley del MOPC y la actuación que tenemos sobre la franja de dominio de todas las rutas nacionales y las departamentales. Se revoca­ron cada una de las concesio­nes y una vez quedando firme esta decisión se procedió al retiro de los carteles en varios puntos”, detalló la ministra.

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La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, explicó que los carteles en Ciudad del Este, que la semana pasada mostraron imágenes ofensivas, provienen de una irregular concesión del usufructo de la franja de dominio que se realizó en junio del 2021 bajo la gestión del exministro abdista Arnoldo Wiens, sin licitación y con canon cero en perjuicio del Estado, mediante un contrato privado firmado en una escribanía con la empresa Fast Print.

“Esto ha sido una herencia más, una falta de criterio y compromiso absoluto, buscando quién sabe qué tipo de privilegios en su momento para firmar estos contratos y ceder el usufructo de algo que es imposible ceder, porque la ley le respalda y le obliga la MOPC al cuidado de la franja de dominio”, indicó la ministra, este lunes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM.

La ministra también negó que, en el caso de los carteles en Ciudad el Este, el MOPC haya autorizado la instalación de las estructuras, afirmando que se encontraban en la vía pública con autorización de la municipalidad esteña. El 29 de mayo, las pantallas digitales exhibieron una imagen creada con la figura del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el futbolista albirrojo Gustavo Gómez, mezclando política y fútbol para denigrar al país.

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Tras la revelación del convenio suscrito en el 2021, en el periodo de Arnoldo Wiens en el MOPC, se dio a conocer ahora el acta notarial en la que se distribuyen los porcentajes de ganancia entre los socios de la empresa Fast Print, en que aparecería Francisco Arístides Clerch Almada, un cercano al exministro y actual precandidato a concejal municipal de Ciudad del Este por el movimiento Colorado Añetete, que lidera Mario Abdo Benítez.

La firma que explotaba la cartería es Fast Print, representada por Ceferino Antonio Díaz, fue habilitada en 2021 para la instalación, mantenimiento y administración de pantallas LED y carteles publicitarios en el corredor de acceso a Ciudad del Este, además de la gestión de equipos, software y limpieza del área intervenida.

De acuerdo con un acta notarial conocida recién ahora, la distribución de beneficios establecía que el 40 % de las ganancias correspondía a José Armando Fuentes, mientras que el 20 % era asignado a Clerch Almada, quien no figura como propietario de la empresa, pero sí como beneficiario de los ingresos.

“No hay absolutamente ninguna autorización del MOPC a estos carteles que están colocados, todos, absolutamente todos son irregulares. Lo que sucede en el municipio es otra circunstancia. Escuché las declaraciones de la presidenta de la Junta Municipal de Ciudad del Este responsabilizando al MOPC de la cartelería, cuando tengo todas las facturas y los tributos que los dueños de los carteles le pagaban al municipio”, indicó Centurión.

“Nosotros rechazamos contundentemente y no autorizamos absolutamente ninguna colocación y aquellos que tienen luminaria, son porque tienen las patentes municipales y tienen los permisos municipales”, ratificó la ministra de Obras.

El contrato de concesión con esta empresa en particular se rescindió tras el cambio de Gobierno, sin embargo, el MOCP enfrentó varias acciones judiciales de las empresas, con amparos judiciales en algunos casos, para no retirar los carteles. Igualmente, la mayoría de las cartelerías en la vía pública se encuentran en la misma situación.

“Nosotros tomamos la administración en el 2023, pocos meses después procedimos a identificar la cartelería y comenzar a desmontar estos carteles, ahí nos vienen a la carga los afectados y nos dicen que hay un convenio vigente entre el MOPC, no es ni siquiera un convenio, es una concesión de usufructo de la franja de dominio de toda la República del Paraguay con esta empresa Fast Print”,

Una vez asumido el nuevo periodo, se realizaron los análisis de las licitaciones correspondientes, contraprestación para el Estado, los términos, y otros aspectos. “Todo irregular, todo bajo una nebulosa y efectivamente en condiciones que no corresponden y violando la ley de tránsito, la ley del MOPC y la actuación que tenemos sobre la franja de dominio de todas las rutas nacionales y las departamentales. Se revocaron cada una de las concesiones y una vez quedando firme esta decisión se procedió al retiro de los carteles en varios puntos”, detalló la ministra.

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Agente fiscal dijo que la imputación al dirigente del abdismo se sustenta exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.

La fiscala en Delitos Económicos y Anti­corrupción Yeimy Adle defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto metro­bús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de perse­cución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto..

La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y men­cionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se susten­tan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.

“Para nosotros como fisca­les es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvi­mos que hacer lo que corres­ponde conforme a todas las pruebas que hemos reca­bado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políti­cos, sabiendo todas las crí­ticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Minis­terio Público, ayer viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a reci­bir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro res­paldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta qué tene­mos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión”.

De acuerdo con la Fiscalía, no existen los elementos suficientes para sostener una acusación por supuesta lesión de confianza y llevar la causa a juicio oral. Los fiscales que llevaron adelante las investigaciones concluyeron que no hubo malversación, que no hubo un pago sin obra, además de la existencia del avance de un 40 %, como así también la validación de fiscalizadores internacionales y el BID de que existía la viabilidad técnica.

En el requerimiento de sobreseimiento, terminada la etapa de investigación, se menciona que la evidencia física y documental señala que existe correspondencia entre las obras realizadas y certificadas y los pagos realizados. Es decir, durante su periodo de gestión se pagó por lo efectivamente construido y certificado.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continui­dad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, des­embolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.

“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El ministro del Interior, Enrique Riera, celebró la decisión de Estados Unidos en declarar como grupos terroristas al Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, argumentando que esta decisión permitirá una mayor coordinación entre el Paraguay y el gobierno del republicano Donald Trump en el combate contra ambas facciones criminales brasileñas.

“Mediante el Consejo de Defensa Nacional (Codena), el Paraguay tomó esta iniciativa aún antes de la decisión de Estados Unidos. Al aplicar una ley de terrorismo las condenas y responsabilidades son mayores y naturalmente el margen de cooperación mundial también porque hay un trabajo coordinado en la región. En líneas generales, la decisión de los Estados Unidos nos favorece para trabajar coordinadamente”, dijo el alto funcionario, este viernes, a la 780 AM.

El gesto solidario de una familia permitió salvar la vida de dos personas mediante el trasplante renal. En esta ocasión, fueron beneficiados dos pacientes del Hospital de Clínicas, una joven de 20 años y un hombre de 28 años. Desde el centro asistencial explicaron que el operativo comenzó el miércoles por la noche tras la confirmación de la decisión de la familia que perdió a un ser querido, posterior ablación y trasplante.

En allanamientos simultáneos desarrollados por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el barrio Dr. Francia de la ciudad de Asunción fueron sacadas de circulación tres personas vinculadas con el microtráfico. En dos de las viviendas intervenidas decomisaron más de 450 dosis de cocaína y crack.

Dos de los detenidos fueron identificados como José Diego Flecha y Daniel Gustavo Martínez, este último cuenta con antecedentes por hurto, según informaron. Los procedimientos fueron liderados por las fiscales Ingrid Cubilla y María Irene Álvarez, antidrogas.

Lo que nació como un anhelo de pequeños productores del noreste de Itapúa, hoy es un modelo de exportación que beneficia a más de 150 familias rurales y llegará a más de 30 países europeos con innovadoras presentaciones.

Cuando se habla de agricultura familiar organizada, producción sostenible y sueños colectivos cumplidos, la Asociación de Agricultura Agroecológica Oñoiru representa una de las historias más inspiradoras del campo.

El presidente de la República, Santiago Peña, emitió un decreto para ordenar los gastos del Estado y priorizar hacia ciertos sectores, específicamente salud, educación, seguridad y programas sociales. Se trata de una medida para fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.

Se trata del Decreto n.° 6120, “por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”. El texto fue impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se enmarca en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta el actual contexto económico y la necesidad de garantizar una gestión prudente de las finanzas públicas.

Mañana, sábado, se llevará a cabo en el barrio Tacumbú de Asunción Carnicería So´o Porã en tu barrio, donde se ofrecerán diversos cortes de carne vacuna con ofertas accesibles. La jornada se realizará en el marco de la Feria de la Agricultura Familiar, impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en alianza en esta oportunidad con Frigo 2000. Con la iniciativa se busca acercar a la ciudadanía productos de calidad y a buenos precios, sostuvo el titular de la institución, Carlos Giménez.

La exposición y venta empezará a las 7:30 y será hasta agotar stock. La actividad se desarrollará frente a la Cooperativa 24 de octubre, situada sobre 14 de mayo y 23 proyectadas. La ciudadanía dispondrá más de 10.000 kilos de la proteína, con una amplia variedad de cortes, desde los más tradicionales hasta opciones especiales.