La secretaria general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Blanca Ávalos, indicó que la movilización que impulsan los docentes este martes 10 y miércoles 11 de marzo, en el marco del tratamiento de la reforma de la caja fiscal, tiene como objetivo principal que la Cámara de Senadores eleve el aporte estatal a un 12,9 %.
“En algunos puntos creemos que hay un avance, pero queremos que el aporte se acerque a por lo menos a lo que ahora contribuye el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el 12,9 %. Sería blanquear lo que ahora está subsidiando el Estado“, sostuvo la dirigente gremial, este martes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El proyecto de reforma aprobado el 5 de febrero por la Cámara de Diputados, que es fuertemente rechazado por los sectores afectados, establece que el aporte patronal o estatal será el 5 %, el cual será aplicado de forma gradual, iniciando desde un 2 % en el 2027 hasta llegar al 5 % en el cuarto periodo, es decir en el 2030.
Lea también: TSJE advierte de fuertes multas a movimientos que no presenten declaraciones juradas
Mientras que la contrapropuesta de los docentes presentada al Legislativo y el Poder Ejecutivo estipula un aporte estatal del 14 % de manera gradual, que comenzará con un 7 % en el primer año, sumando el 7 % restante en el segundo periodo.
Sin embargo, en un encuentro desarrollado ayer lunes entre senadores de las diferentes bancadas, representantes de los docentes, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, se llegó a un preacuerdo de elevar el aporte estatal al 10 %, que podría aplicarse desde el primer año de su entrada en vigencia, es decir, desde el 2027. Se aguarda que mañana miércoles los senadores analicen la propuesta.
Dejanos tu comentario
Tuma califica de retroceso el proyecto de divorcio exprés: “Tocamos algo que funciona bien”
El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.
En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.
Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.
Le puede interesar: Dupla presidencial disidente: ¿Wiens solo quiso llamar la atención?
“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.
Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.
“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.
Apunta a la disolución de bienes
Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.
Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.
Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.
“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Samaniego ratifica precandidatura presidencial y critica ninguneo de aliados de disidencia
La senadora Lilian Samaniego ratificó su precandidatura para la Presidencia de la República para las elecciones generales del 2028 y cuestionó que no sea tenida en cuenta por sus propios aliados en la disidencia colorada. Señaló que los referentes que ya adelantaron su carrera hacia el Palacio de López no se acercaron para llevar adelante conversaciones en torno a la chapa presidencial.
“Soy una candidata, creo que representativa para los colorados. Siempre quieren instalar que a lo máximo que puedo llegar es a la vice, y algunos consideran que ni ahí tengo que estar, mis propios aliados. Creo que esta es la única oportunidad que tengo de probar, debido al tiempo transcurrido”, fueron las expresiones de Samaniego a los medios desde el Senado, este viernes.
La legisladora sostuvo que incluso no la mencionaron para conformar una chapa presidencial como vicepresidenta, tanto por parte del exministro abdista Arnoldo Wiens, como del senador Luis Pettengill, que son los principales aspirantes a la presidencia por parte de la disidencia en el Partido Colorado.
“No, ni a favor de nadie (descabalgar su precandidatura). A mí nadie me habló de vicepresidencia, a mí nunca ni Wiens, ni Petengill, nadie me habló y todos los medios me instalan como vice, y él habla (Wiens), va a elegir su vice, que nadie le va a imponer y nunca escuché de su boca que una mujer va a ser su vice”, cuestionó la congresista que encabeza el movimiento Causa Republicana.
Samaniego criticó que incluso no existen conversaciones dentro de los principales movimientos internos de la disidencia para desarrollar negociaciones sobre lo que serán las generales. “Voy a ser candidata a la Presidencia de la República a través del Partido Colorado y hasta hoy no nos sentamos para establecer los parámetros”, sentenció.
Leé también: Paraguay estrenará sus Super Tucano en el ejercicio multinacional Salitre 2026
Dejanos tu comentario
Revés judicial para el gobierno de Milei por recortes a fondos para universidades
La Corte Suprema de Argentina dejó firme este jueves una medida preventiva que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir la ley de financiamiento universitario, norma que el presidente había vetado al aducir que iba en contra de su política de austeridad fiscal.
El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra la aplicación de la ley, de acuerdo al documento judicial.
El fallo de la Corte implica la actualización salarial a docentes desde diciembre de 2023 y la recomposición de becas estudiantiles que habían sido discontinuadas.
La ley, aprobada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por Milei y ratificada después por el Parlamento en octubre del año pasado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca la aplicó.
La decisión de la Corte busca zanjar un conflicto que lleva más de dos años entre el gobierno y las universidades públicas, y que dio lugar a masivas manifestaciones en defensa de una mayor financiación para la educación superior.
“Fue un camino largo y difícil”, dijo en X Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al celebrar que la sociedad “nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social”.
El gobierno se mantuvo en silencio. El Poder Ejecutivo había condicionado, por decreto, que el cumplimiento de la ley dependa de que el Congreso garantice cómo financiarla.
Un tribunal mantiene una causa abierta para resolver si ese decreto es constitucional, según un amparo colectivo presentado por las universidades.
El fallo de la Corte Suprema de este jueves obliga al Ejecutivo a cumplir la ley hasta tanto se resuelva esa cuestión de fondo.
A principios de junio la secretaría de Educación había propuesto un aumento salarial del 24,33 % a los docentes y la reposición de algunas partidas para gastos de funcionamiento.
Sindicatos docentes denunciaron que en los últimos dos años los salarios cayeron 40 % y se produjo la renuncia de cientos de profesores.
La última de cuatro marchas federales en defensa de la ley de financiamiento universitario tuvo lugar el 13 de mayo pasado, cuando una multitud se congregó frente a la Casa de Gobierno bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”.
- Fuente: AFP
Lea más: La economía argentina mantiene ritmo de crecimiento en el primer trimestre
Dejanos tu comentario
En escándalo de títulos falsos, el MEC interviene tres instituciones y cierra dos facultades
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención de tres instituciones de educación superior y el cierre de dos facultas, por presuntas irregularidades en la emisión de títulos.
El ministro Luis Ramírez confirmó la medida, aunque evitó dar a conocer los nombres de estas instituciones y facultades, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos.
Esta comisión especial pertenece al Senado y fue instalada en junio de 2026 para investigar un esquema de emisión, comercialización y uso de diplomas y certificados universitarios presuntamente irregulares.
Esta dos facultades fueron cerradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debido a una red de falsificación de títulos, considerando que la Fiscalía ya investiga más de 250 diplomas fraudulentos detectados en el sistema educativo.
La causa penal por los títulos falsos del MEC está a cargo de un equipo de fiscales conformado por Teresa Sosa (de la Unidad Penal N° 20) y Juan Leonardi Guerrero (de la Unidad Penal N° 17), bajo la dirección de la fiscala Sosa y la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
Tras destaparse el esquema de corrupción incluyen las acciones principales incluyeron allanamientos, cierres y auditorías.
Dentro de estas instituciones de educación superior se encuentra un instituto ubicado en la ciudad de Horqueta (Concepción) vinculado a la verificación de unos 1.800 documentos irregulares.
Te puede interesar: Arte y pasión albirroja transforman muro en el centro de Santa Rita
De acuerdo a las investigaciones preliminares, las pesquisas apuntan a que los títulos fraudulentos se habrían comercializado por montos que oscilaban entre los G. 6.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo de la carrera.
En cuanto a imputaciones, hasta la fecha, más de una docena de docentes y funcionarios públicos han sido imputados por el Ministerio Público por uso de documentos no auténticos y producción de contenido falso.
Modus operandi y casos
El esquema incluía desde diplomas completamente falsificados hasta cartones auténticos de universidades cuyos supuestos egresados jamás cursaron la carrera, según las investigaciones.
Igualmente, los antecedentes muestran firmas irregulares, validación de carreras que no estaban habilitadas al momento del supuesto egreso y la presunta complicidad de funcionarios para inscribir los títulos en el Viceministerio de Educación Superior.
Lea más: Impulsan volver al cambio de horario por el impacto en estudiantes y trabajadores