La diputada Cristina Villalba confirmó que será convocada una nueva audiencia pública para analizar con los gremios docentes el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, que este miércoles fue aprobado con modificaciones en el Senado.
La actividad se desarrollará el próximo lunes 16 de marzo en horas de la mañana.
La congresista adelantó que serán invitados a participar representantes de gremios de docentes, policías y militares, diputados de diferentes bancadas y comisiones asesoras.
Así también, estarán presentes funcionarios técnicos y autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), entre otros organismos e instituciones del Estado.
Villalba recordó que se ha trabajado durante meses en una propuesta que permita encarar un proceso serio y aplicable de reforma de la Caja Fiscal, junto con autoridades del Ministerio de Economía y del Ministerio de Educación, principalmente.
“Adelanto mi posición que desde el día uno hemos trabajado muchísimo: trataremos de buscar una reconciliación con quienes creemos que son los pilares fundamentales de la educación, los maestros”, manifestó.
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Diputados da luz verde a creación del municipio de Santa Cecilia
La Cámara de Diputados aprobó este martes la creación del municipio de Santa Cecilia, en el departamento de Guairá. La iniciativa plantea una nueva organización territorial y administrativa en la zona.
Según el proyecto, se busca mejorar la organización del territorio y acercar la gestión pública a los pobladores.
Además se apunta a generar un nuevo polo de desarrollo, con posibilidades de crecimiento sostenible, conforme expresó la diputada María Constancia Benítez.
El colorado Edgar Chávez también es impulsor del proyecto y destacó que la creación de Santa Cecilia permitirá avanzar hacia la descentralización administrativa.
Asimismo mejorará la prestación de los servicios públicos y generará nuevas oportunidades de desarrollo para los habitantes de la zona.
La propuesta contempla la creación del municipio de Santa Cecilia, con asiento en el pueblo del mismo nombre, mediante la delimitación de un nuevo territorio que será segregado del actual municipio de Independencia.
Por otro lado, establece los procedimientos para la puesta en funcionamiento de la nueva municipalidad y la adecuación administrativa que corresponda, hasta convertirse en un gobierno local.
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Diputados da media sanción al traslado de funcionarios de Copaco a otras instituciones
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley “Que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (Copaco S.A.) a instituciones del Estado”, durante su sesión ordinaria.
La iniciativa establece un mecanismo extraordinario para posibilitar el traslado definitivo de funcionarios activos de Copaco a otras instituciones públicas que requieran sus servicios, atendiendo a la experiencia técnica y administrativa del personal, así como a la compleja situación financiera que atraviesa la empresa estatal.
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Durante el tratamiento, el diputado colorado José Rodríguez, en su carácter de proyectista, explicó que la propuesta fue objeto de varias audiencias y reuniones de trabajo, además de mesas técnicas con representantes de las instituciones involucradas, con el propósito de analizar su viabilidad jurídica, administrativa y presupuestaria, y construir una alternativa que permita brindar una solución a los trabajadores.
En ese sentido, señaló que se busca aprovechar ese capital humano formado con recursos del Estado y establecer un procedimiento legal que otorgue seguridad a todas las partes. Indicó que el proyecto autoriza, por única vez, la movilidad laboral de funcionarios activos hacia instituciones públicas que requieran sus servicios, sin que ello represente un nuevo ingreso a la Función Pública.
Conservación de derechos
Asimismo, contempla la conservación de los derechos laborales, la antigüedad y los aportes jubilatorios, sin generar nuevos cargos, ya que las instituciones receptoras deberán prever los recursos correspondientes junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El proponente también aclaró que el procedimiento no será automático ni implicará el traslado masivo de funcionarios, sino que dependerá de solicitudes específicas de los ministros o titulares de las instituciones interesadas y del dictamen favorable del Viceministerio de Capital Humano.
Consultas con IPS
El diputado colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, señaló que se trata de un traslado definitivo y no de una transferencia laboral, y mencionó que se realizaron consultas al Instituto de Previsión Social (IPS) respecto a la continuidad de los aportes y las obligaciones jubilatorias de los funcionarios.
Mencionaron que de acuerdo a las evaluaciones realizadas con las autoridades de la empresa, la salida de al menos 500 funcionarios sería necesaria para contribuir a su estabilización financiera y administrativa. Mientras que actualmente existen más de 100 funcionarios comisionados en otras instituciones públicas, quienes continúan dependiendo administrativamente de Copaco, incluso con dificultades relacionadas con el pago de sus salarios y la cobertura médica.
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Diputados aprueban ley que penaliza el matrimonio con menores de edad
Durante la sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que penaliza el matrimonio con menores de edad y el texto pasa ahora a consideración del Senado.
Se trata de la propuesta “Que incorpora el artículo 224 a la Ley Nº 1160/1997, Código Penal, y establece responsabilidad penal por la celebración dolosa de matrimonios prohibidos entre niños, niñas o adolescentes”.
El diputado Daniel Centurión, uno de los proyectistas, explicó que la iniciativa tiene por objeto establecer sanciones penales para quienes intervengan deliberadamente en la celebración de matrimonios prohibidos por la legislación civil cuando uno o ambos contrayentes sean menores de 18 años.
Según manifestó el parlamentario colorado, se busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, mediante la intervención penal en las conductas directamente vinculadas con la celebración de estos matrimonios.
Aclaró que el proyecto respeta los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, intervención mínima y proporcionalidad. Además, no modifica las disposiciones relativas a la validez, nulidad o efectos civiles del matrimonio.
Sanciones que prevé la ley
En cuanto a las conductas previstas, explicó que el proyecto contempla tres tipos de responsables.
- La primera es el adulto que contraiga matrimonio con una persona menor de edad, con conocimiento de su condición.
Para este caso, se establece una pena de hasta tres años de prisión o multa, siempre que el matrimonio llegue a celebrarse.
- El segundo supuesto comprende a quienes tengan responsabilidades legales de representación, guarda o tutela y realicen acciones concretas para promover, organizar o facilitar la celebración del matrimonio prohibido.
La sanción prevista también es de hasta tres años de prisión o multa, siempre que se demuestre que la conducta contribuyó a la concreción del hecho y que existió intención dolosa.
- Y tercera, se incluye al funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, autorice o celebre un matrimonio prohibido, con conocimiento de que uno o ambos contrayentes son menores de edad. Para estos casos, se establece una pena de hasta cinco años de prisión.
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Salud, construcción y farmacéuticas, entre las deudas que dejó gestión Fernández Valdovinos
La administración de Carlos Fernández Valdovinos al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dejó importantes compromisos pendientes con proveedores de la salud, empresas contratistas de obras públicas y el sector farmacéutico, sectores que mantienen reclamos por los atrasos acumulados por el Estado.
En el sector de la construcción, la deuda del Estado con las empresas contratistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) superó los G. 1,2 billones, monto que al tipo de cambio actual representa unos USD 202,9 millones, según el informe mensual del Centro de Estudios Económicos de Capaco (CEEC), que realiza un seguimiento de los compromisos estatales con las empresas contratistas de obras públicas.
De acuerdo al informe, el 58,8 % de lo adeudado corresponde a financiamiento local y el 41,2 % a financiamiento externo, y casi 6 de cada 10 guaraníes adeudados provinieron de recursos locales.
Sector de la salud
En lo que respecta al sector de la salud, la deuda del Estado con las empresas del rubro asciende a USD 860 millones, según explicó a fines de octubre el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Luis Ávila. En ese sentido, mencionó que los bonos destinados a atender estos compromisos se negocian entre enero y febrero, por lo que estimó que entre marzo y abril del próximo año se estaría avanzando en la cancelación de esa deuda.
En tanto, según MEF, el saldo bruto de la deuda del Estado en el sector sanitario al cierre de septiembre alcanzó G. 7,5 billones, equivalentes a USD 1.279,9 millones, al un tipo de cambio promedio de G. 5.900.
En lo que respecta al Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, el Gobierno de Pedro Alliana definió la reorientación de los recursos en tres ejes prioritarios: insumos de medicamentos y salud, educación y obras de infraestructura.
Déficit fiscal
Por otra parte, durante su gestión, Fernández Valdovinos también planteó la reforma de la Caja Fiscal, que fue sancionada en la Cámara de Diputados en febrero de este año. El proyecto no solucionaba completamente el déficit, pero permitía estabilizarlo en torno al 0,5 % del producto interno bruto (PIB) en 5 años.
Al cierre del año 2025, este se ubicó en 2,0 % del Producto Interno Bruto (PIB), por encima del 1,9 % previsto inicialmente, debido, entre otros factores, al déficit generado por la Caja Fiscal.
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