Nuestro país se sumó a los Esta­dos Unidos de América y a una decena de países latinoameri­canos y del Caribe para abordar el combate de manera conjunta y sistemá­tica contra el crimen organizado internacio­nal. En la cumbre denominada Escudo de las Américas, realizada en Miami, Paraguay suscribió con las demás naciones presentes la Coalición Anticarteles de América, que buscará concretar un hemisferio continental seguro para el bienestar y la tranquilidad de sus habitantes.

En ese privilegiado grupo estuvo presente el presidente Santiago Peña, como uno de los autores de ese encuentro de trascendental importancia para el combate contra el delito y los delincuentes de todo el continente. De ese modo nuestro país se ha convertido en un activo participante de esa entidad internacio­nal que será un valioso instrumento contra algunos de los principales males que azotan en la actualidad a gran parte del planeta.

El secretario de Guerra de EE. UU., Peter Hegseth, reconoció la importancia estraté­gica del acuerdo con los países presentes para promover la paz a través de la fuerza. En su declaración oficial, apuntó la intención que tiene su país de ampliar la cooperación multi­lateral para mejorar la seguridad en el hemis­ferio. Una cooperación en esfuerzos guber­namentales de seguridad fronteriza para combatir el narcoterrorismo y el narcotráfico asegurando la infraestructura crítica y otras áreas que se van a determinar.

Explicó que el encuentro era “una confe­rencia operativa para acercar más a nues­tros países hacia un objetivo compartido y hacerlo de manera agresiva. No es una calle de una vía; cada socio en esta región tiene que hacer más e invertir más en seguridad también”. A fin de ilustrar a los mandatarios sobre la realidad acuciante de EE. UU. sobre el tema de la droga, el funcionario dio algu­nos detalles y cifras que muchos consideran asombrosos. Sostuvo que más de un millón de estadounidenses habrían fallecido por sobredosis de fentanilo, cocaína y otras sus­tancias entre los años 2021 y 2025.

Resaltó algunas cifras alarmantes, desta­cando que su país que concentra apenas una octava porción de la población mundial acu­mula una tercera parte de los crímenes vio­lentos del planeta. Agregó que la industria del tráfico humano aumentó últimamente en un 2000 % hasta llegar a un valor de 13 mil millones de dólares en el 2022.

La terrible realidad del narcotráfico es un mal que no conoce fronteras y que se debe com­batir con la colaboración activa de todas las naciones. Teniendo en cuenta eso, el presi­dente Santiago Peña suscribió al acuerdo de lucha, lo que reafirma el compromiso de Para­guay en los principales temas que preocupan a los países del mundo.

El mandatario explicó su opinión en los siguientes términos: “Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad regional y la de nuestro país. En la cumbre Escudo de las Américas, encabezada por el presidente Trump y líderes de todo el conti­nente, concretamos la firma para la creación de la Coalición Anticarteles de América”.

Explicó que con este paso histórico, “Para­guay asume un rol activo ante el crimen orga­nizado transnacional. Estoy convencido de que un hemisferio seguro es la base para garantizar la paz y proteger el futuro de todas las familias paraguayas”.

El compromiso asumido por nuestro país en el plan de lucha contra la delincuencia implica una responsabilidad que hará que los organismos estatales afiancen el tra­bajo que vienen haciendo contra los crimi­nales. Con este acuerdo se tendrá mayor colaboración activa de las dependencias de los Estados Unidos que combaten ese delito para poder avanzar con más fuerza en la ardua tarea antinarcótica.

Como esa lucha no implica solo el uso de las fuerzas públicas, las distintas depen­dencias estatales y organismos del sector privado deben trabajar en todos los niveles contra el consumo, la comercialización y la producción de las drogas. En ese sentido, las instituciones educativas, las agrupa­ciones religiosas, los partidos políticos y las entidades civiles tienen que actuar de acuerdo con los entes especializados para activar todos juntos contra el delito.

El combate frontal contra el narcotráfico debe contar con un fuerte compromiso de todos los sectores de la ciudadanía, que en gran medida es víctima de ese delito. Esta situación debe promover medidas concre­tas de las acciones que se requieren para disminuir, hasta eliminar, la proliferación de esa calamidad pública.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, se reunió este lunes con diputados integrantes de la Comisión de Industria. Pidió apoyo de los parlamentarios para impulsar la identificación de zonas industriales en todos los municipios del país.

Señaló que actualmente solo 40 de los 262 municipios del país cuentan con áreas industriales identificadas, una situación que dificulta la llegada de inversiones al interior.

El titular del MIC advirtió que la falta de planificación genera problemas para las empresas y para las comunidades.

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“El inversionista no quiere instalar su fábrica en una zona que el municipio no identifica como industrial”, afirmó.

Según manifestó, en muchos casos las fábricas se instalan en zonas rurales que con el paso del tiempo quedan rodeadas por áreas urbanas. Esto provoca riesgos en el tránsito de camiones, dificultades de saneamiento y problemas en la provisión de energía eléctrica, conforme expresó.

Dijo que el Gobierno trabaja en la elaboración de un mapa industrial del Paraguay, que incluirá cuatro capas estratégicas. La primera identificará corredores logísticos y nodos industriales.

En tanto la segunda priorizará a los municipios ubicados cerca de esas rutas para promover allí el desarrollo industrial.

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La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed, concedió dictamen positivo al proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”.

Según la exposición de motivos, la iniciativa legislativa surge ante la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica del deudor una vez que ha cumplido con el pago total de una obligación.

Actualmente, a pesar de que el deudor salda su deuda, subsiste una vulnerabilidad al no recuperar el pagaré que firmó. Este título de crédito, al permanecer en poder del acreedor o de terceros, podría ser utilizado de mala fe para iniciar acciones judiciales indebidas o ser negociado, generando un perjuicio grave al ciudadano.

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“El pagaré, como documento formal de la deuda, es la prueba más fehaciente de su existencia, por lo tanto, su devolución al deudor en el mismo acto de la cancelación es el corolario lógico del principio de la buena fe en las transacciones comerciales”, expresa parte del documento.

Agrega que el objetivo de esta ley es proteger al deudor, ya que al exigir la entrega del pagaré, se busca garantizar que la obligación, realmente, se extinga y se elimine cualquier riesgo de litigios futuros basados en un título de crédito ya pagado.

Además, la propuesta normativa establece un régimen sancionador que dota a la ley de la fuerza necesaria para ser efectiva.

En su artículo 1, el proyecto menciona que la propuesta tiene por objeto establecer la obligación ineludible para el acreedor de una deuda quirografaria, instrumentada en uno o más pagarés, de entregar dichos títulos de crédito al deudor en el acto de la cancelación o pago total de la obligación.

Asimismo el artículo 2°, indica que la entrega del pagaré cancelado constituirá plena prueba de la extinción de la obligación. En caso de que el acreedor alegue la pérdida o extravío del título de crédito, deberá entregar al deudor un recibo de pago y una declaración jurada ante escribano público en la que manifieste la extinción de la obligación y la imposibilidad de presentar el documento.

En materia sancionatoria, la norma es contundente. El acreedor que sin causa justificada se niegue a entregar el pagaré será considerado en mora y quedará sujeto a una multa administrativa equivalente al 20 % del monto de la deuda pagada, que será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), previa denuncia del afectado.

La iniciativa, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y se encuentra en su segundo trámite constitucional. Además ya está incluido su tratamiento este martes durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

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Miembros de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados se reunieron este lunes y emitieron un dictamen a favor del proyecto de ley que declara en abandono vehículos que obstruyen la vía pública.

La propuesta legislativa busca autorizar a los municipios a promover de oficio o a instancia de parte interesada, las acciones pertinentes ante los juzgados competentes para la declaratoria de abandono de los vehículos ubicados en las vías públicas. Se alega que no se debe obstaculizar el libre tránsito.

El diputado Benjamín Cantero, titular de la citada comisión asesora valoró la finalidad del proyecto de ley, considerando la cantidad de vehículos abandonados en predios de diferentes instituciones públicas como en la vía pública.

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De acuerdo con el texto, se prevé que los vehículos declarados en abandono en las vías públicas puedan ser adjudicados al municipio afectado, subastados o sometidos al proceso de compactación.

El documento se encuentra en su primer trámite constitucional y deberá ser analizado por otras comisiones asesoras antes de su tratamiento en plenaria de la Cámara Baja.

El proyecto de ley “Que modifica y amplia los artículos 1, 3 y 4 de la Ley N° 6245/2018 ‘Que establece el régimen de subasta de vehículos abandonados’ fue presentado por el diputado Luis Federico Franco.

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