El gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, defendió la gestión de sus colegas gobernadores con la administración del programa Hambre Cero en las Escuelas. Como titular del Consejo participó de la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar.

“Nosotros venimos hoy a hablar con la comisión, hablar con algunos colegas, debatir, ver cuáles son los cuestionamientos que ellos dicen, hasta hoy no hay ninguna sola denuncia de este programa”, señaló el gobernador en conversación con los medios de comunicación luego de participar de la sesión de la comisión asesora.

Sosa también respondió a los cuestionamientos de supuestas irregularidades en la administración del programa de alimentación y sostuvo que a pesar de las denuncias públicas, no existen denuncias formales en ninguno de los casos.

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“Nosotros somos claros y contundentes desde el Consejo en ese sentido, que si tienen alguna prueba de falta de transparencia, que hagan la denuncia, nosotros estamos correspondientes para eso, nos mantenemos en eso, venimos a aclarar todas las dudas que hacen falta”, expuso el presidente de Gobernadores.

Igualmente, se refirió a la propuesta de sacar el presupuesto de las gobernaciones con el objetivo de descentralizar el programa. “Lo del presupuesto creo que ya queda a criterio de ellos, nosotros respetamos muchísimo a la Cámara de Senadores y es por eso que hoy venimos acá a hablar, a debatir y a aclarar dudas”, sentenció.

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El ministro de Desarrollo Social y presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, acudió al Congreso Nacional para sentar nuevamente la posición de rechazo del Ejecutivo al proyecto de ley que pretende que los recursos económicos del programa “Hambre Cero” en las escuelas manejados por las gobernaciones pasen a ser administrados por las intendencias.

“Desde el Ejecutivo traemos una posición definida con respecto a este proyecto y no es momento de hacer cambios, ya que el programa se va consolidando. Si se llega a sancionar y promulgar, este proyecto implicará primero anular todos los contratos que hoy están vigentes con los proveedores; esta situación interrumpirá la provisión de alimentación escolar“, comentó a los medios de comunicación al asistir a la convocatoria realizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.

Rojas acotó: “También se iniciará nuevamente un proceso de llamado de licitación; volver a administrar otra vez 263 contratos con diferentes municipios y empresas será algo imposible de controlar y monitorizar, y esto es algo que necesita el programa de manera constante; para nosotros es inaplicable”, comentó a los medios de comunicación.

No obstante, Rojas mencionó que ve factible la posibilidad de aumentar la obligatoriedad de compras a los productores frutihortícolas y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

“Entendemos la preocupación del proyectista, el senador Colym Soroka, sobre las compras de los productos de la agricultura familiar y de las mipymes; esto es un aspecto que está reglado por decreto que se debe ir revisando. El mismo establece una obligación de compra del 10 % como mínimo sobre el monto total del contrato”, comentó.

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El alto funcionario de Estado manifestó que “se debe revisar el volumen de consumo y probablemente tenga que ser aumentado el 10 %“. Desde el Gremio de Productores Frutihortícolas del Paraguay se propuso aumentar del 10 % al 40 % la obligación de compra de producción nacional dentro del programa Hambre Cero, con la finalidad de fortalecer a los productores organizados y formalizados del país.

El encuentro también contó la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera y el titular del Consejo de Gobernadores y jefe departamental del Guairá, César Sosa, quien alegó que esta iniciativa cuenta con un trasfondo electoral. “Claro que hay una disputa electoral, pero venimos a ver cuáles son los cuestionamientos o dudas que tienen. Hasta hoy no existe una sola denuncia formal contra los gobernadores sobre el manejo del programa“, dijo Sosa.

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El movimiento Honor Colorado emitió un comunicado en el que manifestó su postura respecto a los pedidos realizados por sectores de la disidencia colorada ante el Tribunal Electoral Partidario (TEP), relacionados con la auditoría de las máquinas de votación y la eventual suspensión del cronograma electoral de las internas previstas para el próximo 7 de junio.

En el documento, el sector político recordó que participa en las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado desde el año 2010 y aseguró que siempre compitió “conforme a las reglas vigentes”, enfrentando a los distintos movimientos internos dentro del marco institucional.

Asimismo, señaló que incluso en momentos de alta competencia electoral actuó con “responsabilidad institucional”, evitando cuestionamientos extemporáneos sobre sustituciones de candidaturas, incluyendo las relacionadas con la Presidencia de la República en el año 2022. El pronunciamiento surge luego de las presentaciones realizadas el pasado 13 de mayo ante el TEP y de las declaraciones públicas efectuadas por dirigentes de otros sectores internos del Partido Colorado.

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En el comunicado, Honor Colorado sostuvo que la conformación de los distintos órganos partidarios responde a criterios de pluralidad y representación de sectores internos, incluyendo al Tribunal de Conducta y al Tribunal Electoral Partidario, conforme a lo resuelto durante la Convención partidaria del 9 de marzo de 2024.

Además, enfatizó que los plazos y términos del proceso electoral son “perentorios e improrrogables”, por lo que cada sector político debe velar por el cumplimiento del cronograma establecido tanto por el TEP como por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Respecto al pedido de auditoría y suspensión del cronograma presentado por apoderados de movimientos disidentes, el movimiento oficialista afirmó que la solicitud fue realizada de manera extemporánea.

En ese contexto, expresó que no acompañará una eventual postergación de las elecciones internas, argumentando que faltan menos de tres semanas para los comicios y que una suspensión podría poner en riesgo la realización de las elecciones partidarias.

“Una suspensión podría poner en riesgo la realización de los comicios previstos para el 7 de junio del corriente año, situación que el Partido Colorado no puede permitir por la irresponsabilidad de algunos sectores”, señala el documento.

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No obstante, Honor Colorado indicó que acompañará cualquier decisión que adopten el TEP y el TSJE en relación con una eventual nueva auditoría de las máquinas de votación. En ese sentido, recordó que el sistema electrónico fue utilizado en las elecciones internas y municipales del 2021, en las internas partidarias del 2022 y en las elecciones generales del 2023.

El movimiento subrayó además que varios de los dirigentes que actualmente cuestionan el sistema accedieron a sus cargos mediante esos mismos procesos electorales. El comunicado concluye afirmando que la Asociación Nacional Republicana “está por encima de las personas” y que todos los sectores tienen la obligación de preservar la institucionalidad partidaria con responsabilidad.

La instalación del juicio contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de una menor se suspendió este lunes en Bolivia debido a su inasistencia y un tribunal renovó la orden de captura en su contra, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía lo acusa de sostener una relación con una adolescente de 15 años con la que tuvo una hija cuando era mandatario. Los padres de la presunta víctima, según el expediente, habrían consentido los hechos a cambio de beneficios.

Morales, buscado por la justicia desde octubre de 2024 por este caso, está en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, a resguardo de miles de campesinos que montan guardias para evitar una incursión policial.

“El juicio queda suspendido” hasta que “comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública” a Morales y a la madre de la víctima, que también es acusada, dijo este lunes en conferencia de prensa Luis Gutiérrez, fiscal a cargo del caso.

La justicia había declarado al líder campesino “en rebeldía” en enero de 2025, cuando no se presentó a una audiencia para determinar su prisión preventiva.

Esta condición impide, como ocurrió, que un proceso empiece hasta que el acusado se haga presente.

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El Ministerio Público informó que “ante la inasistencia injustificada” el Poder Judicial ratificó este lunes su situación de rebelde y emitió nuevas órdenes de arresto y de impedimento de salida del país, aunque ya existían unas vigentes por lo mismo.

“Ya no es atribución del Ministerio Público sino de la Policía Nacional” cumplir con la orden de captura, agregó Gutiérrez.

Wilfredo Chávez, abogado de Morales, el primer presidente indígena del país, adelantó el viernes que no acudirían ni su protegido ni sus defensores porque no habían “sido notificados”.

Según él, el juzgado no envió la citación al domicilio de Morales, sino que lo convocó a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos.

La defensa del exmandatario socialista (2006-2019) rechaza los cargos y denuncia una supuesta “persecución judicial” por parte del gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.

“No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren -con pruebas legales y reales- los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político”, escribió Morales la semana pasada en X.

• Fuente: AFP

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