Miembros de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados se reunieron este lunes y emitieron un dictamen a favor del proyecto de ley que declara en abandono vehículos que obstruyen la vía pública.
La propuesta legislativa busca autorizar a los municipios a promover de oficio o a instancia de parte interesada, las acciones pertinentes ante los juzgados competentes para la declaratoria de abandono de los vehículos ubicados en las vías públicas. Se alega que no se debe obstaculizar el libre tránsito.
El diputado Benjamín Cantero, titular de la citada comisión asesora valoró la finalidad del proyecto de ley, considerando la cantidad de vehículos abandonados en predios de diferentes instituciones públicas como en la vía pública.
De acuerdo con el texto, se prevé que los vehículos declarados en abandono en las vías públicas puedan ser adjudicados al municipio afectado, subastados o sometidos al proceso de compactación.
El documento se encuentra en su primer trámite constitucional y deberá ser analizado por otras comisiones asesoras antes de su tratamiento en plenaria de la Cámara Baja.
El proyecto de ley “Que modifica y amplia los artículos 1, 3 y 4 de la Ley N° 6245/2018 ‘Que establece el régimen de subasta de vehículos abandonados’ fue presentado por el diputado Luis Federico Franco.
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Titular de Diputados respalda endurecimiento de penas contra la corrupción
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre sentó postura sobre el proyecto de ley que busca endurecer las penas para los hechos de corrupción. Durante el tratamiento en plenaria, el legislador colorado manifestó su respaldo a la iniciativa y sostuvo que la lucha contra la corrupción debe involucrar a todos los sectores.
“La corrupción es un problema transversal que atraviesa absolutamente todos los sectores de la sociedad, el sector público y el sector privado”, afirmó el diputado Latorre durante su intervención. El titular de la Cámara Baja remarcó la necesidad de combatir tanto la corrupción como la impunidad. “Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas”, expresó.
A su criterio, no basta únicamente con aumentar las penas, por lo que abogó por fortalecer el sistema de Justicia. “Tenemos que trabajar en el sistema para que, verdaderamente, pueda existir justicia en el Paraguay. Una justicia equilibrada, oportuna, porque la justicia tardía tampoco es justicia”, significó.
El congresista también sostuvo que la clase política debe dar señales concretas de compromiso. “Nosotros, la clase política, tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, afirmó.
Finalmente, anticipó el respaldo al proyecto y destacó que, aunque “podrá no ser la solución definitiva, sin lugar a dudas es una señal, una posición que refleja la voluntad de avanzar en acciones concretas contra la corrupción y la impunidad en el país”. El proyecto de ley fue aprobado, en general, durante la sesión última de la Cámara de Diputados; mientras su estudio, en particular, se postergó indefinidamente.
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Elevar penas por corrupción: “La clase política tiene que dar señales claras”, afirma Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, celebró la aprobación en general del proyecto de ley que tiene como finalidad endurecer los castigos contra la corrupción pública y privada en el Paraguay, fijando las penas carcelarias máximas de hasta 15 a 25 años para ciertos delitos. Sin embargo, queda aún pendiente en la Cámara Baja su tratamiento en particular, es decir, artículo por artículo.
“Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas. La justicia tardía tampoco es justicia. Nosotros, la clase política tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, dijo Latorre en un materia audiovisual compartido en sus redes sociales.
El legislador manifestó que “este proyecto podrá no ser la solución definitiva, pero es sin lugar a dudas una señal, una posición que anticipa lo que serán nuestros esfuerzos para combatir con todas nuestras fuerzas a la corrupción y la impunidad en el Paraguay”.
La iniciativa se centra en la modificación de los artículos 192, 239, 298, 300, 301, 305 y 312 de la Ley 1.160/1997, del Código Penal, y su modificatoria, Ley 3.440/2008; y los artículos 3.°, 4.°, 7.° y 8.° de la Ley 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias.
El proyecto plantea elevar las penas para delitos como lesión de confianza, asociación criminal, quebrantamiento del depósito, cohecho pasivo y agravado, prevaricato, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
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Expectativas de penas
La propuesta estipula que la lesión de confianza podrá ser castigada con hasta 15 años de prisión cuando el responsable sea funcionario público y el hecho haya sido cometido en ejercicio de sus funciones. En casos de asociación criminal que afecten el patrimonio del Estado y cuenten con participación de funcionarios, la pena también podrá llegar a 15 años.
Con relación al hecho punible de cohecho pasivo se fija una pena de hasta 8 años, mientras que, en su modalidad agravada, 15 años, cuando intervengan jueces o árbitros y se vulneren deberes. El prevaricato podría ser sancionado con hasta 15 años en casos especialmente graves y la exacción con hasta 10 años.
El proyecto también establece penas de hasta 10 años para el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, mientras que para quienes incurran en administración en provecho propio, mediante actos o contratos administrativos que otorguen beneficios indebidos para sí o sus familiares, hasta 15 años de prisión.
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Diputados urgen a Salud sobre compra de medicamentos para diabéticos
Los diputados aprobaron en el pleno un proyecto de declaración “Que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a realizar los trámites correspondientes para la adquisición de los medicamentos e insumos faltantes del Programa Nacional de Diabetes”.
La iniciativa impulsada por el legislador colorado Santiago Benítez tiene por objeto garantizar la atención de las personas beneficiarias de dicho programa.
El proyecto surgió a partir de la respuesta a un pedido de informes solicitado al Ministerio de Salud, respecto al Programa Nacional de Diabetes, el cual expone la situación de disponibilidad de medicamentos e insumos para pacientes de dicho plan.
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En la exposición de motivos, el legislador señala que la Licitación Pública Nacional (LPN) Nº 93/2024 fue declarada desierta; antecedente que debe ser considerado para garantizar el abastecimiento de los medicamentos e insumos requeridos.
Sobre el punto, el diputado Benítez indicó que este escenario requiere especial atención, considerando que se trata de una población que necesita un tratamiento continuo y la disponibilidad permanente de medicamentos e insumos esenciales.
“La garantía del derecho a la salud exige no solo la existencia de servicios médicos, sino también la disponibilidad efectiva y oportuna de los medicamentos e insumos necesarios para la prevención, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades crónicas”, argumentó el parlamentario del departamento de Amambay en su intervención ante el pleno de la Cámara Baja.
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Campaña de atención impulsada desde Diputados benefició a 15.000 adultos mayores
La Cámara de Diputados presentó este miércoles un informe de la asistencia brindada por la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores, destacando que fueron beneficiadas más de 15.000 personas.
En tres años de implementación del programa de asistencia integral llegó a 10 departamentos y 34 distritos, ofreciendo cobertura a un promedio de 5.000 adultos mayores por año, quienes accedieron a servicios de asistencia, orientación, atención médica y provisión de medicamentos además de vacunación, documentación y acompañamiento.
La diputada Johana Vega, presidenta de la citada comisión asesora, hizo un recuento de los principales resultados obtenidos y resaltó el alcance territorial que adquirió la campaña durante los últimos años.
“Esta iniciativa fue creciendo y llegando a distintas comunidades del país, beneficiando a más de 15.000 personas adultas mayores. Durante este recorrido, acercamos asistencia, orientación, atención médica, medicamentos, vacunación, documentación y acompañamiento, brindando respuestas concretas a sus necesidades”, afirmó.
La legisladora mencionó especialmente la entrega gratuita de lentes, las gestiones para cirugías oculares y el acompañamiento para el cobro de subsidios entre las acciones desarrolladas durante las jornadas.
Asimismo, agradeció el respaldo institucional del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y el acompañamiento del presidente de la República, Santiago Peña.
También hizo extensivo el reconocimiento a las gobernaciones, municipalidades, instituciones públicas, organizaciones sociales, fundaciones, empresas privadas, profesionales de la salud, funcionarios, técnicos y voluntarios que colaboraron con la campaña.
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