Las protestas de varios sectores en Bolivia contra el gobierno se intensificaron este martes con choques entre manifestantes y policías y decenas de bloqueos de carreteras, en medio de una grave crisis económica. En la ciudad de El Alto, campesinos aimaras tomaron vías urbanas para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre. Por la noche, entre una bruma de gases lacrimógenos, se enfrentaron con policías antimotines, según imágenes difundidas por medios locales.

Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas presionan al gobierno. Los pedidos van desde aumentos salariales y la estabilización de la economía hasta la no privatización de empresas públicas. Bolivia pasa por su peor trance económico en cuatro décadas, con una inflación interanual de 14% a abril.

Horas antes, obreros y maestros salieron a las calles de La Paz, a unos 15 kilómetros. “Estoy decepcionada de nuestro gobierno. ¿Qué nos había prometido? Que todo iba a mejorar, pero nada ha mejorado”, dijo a la AFP Nancy Mena, de 43 años, docente de una escuela rural.

Este martes también se reportaron 67 puntos de bloqueo en las carreteras del país, según la Policía Nacional. Los choferes de carga pesada comenzaron con los cortes hace varios días, a los que luego se sumaron profesores y campesinos. En los mercados de La Paz, los precios de productos como la carne de pollo y algunos vegetales se han disparado por la escasez derivada de la toma de caminos, reporta la prensa local.

“Son los bloqueadores los que te aumentan el precio de los productos (...), los que te generan desempleo, (...) los que no permiten que la gasolina y el diésel lleguen a tu casa”, dijo Rodrigo Paz en un video difundido en sus redes sociales. Grupos afines al exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo de la justicia por el caso de la presunta trata de una menor, también empezaron este martes una marcha de unos 180 kilómetros desde Oruro (sur) con el objetivo de llegar a La Paz.

Fuente: AFP.

“Esta situación se debe llevar a una negociación política", dijo José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), sobre el debate en torno al reajuste del salario mínimo. Desde el sector requieren un incremento del 20 %, alegando una pérdida acumulada del poder adquisitivo desde el año 1989.

“Nosotros hemos pedido que esta mesa, aparte de tener a los representantes de la Conasam (Consejo Nacional de Salarios Mínimos), sea participativa con importantes representantes del sector económico. Nosotros creemos y queremos que el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, puedan asistir a las reuniones de forma conjunta para que el debate se de en un nivel mucho más elevado y no forzarle a la Conasam a una sanción administrativa”, sostuvo este miércoles en el programa “Así son las cosas del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Creemos que se podría conversar en el equipo económico con el presidente de la República, Santiago Peña, ya que es un tema muy sensible y puede afectar a los trabajadores y la población en general”, acotó Pineda. Entre junio de 1989 y abril de 2026, el salario mínimo fue reajustado en 33 ocasiones, pero siempre por debajo de la inflación acumulada registrada por el Banco Central del Paraguay (BCP), según un análisis.

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En el encuentro realizado el pasado viernes con las autoridades del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), las centrales obreras presentaron una nota en la que solicitan un reajuste no menor al 20 %, alegando una pérdida del poder adquisitivo acumulada desde el año 1989, con base en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay.

“Hemos llevado una propuesta por escrito, fundamentada técnica y económicamente en el sentido de pedir un reajuste del 20 % del salario mínimo. Durante la pandemia del covid-19, hubo un año en donde no se reajustó el salario mínimo, entonces existe un antecedente importante de que el Estado, los empresarios y todos hemos aceptado una condición extraordinaria en la economía para que no se ajuste el salario mínimo”, comentó Pineda.

“Si hoy se dan condiciones diferentes, yo creo que estamos totalmente habilitados de plantear mejoras. El sector empresarial tiene que sentarse a negociar con nosotros, no creo que se nieguen a un colmo de tozudez política porque están dadas las condiciones para una conversación y no llegar a una situación conflictiva”, refirió.

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El presidente de la República, Santiago Peña, inauguró este miércoles el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Chaco, en la ciudad de Villa Hayes, en el departamento de Presidente Hayes, un proyecto impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna). Este es el primer centro de los ocho que serán construidos en suelo chaqueño, y el tercero ya ejecutado a nivel país.

“En estos cinco años tenemos que encargarnos de sembrar muchas semillas, esta es una de las semillas que estamos sembrando”, fueron las expresiones del mandatario durante este evento. Peña sostuvo que la atención a la primera infancia se transformó en una política pública de su gobierno, una acción que quedará para el país y principalmente para las familias paraguayas.

“Esto no es solamente ladrillos, un techo, esto es mucho más fuerte, esto es una política pública que va a trascender a nuestra generación y así como vemos en otros países y muchos pueden ver 30 años atrás cuando se tomaron este tipo de medidas, Semillas del Futuro o el programa Hambre Cero; esto va tener consecuencias súper positivas”, señaló.

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Peña resaltó la importancia para las familias poder contar estos espacios seguros para los niños, principalmente para la primera infancia, ya que será una herramienta para que los padres y las madres puedan tener la oportunidad de trabajar y dejar a sus hijos en los espacios donde recibirán atención de primera calidad.

“Este trabajo es imposible hacerlo solo, lo soñé, lo soñamos, lo soñé con Leti (la primera dama Leticia ocampos), quien ha sido impulsora de este proyecto. El día que vimos por primera vez en esa primera reunión cuando me presentaron el programa de cómo queríamos llevar esa ilusión de poder darle una herramienta a las madres, a los padres, que estaban en el gran desafío entre criar a sus hijos en esos primeros meses, pero al mismo tiempo tener que retornar al trabajo y principalmente las mujeres”, expresó.

El proyecto CAIPI, en su primera etapa, contempla la construcción de 20 centros en distintas ciudades del país, como San Estanislao, Pedro Juan Caballero, Villa Hayes y Concepción, organizados en dos lotes.

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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó una ley que busca reactivar la zona franca en el Puerto de Rosario, Argentina.

Se trata de una legislación que aprueba el acuerdo para relocalizar la zona franca concedida por Argentina a nuestro país en el citado puerto.

La iniciativa busca reactivar el puerto franco y convertirlo en un punto estratégico para la exportación paraguaya de granos y otros productos, mejorando la logística en la Hidrovía.

El convenio de referencia faculta a la Comisión Mixta del Convenio para el Establecimiento de una Zona Franca en el puerto de Rosario (Provincia de Santa Fe), para la República del Paraguay, del 29 de noviembre de 1979, a “acordar la relocalización de la zona franca en iguales o mejores condiciones que las del predio actual”.

El entendimiento busca actualizar el convenio original del año 1979. En ese contexto, las partes conversaron acerca de las alternativas para mejorar las características del predio restituido, según condiciones estipuladas en el convenio de 1979, y contemplar las condiciones necesarias para la plena operatividad de la Zona Franca, acorde a las exigencias actuales.

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Además, la promulgación de esta ley representa un paso clave dentro de la estrategia de fortalecimiento de la presencia logística paraguaya en la Hidrovía Paraguay-Paraná, considerada una de las principales vías de salida al comercio internacional para el país.

Con la relocalización de la zona franca en el Puerto de Rosario, se pretende optimizar las condiciones operativas y comerciales para exportadores nacionales, facilitando el almacenamiento, tránsito y embarque de mercaderías con mayores ventajas competitivas.

Autoridades paraguayas destacaron igualmente que la actualización del acuerdo bilateral permitirá adecuar la infraestructura y los servicios de la zona franca a las demandas actuales del comercio exterior.

La medida apunta a generar mejores condiciones para el movimiento de cargas paraguayas, fortalecer la integración regional y potenciar el desarrollo económico mediante una logística más eficiente y segura para los productos nacionales.